Garupá, Puerto Leoni, Almafuerte, Alba Posse, Cerro Corá, Colonia Polana, Concepción de la Sierra, El Alcázar, El Soberbio, Fachinal, Urquiza, Loreto, Panambí, Aristóbulo del Valle, 9 de Julio, Santa María y Caraguatay son municipios gobernados por intendentes renovadores que, hasta mediados de este año, tenían expedientes abiertos en el Tribunal de Cuentas de la provincia por falta de rendición de cuentas de ejercicios anteriores u otras irregularidades. Los tres primeros del listado presentan más de un período observado o cuestionado por los fiscales del organismo de control.El caso de Garupá es paradigmático. Tendría una docena de expedientes por varios millones de pesos. El intendente Luis “Lucho” Ripoll era concejal y el actual presidente del Concejo Deliberante es nada menos que su padre, Raúl Ripoll, exjefe comunal por varios períodos.Ninguno de estos intendentes incumplidores fue molestado en los últimos tiempos por los Concejos Deliberantes locales para sancionar o exigir que se corrijan los desmanejos. Tampoco el Gobierno provincial, a través de la Fiscalía de Estado o del Tribunal de Cuentas ha exigido transparencia. La mayoría son municipios de segunda categoría que no se preocuparon en rendir los Balances a tiempo o corregir las rendiciones observadas. También hay numerosos exintendentes de esos municipios y otros, que por haber incumplido con la obligación de presentar el balance de sus gastos, no pueden jubilarse y se le está formulando cargos respectivos que deben afrontar con sus bienes personales.Otro caso llamativo es el de Oberá, donde el exintendente Ewaldo Rindfleisch fue denunciado por presunta malversación de fondos públicos y por presunto enriquecimiento ilícito, luego de varias gestiones al frente de la Municipalidad. En lugar de apartarlo, pasarlo a retiro o exigirle que primero aclare su situación en la Justicia penal, lo premiaron con el cargo de Director de Arquitectura de la provincia, donde manejará miles de millones de pesos.La información a la que accedió PRIMERA EDICIÓN revela que es alto el nivel de incumplimiento de los alcaldes y que ésta actitud es más común entre las intendencias de segunda categoría. Pero la situación sólo estalla cada vez que el intendente o concejal “molesta” al poder de turno, como ocurrió en Urquiza, donde desplazaron al exintendente Ricardo Enríquez, para que asuma la esposa del exministro clossista, Horacio Blodek. Párrafo aparte merece El Soberbio con dos exintendentes destituidos en dos años: Alberto “Coleco” Krysvzuk y Juan Carlos “Jair” Pereira.Pero ¿a qué responde el hecho de que los más incumplidores sean los municipios de segunda categoría? Es que los de primera, que son los más grandes, reciben una auditoría de fiscales del Tribunal de Cuentas cada tres meses en sus respectivas municipalidades, por esta razón están más controlados y obligados a cumplir con las obligaciones referentes a la transparencia en el manejo de los gastos públicos. No es porque sean mejores sino porque están más controlados.En cambio, los de segunda categoría no recibían esta auditoría y por ello, muchas veces, no tienen el apego necesario al cumplimiento de las normas.Esta situación derivó en diversos escándalos por desmanejos y falta de transparencia en casos como Candelaria, Puerto Iguazú, San Vicente, El Soberbio, 9 de Julio, Arroyo del Medio, Urquiza, entre otros municipios que estuvieron en el ojo de la tormenta durante los últimos años.La normativa indica que aquel municipio que no haya presentado la rendición del Balance del año anterior, al 31 de mayo, en un plazo de cinco días se dispara una Resolución del Tribunal de Cuentas donde se debe dispone por “no presentada” la rendición de cuenta y se debe instruir el inicio de un juicio administrativo de responsabilidad. En ocasiones donde el balance tiene observaciones o irregularidades, el juicio se inicia sólo por el monto observado, pero en los casos donde no se presenta la rendición, el juicio se aplica por la totalidad del balance nunca presentado.Esta última situación -según fuentes del Gobierno- preocupa a numerosos intendentes y exintendentes que no cumplieron con las rendiciones y que se le formularon cargos por la totalidad del monto presupuestario anual. Más allá de que son demandas que perduran por muchos años complicando sus actividades personales, normalmente terminan con pequeñas sanciones económicas de bajo valor, en comparación con los presupuestos ejecutados en los años no rendidos.No se mide con la misma varaEl pasado lunes el Concejo Deliberante de Dos de Mayo, manejado por seis renovadores, destituyó al único concejal opositor, Oscar “Coqui” Lorenzo, porque tenía una irregularidad en el Tribunal de Cuentas del año 2002 cuando fue intendente. Sin embargo, esos mismos concejales se negaron a abrir una investigación contra el concejal Héctor Grade por una denuncia del propio Lorenzo señalando que violaba la Ley de Municipalidades al ser proveedor del municipio y concejal, al mismo tiempo.Otro caso de protección política ocurrió en el Concejo Deliberante de Puerto Libertad, donde el presidente Fernando Ferreira, hijo del intendente Luis Ferreira, fue denunciado por percibir una doble remuneración, como concejal y como contratado del Gobierno provincial. En lugar de revisar la irregularidad, los concejales oficialistas atacaron al concejal radical Antonio Andrés Martínez.Otro ejemplo: la concejal de Unión Popular (UP) en Puerto Leoni, Angélica Duarte, desde que asumió exigió informes para transparentar los manejos del renovador Fabio Cano, sin embargo, fue citada a declarar por el Tribunal de Cuentas.Queda claro que los organismos de control y los propios concejales -cuya función es de control- no miden con la misma vara el accionar de los opositores y el de los integrantes de su mismo Gobierno.Protegen y silencian el hecho cuando involucra a un renovador, pero atacan y destituyen a los opositores que incomodan el manejo de millones de pesos en los municipios. Irigoyen sin aguaEn la gestión del exintendente Edgardo “Chichín” Aquino se gestionó la obra de trece pozos perforados para abastecer de agua, por siete millones de pesos. Como terminaba la gestión, la obra se hizo a las apuradas, con ordenanzas denunciadas por habilitar contrataciones directas por montos prohibidos. La mayoría de las perforaciones se realizaron en terrenos particulares y ahora la Municipalidad debe pedir la cesión de derechos a los propietarios. Lo más grave es que la Nación frenó el envío de dinero (sólo envió 1,6 millón) y el actual intendente, Guillermo Fernández, estuvo todo el año intentando destrabar fondos, pero no pudo por las numerosas irregularidades que se detectaron en la obra.Los vecinos pasan semanas sin agua y ahora se deberán gastar millones de pesos para expropiar los terrenos (algunos podrían terminar en juicios), instalar tanques, tableros y cercos perimetrales. Concejales de la oposición denunciaron la situación al Tribunal de Cuentas pero, como es renovador,
no pasó a mayores.
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