La mole de hormigón se levanta misteriosa al lado del Palacio de Justicia en la capital misionera y, hasta ahora, nadie había querido explicar el porqué de su paralización total, que ya dura tres años, en una ubicación estratégica posadeña que tiene alto valor en sí misma: la esquina de Centenario y Santa Catalina, a pasos del centro y en una zona de desarrollo inmobiliario explosivo. Finalmente, y en las últimas horas, todos los involucrados rompieron el código de silencio y se pudo develar el misterio en torno de la construcción del Centro Judicial Federal, un proyecto millonario que comprometió al Poder Judicial nacional, al Gobierno de Misiones y a la empresa local Ecim SA, contratista de la obra que también tuvo a cargo el edificio de los Tribunales misioneros.La empresa analiza pedir la rescisión del contrato de concesión para abandonar el proyecto definitivamente, ya que para su continuación se requerirían unos 160 millones de pesos que -por el momento-, no aparecen. A la vez, la obra es parte de una escandalosa trama que puso bajo la mira a exfuncionarios del organismo contratante por presunta administración fraudulenta con fondos públicos, según la denuncia penal que realizó en febrero el abogado porteño y titular de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans. La investigación fue radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. El fiscal Ramiro González solicitó una batería de medidas para determinar si es cierto que exfuncionarios de primera línea del Consejo de la Magistratura obligaron al personal técnico de la dependencia a firmar certificados de avance de los proyectos para disponer de desembolsos millonarios, pese a que las obras estaban y siguen estando paralizadas. En el medio, el empresario posadeño Luis Molina, titular de la firma que se quedó con la licitación, aseguró que lo pusieron en una encerrona en la que tuvo escasa participación o poder de decisión. Según dijo a PRIMERA EDICIÓN, el caso de Misiones es uno de los pocos “en los que se puede demostrar en qué y dónde se gastaron los millones que vinieron a la provincia” con ese destino, ya que en total serían una decena los proyectos similares paralizados completamente en distintas provincias. “Así como nadie está obligado a declarar contra sí mismo, nadie puede estar obligado a fundirse porque otros hacen las cosas mal. Queremos retomar la obra con los aportes que realmente se necesitan, pero si no van a disponer de los fondos preferimos pedir la rescisión, porque no podemos sostener el costo mensual de los seguros, la custodia y demás gastos de una obra paralizada”, dijo. La construcción fue licitada en 2012 por el Consejo de la Magistratura de la Nación por un monto de 67 millones para levantar el imponente edificio de 14 pisos pero sólo se avanzó en seis plantas. Las próximas horas serán claves para que el Consejo de la Magistratura nacional con nueva conducción, defina su destino: si la continúa, si rescinde el contrato, si penaliza a la constructora o se desprende del predio definitivamente. El Palacio que no fue Corría el verano pasado en la calurosa Posadas y el temor por la epidemia de dengue crecía en la población, también entre empleados y funcionarios del Palacio de Justicia provincial, ubicado al lado de la mole de hormigón donde funcionaría la Justicia Federal. La obra abandonada en pleno centro “era un criadero de mosquitos” según los vecinos. Fue entonces que la Municipalidad posadeña intimó a la empresa constructora para que limpiara el abandonado edificio y de paso, despejara la vereda, vallada con un precario cerramiento para evitar accidentes durante la construcción que no fue. A partir de entonces, se tapiaron las aberturas del edificio y la vereda fue reacondicionada, por lo que ahora se aprecia mejor el monumental emplazamiento con cuatro losas construidas (seis plantas en total) de imponentes dimensiones. Faltan otras nueve lozas por arriba de lo que ya está levantado, por lo que no es difícil imaginar la magnitud del proyecto. En la nueva estructura se iban a centralizar todas las dependencias de la Justicia Federal de Posadas, albergando a la Cámara Federal, el Tribunal Oral Federal, dos Juzgados Federales y la Secretaría Electoral que hoy funcionan en lugares alquilados y poco adecuados. En 2012 se hizo un gran acto en Posadas para anunciar la obra y la firma del contrato. Vino el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien fue recibido por el entonces gobernador Maurice Closs; también estuvieron el secretario general de Administración de la Corte y presidente del Comité de Inversión del Poder Judicial, Héctor Daniel Marchi, y la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Mirta Delia Tyden de Skanata, entre otros.Finalmente dio el presente el exSubadministrador del Poder Judicial a cargo de la Administración Germán Krieger, contra quien el abogado Monner Sans apuntó la denuncia penal, sindicándolo como encargado directo de la decena de obras públicas millonarias que encaró en distintas provincias del país, la mayoría sin terminar. Un proceso difícil En un memo dirigido al Consejo de la Magistratura Nacional, la empresa misionera Ecim SA detalló su propia descripción de los pasos del proyecto paralizado para que el cuerpo defina si quiere financiar o no su terminación. Según ese resumen, la empresa se presentó a la licitación para la obra cortizada, a los precios de marzo de 2012, en $ 67.624.906. En julio del mismo año se le adjudicó la obra, que tuvo inicio concreto en octubre. El contrato preveía un adelanto para acopio de materiales del 35% del monto de la obra, el que según la firma, llegó recién un año después de la cotización inicial.