En los próximos días, la Justicia Penal de Oberá podría citar a declaración indagatoria al director de Arquitectura de Misiones, Ewaldo Rindfleisch, en el marco de dos denuncias penales en su contra por la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y malversación de fondos públicos.Fuentes del Juzgado de Instrucción 2 confirmaron que se instruyeron medidas de prueba y se solicitaron informes a distintas dependencias en uno de los expedientes que involucra fondos públicos y en el marco de la cual podría ser citado como imputado el exintendente de Oberá.En su rol de jefe comunal, Rindfleisch tuvo a su cargo millonarias partidas -que no habrían sido convenientemente invertidas- del programa “Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, que manejaba a nivel nacional el exsecretario de Obras Públicas kirchnerista, José López, el mismo que intentó ocultar casi nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez (Buenos Aires) y en la actualidad se encuentra detenido.Paralelamente fue denunciado por ser el presunto dueño -por sí mismo o por allegados- de onerosas propiedades en distintos puntos de la provincia, del país y hasta del exterior.Las denuncias fueron radicadas a fines de 2015 por el ciudadano obereño Ramón Escobar, quien detalló en la primera presentación cada una de las supuestas propiedades del exalcalde, su esposa y demás familiares.Hace dos semanas, ante la posibilidad de que las denuncias no avanzaran en la Justicia provincial y al estar involucrado el manejo de fondos nacionales, Escobar realizó la misma presentación ante la fiscalía federal penal en turno con sede en Comodoro Py, en Capital Federal.Sin embargo, en la Justicia provincial aseguran que la investigación avanza y que en breve habrá novedades con respecto a la situación del exintendente.“Que vindique su honor”Por otra parte, este jueves la legisladora del PRO, Alba Nilsson, pedirá tratamiento preferencial al proyecto de comunicación de su autoría donde solicita al Gobierno misionero que intime a su funcionario a presentarse a la Justicia para vindicar su honor, ya que es una obligación establecida en la Constitución Provincial que, ante una denuncia por posibles actos de corrupción, los propios funcionarios denunciados se encarguen de despejar las dudas respecto al uso que le dieron a los fondos públicos.En el mismo proyecto de comunicación, la legisladora solicitó un listado de informes específicos al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) referentes al programa “Plan Nacional Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, implementado por el entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a cargo del polémico funcionario kirchnerista Julio De Vido y de su mano derecha, José López.“A través de los diversos medios de comunicación se hicieron públicas numerosas y muy contundentes pruebas que la gestión de la Municipalidad obereña, dirigida hasta fines del año 2015 por el exintendente Ewaldo Rindfleisch, habría dado irregulares destinos a millones de pesos asignados a obras que no se habrían ejecutado, o han sido ejecutadas en una insignificante magnitud en relación a los recursos recibidos. Lo que coloca a Rindfleisch y su entorno ante posibles graves consecuencias penales”, señaló la diputada en la iniciativa que espera tenga tratamiento esta semana.Enriquecimiento ilícitoSegún detalló la diputada Nilsson en su proyecto, Rindfleisch “fue denunciado penalmente en dos oportunidades en los últimos meses de su gestión”. “Ambas denuncias fueron presentadas ante el Juzgado de Instrucción Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial. La primera denuncia penal data del día 19/10/2015 por hechos que constituirían enriquecimiento ilícito (Expediente Nº 115068/2015), incluyendo en la misma con carácter de coautores a su entorno de funcionarios-familiares-amigos, pues el nepotismo (designación en funciones públicas de parientes y amigos) ha sido la regla básica de sus tres gestiones como intendente”, revela la legisladora.Según la presentación de la diputada, las personas denunciadas en coautoría con el exalcalde son su hermano Víctor Rindfleisch, quien se desempeñaba como director de Obras Públicas de la Municipalidad de Oberá; su actual esposa Nori Mabel Eichelt, quien se desempeñó como coordinadora del Ente Mixto Consorcio Termas de la Selva (conformado por la Municipalidad de Oberá y la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, presidido por su esposo); y la primera esposa de Ewaldo Rindfleisch, María Mónica Inés Montoya.En la denuncia sobre enriquecimiento ilícito “se solicitó que se investigue la adquisición de numerosos bienes que integrarían el