El Congreso sancionó durante el gobierno de Raúl Alfonsín la Ley 23.492 de Punto Final, que ponía fin “a la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983”. Sería promulgada al día siguiente. Pero no fue suficiente y los militares se amotinaron. En 1987 se suceden las protestas de los oficiales citados en el marco de la ley de Punto Final y tiene lugar el primer levantamiento carapintada. El teniente coronel Aldo Rico (foto) ocupa la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y reclama una solución a los juicios militares. El 19 de abril Alfonsín se traslada a Campo de Mayo y logra la rendición de los amotinados. El coronel Mohamed Alí Seineldín se acuartela en Villa Martelli en 1988. Pocos días después los amotinados se rinden sin combate. Luego de la asonada carapintada de Semana Santa, el Poder Ejecutivo propiciaría la sanción de la Ley 23.521 de Obediencia Debida, según la cual los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura no eran punibles, por haber actuado en “obediencia” a órdenes emanadas de sus superiores. Estas leyes provocaron fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas progresistas, así como de sectores internos del radicalismo, marcando un punto de inflexión en el gobierno de Alfonsín, que a partir de ese momento comenzó a sufrir una irreversible merma en sus niveles de popularidad. En 2003, a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner, el Congreso acabó con este oprobio declarando la nulidad de las “leyes de la impunidad”.
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