“El importe neto que recibe la contratista es de $19.453.150,41” detalló Ecim. Con el adelanto “la contratista adquirió el 51% en el rubro carpintería, el 97% en mobiliario y el 85% en instalaciones termomecánicas, de lo previsto a acopiar a valores de marzo 2012. Lo que ascendió a un total gastado del anticipo de $19.426.761,57”, puntualizó. Desde entonces y tras construir seis plantas de estructura de hormigón (unos 5.000 m2 de construcción de los 9.000 m2 que comprende la obra); la firma reclama los incrementos semestrales del costo de la mano de obra, según lo que establecía el contrato y el pliego de bases y condiciones. Desde aquel anticipo “no se libró ni un solo pago más”, sostiene la empresa. Para finalizar el proyecto la firma asegura que debe percibir $6.965.563,73 por ajuste de mano de obra, más lo que surja por la redeterminación del precio de la obra que falta para su terminación. Aunque ésta redeterminación “no le sirve a la contratista para encarar nuevamente la construcción y finalizarla”. Es que faltan construir nueve losas y puede llevar un año terminar el hormigón, más otro año para concluir con todos los detalles de la edific
ación del proyecto. La alternativa, según la firma, es determinar el precio del metro cuadrado de construcción viendo la ecuación en moneda dura al tiempo de la adjudicación de la obra. “Con la plata del acopio compramos casi todos los muebles, los cuales se encuentran en depósito al igual que todos los equipos centrales de aire acondicionado y gran parte de la carpintería. Si bien como contratistas tenemos la obligación de proteger y guardar todos esos bienes, no podemos asumir de por vida el costo esperando que la Administración se expida. Y ese gasto ha sido afrontado por la empresa”, señaló la firma. “La obra se encuentra paralizada a consecuencia del incumplimiento de la Administración. La empresa advirtió en numerosas oportunidades y por nota la disminución en el ritmo de las tareas y la paralización posterior al no haber sido atendidos los reclamos por condiciones que debían haberse cumplido por estar en el pliego y en las notas aclaratorias”, finalizó Molina.Una denuncia que salpica al interiorEl abogado Ricardo Monner Sans fue autor de una denuncia penal que hoy investiga el juez Federal Canicoba Corral y que describe al menos seis posibles delitos relacionados a la licitación, adjudicación y ejecución de distintas obras encargadas por el Consejo de la Magistratura en distintas provincias; entre ellas, asociación ilícita (Artículo 210 y siguientes del Código Penal de la Nación); usurpación de autoridad (Artículo 246, inciso 3º, del Código Penal de la Nación); incumplimiento de los deberes de funcionario público (Artículo 248 y siguientes del Código Penal de la Nación); cohecho y tráfico de influencias (Artículo 256 y siguientes del Código Penal de la Nación); malversación de caudales públicos (Artículo 260 y siguientes del Código Penal de la Nación); negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Artículo 265 del Código Penal de la Nación); exacciones ilegales (Artículo 266 y siguiente del Código Penal de la Nación) y encubrimiento (Artículo 277 del Código Penal de la Nación), según los casos y los sujetos involucrados y los resultados de la investigación que se realice. Según detalló Monner Sans a PRIMERA EDICIÓN, tras recibir información y documentos que le fueron entregados en forma anónima, denunció al licenciado Germán Krieger, extitular de la Administración General del Poder Judicial (Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y a otros funcionarios del mismo Poder, como Luis Alberto Devoto, Walter Mauricio Eusebio, Diego Martino, Hugo Raúl Cayetano Lazzarini, Carlos Jorge Fernando Susini Burmester, Gabriel Martín Saliva). También denunció a los directivos de las firmas Adanti Solazzi y Cía; Casago SA; Bonaldi Construcciones SRL; Martínez SRL y a la misionera Ecim SA. En particular, respecto de la firma misionera, el denunciante detalló un incidente aportado por un arquitecto del Consejo de la Magistratura que cumplió tareas de dirección de obra en el Centro Judicial de Posadas, y que aseguró que fue apartado por presiones de la firma y de superiores cuando se negó a “emitir un certificado de obra según lo pedía la Dirección de Infraestructura Judicial”. Todo en estudioPRIMERA EDICIÓN consultó con el actual presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, sobre qué destino tendrá la infraestructura que ya está levantada en un lugar estratégico de la ciudad de Posadas y que se encuentra paralizada desde hace tres años. El funcionario detalló que el expediente -en el que se estudia tanto el detalle de lo que se hizo y las presentaciones de la firma contratista- está en estudio, y que todavía no se puede anticipar la resolución final: puede que decidan continuar atendiendo los reclamos de Ecim SA; penalizar al contratista o directamente rescindir el contrato, aunque ninguna de las tres posibilidades todavía integra una resolución final. Lo único que aseguró es que la obra es “prioritaria para el Consejo”, por lo que tendrá una definición en pocos días.
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