Una decena de familias residentes en el barrio La Unión de la localidad de Colonia Victoria teme por la suerte que pueden correr los lotes que adquirieron a la Cooperativa Agrícola de Eldorado (Cae) porque los boletos de compra venta carecerían de validez legal y corren el riesgo de ser rematados. Ubicado en el kilómetro 5 de la localidad, el barrio cuenta con el reconocimiento municipal, a partir de una ordenanza. Los lotes se encuentran en un terreno de 17 hectáreas ubicadas en zona urbana, a unos cien metros de la ruta nacional Nº 12. Están bordeados por la avenida principal, Malvinas Argentinas, y calles laterales asfaltadas. Cuatro hectáreas de esa fracción están ocupadas por viviendas familiares. La ocupación comenzó en 2001 y actualmente residen 40 familias que cuentan con servicios básicos de red de agua, energía eléctrica y abonan la tasa retributiva municipal. Diez de esas familias poseen un boleto de compra y venta del terreno emitido por la Cae, en algunos casos a modo de indemnización y en otros como producto de una venta directa pero este documento no tendría validez legal, porque al parecer, las 17 hectáreas se hallaban inhibidas judicialmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), además de poseer varios embargos posteriores.De acuerdo a los datos recabados, los vendedores se habrían valido de la buena fe y el escaso conocimiento legal de los compradores.IncertidumbreA mediados de julio último, los vecinos del barrio La Unión fueron visitados por un martillero público, identificado como Gustavo Carteau, y un oficial de justicia de la Afip, José Samudio, con el propósito de hacer un relevamiento de datos y anunciar el inmediato remate del lote sobre el que se asienta el conglomerado. A partir de la aparición de esta problemática, los vecinos preocupados por la estabilidad de sus viviendas, se reunieron en asamblea y decidieron armar una comisión directiva con el objetivo de afrontar la situación y seguir conservando sus casas.La comisión se interiorizó de la situación en el Juzgado Federal de Eldorado que lleva adelante la causa y supo que el remate se haría el miércoles 17 de agosto a las 10. Enseguida, comenzaron a gestionar una asociación civil que por cuestiones burocráticas y escaso tiempo, no se concretó. Ante esta dificultad, decidieron seguir trabajando como comisión barrial. Nuevamente se reunieron para analizar la situación y buscar las posibles soluciones. Se propuso dar participación a otros pobladores de Colonia Victoria que quisieran colaborar con la causa, aportando ideas y dinero para reunir un monto estimativo y participar del remate como interesados para intentar adquirir el inmueble. Entendían que sería la forma de garantizar a los ocupantes (con y sin boleto de compra- venta) la permanencia en el lugar y acreditar las escrituras de los lotes. Estas familias adquirirían un lote de 15×30 por la suma de 10 mil pesos, que fueron depositados en una cuenta del Banco Macro de Eldorado. Las familias con certificado de compra- venta colaborarían únicamente a la hora de realizar la mensura. Los que no poseen compra- venta pero habitan la tierra, abonarían el monto pactado pero en cuotas accesibles proporcionales a su ingreso mensuales, en caso de ganarse el remate. Este punto consta en el libro de acta de la comisión.Previo al remate, en las asambleas se confeccionó una reglamentación con las cláusulas para poder ser beneficiario. Se consultó con un agrimensor sobre la cantidad de sitios posibles, teniendo en cuenta calles y espacio verde para sortear ante escribano público la ubicación de los sitios. Aquellos que vieron factible la reglamentación se inscribieron en el acta de la comisión presentando boleta de depósito para ser futuro adquiriente.Remate, sin efectoAdemás de las residentes, otras cien familias colaboraron con dinero, logrando juntar una abultada cifra para participar del remate. Se consensuó y en el caso que existiera algún excedente de dinero, automáticamente se procedería a realizar la mensura del total del inmueble. De lo contrario se volvería a recaudar para hacerlo en forma conjunta.El 17 de agosto se notificó la suspensión del remate después de una solicitud de adhesión a una moratoria por parte de la Cae, y la aprobación por parte del Juzgado Federal. Tras lo sucedido quedó sin efecto el movimiento realizado por la comisión sin tener en cuenta la problemática social de la comunidad porque no existe garantía para los habitantes de permanencia en sus hogares e incertidumbre e inseguridad respecto a si serían o no desalojados.Cabe destacar que al adquirir los lotes, parte de esta población fue engañada por la parte vendedora -el presidente y el secretario de la entidad-, por brindar certificado de compra-venta sin validez legal. Los adquirientes poseen esa documentación, que ya fue presentada ante las autoridades que la requirieron.La comisión trabaja para encontrar una solución justa al problema, sin perjudicar a ningún vecino residente y, de esa manera, brindar tranquilidad y seguridad para “apagar el miedo al desalojo y poder llegar a ser titulares del sitio en el que residen”. La intención es “saldar la deuda judicial existente y pasar a ser dueños del inmueble para realizar mensura y posterior titulación de cada terreno. Queremos tener todo en regla”, aseguraron.
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