La protesta que lleva a cabo un grupo de delegados de los guardaparques que se desempeñan en los 22 parques provinciales frente al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, pidiendo audiencia a la ministra Verónica Derna, pone en evidencia la grave situación en que se encuentran los encargados de proteger el valioso patrimonio natural de la Provincia.La mera circunstancia de que quienes hacen el trabajo más riesgoso en las áreas protegidas puestas bajo la égida del Ministerio de Ecología deban recurrir a una presión pública, como es el acampe frente a ese Ministerio, para ser atendidos por su titular, es un indicador de que no se están haciendo bien las cosas. Es bien conocida, sin embargo, la situación de indefensión de estos servidores públicos, que no cuentan con autorización para portar armas frente a cazadores furtivos fuertemente armados, y a quienes se les retacea un estatuto laboral que responda a las características particulares de su riesgoso trabajo en el interior del monte misionero; lo cual quiere decir contar con equipamiento adecuado y una remuneración digna.El agravamiento de la situación en las últimas semanas, con el incendio intencional en el puesto de control del Parque Foerster y las amenazas de muerte y presiones; por las cuales ya son cuatro los parques provinciales en los que se dejó de patrullar la selva, justifica las demandas y la inquietud de los guardaparques; y exige un cambio de actitud de la ministra que, según expresaron los manifestantes, les negó cuatro veces un pedido de audiencia. ¿Se puede afirmar que la protección del medio ambiente es una política de Estado para la Provincia, cuando a los encargados de hacerla efectiva en los hechos se les niega la atención que merecen en estas graves circunstancias? El valor del diálogo en casos como este es evidente, desde el punto de vista humano. Sin contar que lo que se pone en peligro, conscientemente o no, es el control de un área estratégica para la política ambiental provincial.
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