patrimonio del exintendente, sus familiares y más cercanos allegados, incorporando un frondoso cúmulo de pruebas que indicarían la existencia de casi cincuenta propiedades del exalcalde sólo en el Municipio de Oberá”, sostuvo Nilsson, quien además recordó que también se solicitaron informes al municipio de Itapema (Brasil), donde “es vox populi que existen más y valiosas propiedades de los denunciados”.Posible malversaciónEn el proyecto que espera tenga tratamiento preferencial esta semana, la legisladora del PRO detalló que la segunda denuncia penal “fue realizada el día 09/12/2015 y discurre acerca de hechos ilícitos que conformarían el ejercicio de una administración fraudulenta y/o malversación de fondos públicos (Expediente Nº 139835/2015). Involucrando dicha denuncia a Ewaldo Rindfleisch y su amigo Juan Carlos Balsari, quien se desempeñara como secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Oberá”.Es en esta segunda denuncia “se manifiesta muy claramente lo relacionado al capítulo obereño de las andanzas y manejos poco claros de las obras públicas de la gestión anterior del Gobierno nacional y en particular del ‘Plan Nacional Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria’”, refirió.Según el detalle reproducido en el proyecto legislativo, hasta el 10 de diciembre hubo al menos tres obras que “en teoría” se encontraban en ejecución y cumpliendo los avances de obras en función de los desembolsos girados por el Gobierno nacional y transferidos por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional a la cuenta bancaria del municipio de Oberá.Las obras que detalló, tanto la denuncia penal como la legisladora en su proyecto, fueron: la construcción del sendero o Paseo del Inmigrante en ambas márgenes del arroyo Tuichá, que uniría la avenida de los Inmigrantes con la avenida Comandante Luis Piedrabuena con un presupuesto de 1.775.926,97 pesos y pagos efectivamente realizados por 528.316,87 pesos. “No existe actualmente en el lugar un solo indicio de que se haya siquiera empezado a hacer esta obra y mucho menos que justifique la aplicación de los fondos que ha recibid
o la Municipalidad de Oberá de parte del Gobierno nacional, a través del Iprodha”, aseguró la diputada. Como segunda obra, con fondos posiblemente malversados, nombró al “mejoramiento de la Plaza Islas Malvinas Argentinas con un presupuesto de 2.046.719,43 pesos. Tras una supuesta licitación resultó adjudicada como ganadora la empresa local ‘Pixel Construcciones’”. En el lugar y a simple vista -señaló la legisladora- “se registran como realizadas tan sólo insignificantes obras de albañilería, consistentes en una pequeña ampliación de un sendero peatonal que rodea la mencionada plaza (obra que en la actualidad está prácticamente destruida por la baja calidad de los materiales empleados y la impericia en su utilización). A pesar de ello se han efectuado pagos a la empresa ‘Pixel Construcciones’ por un valor de 588.424,75 pesos. Personas idóneas en la materia han presupuestado en no más de treinta mil pesos ($30.000) a valores actuales el monto invertido en las obras efectivamente realizadas”, indicó en su pedido la legisladora. La tercera obra cuestionada es la denominada “mejoramiento de la Plaza Boca Juniors (del Barrio Cien Hectáreas): se presupuestó la obra en 2.079.761,47 pesos habiéndose recibido 543.504,17 pesos. Dicha plaza se encuentra en un estado de absoluto abandono en el que se constata claramente que jamás se utilizó poco más de medio millón de pesos para refaccionarla o mejorarla”.Trámite obligatorioMás allá de lo que defina la Justicia Penal, la legisladora Alba Nilsson espera que el denunciado cumpla con lo establecido en la Constitución de la Provincia de Misiones en su artículo 79. Allí se determina que “el funcionario o empleado a quien se impute delito cometido en el ejercicio de su cargo está obligado a acusar judicialmente para vindicarse, bajo pena de su destitución, y gozará del beneficio de gratuidad procesal”.Incluso está previsto que los funcionarios que se presenten a cumplir con esta obligación constitucional gocen de beneficio de gratuidad procesal.“Ahora bien, la norma también establece otra cosa, que es igual o más importante que la anterior, que es ‘la obligación bajo pena de destitución’ de que los funcionarios acusen judicialmente para vindicarse. Es evidente aquí la sabiduría de la Constitución Provincial que procura se esclarezcan procesalmente con total nitidez los hechos que afectan el honor de los funcionarios o empleados públicos en cuanto a las conductas que desarrollaran en sus cargos”, finalizó la diputada.
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