La Legislatura misionera aprobó este jueves la adhesión de la Provincia al Régimen de Sinceramiento Fiscal sancionado por el Congreso nacional en el marco de la aprobación de la Ley Nacional Nº 27.260, “Programa de Reparación Histórica Para Jubilados y Pensionados”, que impulsa un blanqueo de capitales mediante el cual, el Gobierno que encabeza Mauricio?Macri, espera contar con una corriente de inversiones que ayude a salir del actual momento recesivo de la economía argentina. La adhesión de la Provincia, en una sesión que se inició con una manifestación de jóvenes de barrios posadeños pidiendo trabajo, frente al Palacio Legislativo; se produce en un momento en que -a nivel nacional- los pedidos de incorporación se hacen esperar y, aunque una entidad bancaria estimó recientemente que podría canalizar unas 35.000 solicitudes, por el momento la afluencia de capitales al blanqueo alcanza a un monto de 400 millones de dólares, muy lejos de los 50.000 que se esperaban. Se estima que, por el marco de incertidumbre, muchos esperan para ingresar a último momento. El período de vigencia de la Ley, en el que los tenedores de dólares fuera del sistema formal -ya sea fuera del país o en cajas de seguridad o en los “colchones- pueden ingresar al blanqueo, que ofrece diferentes opciones, culmina el 31 de marzo próximo. Fideicomiso productivoLa adhesión provincial, contiene una innovación que se introdujo por iniciativa del Ejecutivo en el artículo 5 de la norma legal. El mismo faculta al Ejecutivo provincial a constituir fideicomisos por hasta la suma de 600 millones de pesos, destinados “exclusivamente a la ejecución de proyectos de infraestructura, inversión productiva, energías renovables y demás objetos vinculados a la economía real de la Provincia”.Los adherentes al régimen que opten por esta variante, similar a la que en la norma nacional se utiliza para desarrollos inmobiliarios, tendrán el beneficio de no pagar el 10% que retiene la Afip en otras alternativas. Los recursos quedan en el caso del fideicomiso productivo inmovilizados por cinco años. Reclaman cambios Previamente a la aprobación del blanqueo, la diputada del Pays, Miriam Duarte, consiguió hacer aprobar un pedido de preferencia para ingresar a la Cámara y girar a la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside María Losada, una presentación hecha por la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini y cinco peticiones de organizaciones de Derechos Humanos de la provincia. Las mismas expresaron -dijo Duarte- “un rechazo concreto y explícito” a la incorporación al Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura del representante por la primera minoría de la Cámara, propuesto por el bloque de la UCR; quien “carece de antecedentes”, argumentaron. El titular del bloque de la UCR, Germán Bordón, rechazó el tratamiento de las peticiones, por representar “la injerencia de una ministra (Marchesini) del Ejecutivo en asuntos internos de la Cámara”. Bordón desestimó “la supuesta falta de antecedentes del licenciado Francisco Souza”, señalando que como filósofo de profesión posee “una formación humanista”. Las críticas no se detienen en la persona de Souza, sino que desde que, en la sesión anterior, el diputado Mario Pegoraro se desvinculara formalmente del bloque, la UCR ya no es primera minoría. María Losada indicó que Pegoraro no firmó las presentaciones de la bancada; sugiriendo que de hecho la UCR ya no era primera minoría, al designar a Souza, pero actuó como tal. “Puede haber una rectificación ya que no se previó que no había una minoría, sino tres legisladores”, anticipó Losada.
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