El funcionario analizó con los diputados de la Comisión de Legislación General y Justicia de la Cámara de Representantes de Misiones el impacto que ha tenido la ley provincial aprobada en el 2015. Participaron también de la reunión el vicepresidente del Poder Legislativo, Orlando Franco; diputados, funcionarios del Poder Ejecutivo, jueces de paz y la directora del Registro Provincial de las Personas.Scotto dijo que “en el ámbito nacional se está trabajando en un proyecto de ley que tiende a facilitar el proceso judicial de las inscripciones tardías de nacimiento, esto es, argentinos nacidos en Argentina que, una vez transcurrida la edad que establece el Registro Civil para inscribir los nacimientos, tienen que recurrir a un proceso judicial”.“En el país se calcula que hay entre 200 mil y 400 mil personas que están sin DNI y que no lo pueden tramitar en el Registro Civil, porque no lo han perdido, sino que tienen que iniciar un juicio de inscripción de nacimiento; entonces el proyecto busca facilitar al indocumentado hacer esa inscripción tardía sin que haya un proceso judicial que sea excesivamente lento; y sin que los costos y las problemáticas del mismo juicio hagan que el indocumentado desista de su trámite”, indicó. “Por eso quisimos venir a Misiones conocer cómo ha sido esta experiencia, sus pro y sus contra, para poder volcarla en el proyecto de ley que vamos a impulsar en el país”, resaltó.En tanto, la legisladora María Losada, integrante de la comisión y autora de la iniciativa provincial, destacó la importancia de la ley, porque se trata de “un derecho que solamente lo puede reconocer el Estado, es una responsabilidad que no puede ser delegada, porque una persona existe en la medida en que el Estado le da la identidad”.Consideró que es una “ley de vanguardia, muy novedosa, porque plantea que sean gratis todos los procesos: esto implica costo, porque cada vez que hay que hacer alguna tratativa para conseguir cualquiera de las informaciones, en cualquiera de los lugares del país, están a costa de la persona interesada, que en general es indocumentada”.“Esto de la indocumentación también tiene que ver con la cuestión de la pobreza estructural, en general la gente de menos recursos es la que no tiene documento; y otra de las cuestiones es que es de oficio, lo tiene que impulsar el juez y garantizar el derecho a la identidad”, agregó la legisladora.Informó que la medida alcanza a todas las personas que tienen la mayoría de edad y no han podido generar el documento, porque al día de hoy, hasta los 12 años, la inscripción es sumaria, un mero dato administrativo, pero cuando pasa la mayoría de edad se genera una actitud judicial donde se revén las circunstancias por las que esta persona no tiene documento o aduce la no documentación”.“Es muy delicado poder dar un documento porque cuando das una identidad, entonces hay que tener mucho cuidado de que no sea una doble documentación, o que esta persona no haya tenido situaciones o procesos con otra identidad”, concluyó Losada.
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