El juez de Instrucción 2, César Yaya, finalizó las últimas medidas procesales y el expediente por “estafas reiteradas en concurso ideal” que tiene cuatro acusados por, presuntamente defraudar a medio millar de clientes, fue elevado formalmente a debate oral, responsabilidad que recaerá en el tribunal unipersonal a cargo del titular del Juzgado de Menores 2, César Raúl Jiménez.La causa se inició en septiembre de 2011 con los allanamientos a dos locales comerciales, a varios talleres y depósitos, y a la detención de dos supuestos propietarios, además de la orden de búsqueda, incluso internacional, de los supuestos organizadores de las maniobras y proveedores de las motocicletas que eran vendidas pero no entregadas.En marzo de este año, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Misiones confirmó el auto de elevación a juicio de la causa, tras rechazar los recursos planteados por los imputados.El expediente regresó a las manos de Yaya, y finalmente el viernes último se cerraron las actuaciones y se dio intervención a César Jiménez para que inicie su tarea y juzgue a los cuatro encartados por el delito de “estafas reiteradas en concurso ideal”. Ellos son: Silvana Corbalán Duarte, su pareja Damián Lamperti, Edgardo Nieto y Juan Daniel Alegre.De los cuatro imputados -tres argentinos y una mujer de nacionalidad paraguaya- dos cumplían la función de adquirir las motocicletas, en su mayoría importadas, y cederlas a la venta a los dos sospechosos restantes, Nieto y Alegre, supuestos propietarios de dos concesionarias de motos, una en Entre Ríos y 25 de Mayo y la restante en Ayacucho entre Bolívar y Córdoba.Según el expediente, se podría determinar que las maniobras para timar a los clientes fueron realizadas con la precisión necesaria que permitió una cifra millonaria de las cuotas y entregas para adquirir un rodado. La dilación de la entrega de la motocicleta habría afectado a la mayoría de los 500 denunciantes.De los allanamientos, que se iniciaron el 21 de septiembre de 2011, se secuestró un centenar de motocicletas. De ellas, 84 no pudieron ser entregadas a ninguna de las víctimas. De acuerdo a estimaciones de los propios investigadores judiciales, cada uno de los denunciantes perdió entre mil y 8 mil pesos en concepto de seña, adelanto o parte de las cuotas.El expediente comenzó a conformarse en el Juzgado de Instrucción 2 a mediados de 2008 luego que en las oficinas de Defensa del Consumidor se presentaran más de cien denuncias por este tipo de estafas.Para noviembre de 2010, el número de denuncias fue creciendo tanto como las pruebas, y apuntaron a que se trataba de un hecho de defraudación, estafa y probable asociación ilícita.Los presuntos estafadores utilizaron dos maneras para engañar a sus clientes: le solicitaban al interesado en comprar la moto un recibo de sueldo, un garante y una seña de entre 500 y 1.000 pesos en efectivo. Después le suplicaban paciencia a los ilusionados compradores para soportar la lentitud de los papeleos y entregarles el rodado. Cuanto la insistencia crecía les remarcaban supuestas fallas o irregularidades en el recibo de ingresos presentados o en la solvencia del garante. La demora se prolongaba hasta que los sospechosos les decían que los papeles habían sido rechazados, que la compra no podría realizarse y que la seña no podía ser reclamada como devolución. El método o proceder engañoso comprendía la exigencia de una entrega de seña y pago de cuotas hasta cubrir la mitad del valor de la moto. Setenta días después de toda una serie de mentiras y excusas los vendedores aseguraban que el modelo solicitado ya no quedaba en stock, y a cambio les entregaban otro vehículo que no era el acordado y que tenía un valor inferior. Aquellos que se negaban a este cambio, debieron continuar con las cuotas y esperar por la entrega que nunca se produjo.TrascendenciaEl caso salió a la luz el martes 20 de septiembre de 2011 en las páginas de PRIMERA?EDICIÓN, después de una investigación de cuatro años que se inició mediante la presentación de un denunciante de apellido Aldana. Justamente por eso es que el expediente fue conocido desde un principio en los estrados judiciales como “el caso Aldana”.Al día siguiente, efectivos de la Dirección de Investigaciones y personal del Juzgado de Instrucción 2, a cargo de César Yaya, allanaron el local de 25 de Mayo y Entre Ríos.Encuadre legalSegún el artículo 172 del Código Penal “será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Mientras que el artículo 55 sostiene: “Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Esta suma no podrá exceder los 50 años de reclusión o prisión.
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