A siete años de la considerada mayor tragedia del deporte argentino, hay ocho familias que aún continúan confiadas en que la Justicia les proporcione algo de alivio y que la Corte Suprema defina los recursos de queja de los condenados por el fatídico cruce a nado del río Paraná del sábado 16 de enero de 2010. La información cruda y fría indica que en junio de 2016, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara las apelaciones interpuesta por las defensas del prefecto Jorge Antonio Lezcano y Hugo Alberto Alfonso, sus últimos recursos fueron girados a la Corte y desde entonces el caso se encuentra en análisis.Lezcano y Alfonso, tras el fallo de la Cámara de Casación, quedaron al borde de cumplir las condenas a cuatro años y tres años y seis meses de prisión, respectivamente, por “homicidio culposo calificado por el número de víctimas”, impuestas en diciembre de 2014 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas por la muerte de los ocho competidores del tradicional cruce Pacu Cuá-Posadas.La queja en el máximo estamento de servicio de justicia del país -la última vía de los defensores legales de los acusados- se produjo tras la resolución de la Cámara que no escatimó términos en sus fundamentos por consolidar las penas: “En el fallo se los encontró responsables de haber incumplido sus deberes de garantes como organizadores y custodios de la competencia de nado, llevada a cabo el 16 de enero de 2010, la cual culminó con el deceso de ocho de sus participantes”. Alfonso fue encontrado responsable por su condición de presidente de la asociación organizadora del evento y Lezcano por ser el oficial a cargo de la Prefectura Naval Argentina en el lugar, que era la autoridad de contralor.La Cámara despejó de debate el argumento de la defensa de Lezcano, que apuntaba a que la Justicia argentina no era competente para intervenir en este hecho porque lo consideraba consumado en jurisdicción paraguaya. Recalcó que ya era una cuestión zanjada en la etapa de instrucción “como así también en los recursos de casación, que ya tuvieron suficiente respuesta”.Lezcano fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación especial, mientras que Alfonso a tres años y seis meses de cárcel, por los magistrados Norma Lampugnani, Mario Hachiro Doi y Lucrecia Rojas de Badaró. De estas penas, de confirmarse la postura de la Cámara en la Corte Suprema deberían cumplirse, como mínimo y de forma efectiva, dos tercios de cada monto impuesto.“Premio moral”Para Rodrigo Bacigalupi, abogado querellante en la causa, los poco más de dos años sin una condena firme para Lezcano y Alfonso “constituyen la firme sensación de que cuando la Justicia llega tarde deja de ser precisamente justa. Esperábamos que la definición de la Corte se conociera en diciembre, pero ello no ocurrió, ahora la expectativa está puesta en febrero o marzo”.Remarcó que “sin una condena firme, sin el cumplimiento del fallo del Tribunal, es como pensar que los familiares deben conformarse con un premio moral, les dicen ‘esta gente hizo mal y listo, lo dejamos todo así’. Esta postura no tenemos y vamos a seguir insistiendo en que se cumplan las penas impuestas”. Siete añosDurante la trágica mañana de enero de 2010, a pocos minutos de largada la 80ª edición del “Cruce del Paraná”, fueron succionados por la corriente del río hacia barcazas cerealeras ancladas en medio del río Luis Saide (56), santafesino y profesor de educación física que participaba como asistente de una de sus hijas, Víctor Sessa (36), Fernando Solé Masés (12), Sebastián Ruzecki (19), Nicolás Levequi (14, palista), Eugenio Seró (59), Mauro Bacigalupi (28), único guardavida ofrecido por la organización, y Manuel Leiva (57).“Impotentes”Para Laura Bacigalupi, madre de Mauro -el profesor de educación física y guardavida que murió en pleno rescate-, “se cumplen siete años y nunca vamos a poder recordar a nuestro hijo con alegría”. “A los familiares de las ocho víctimas fatales nos cambió la vida; a los investigados y condenados, no. Siguen trabajando en libertad, tienen recursos para ir a la Justicia y frenar todo. Estoy desilusionada, ofende, ya fueron declarados culpables hace más de dos años, luchamos durante casi cinco para llegar a juicio, sentimos impotencia”.
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