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La nueva ley de tierras de Macri “habilita la venta de 20 millones de hectáreas

6 julio, 2016

El dirigente de la agrupación agraria El Grito de Alcorta, Pedro Peretti, afirmó este miércoles que el decreto que modificó la reglamentación de la Ley 26.737, conocida como ley de tierras, "habilita la venta de 20 millones de hectáreas justo cuando sale la ley de blanqueo de capitales".El presidente Mauricio Macri modificó mediante el Decreto 820/16 la ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, aprobada por el Congreso de la Nación en 2011, que restringe la compra de tierras a personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera.La crítica de la dirigencia agraria apunta a que la modificación reglamentaria elevó de 25% al 51% el límite del capital social en manos de ciudadanos que no sean argentinos, para considerar que la persona jurídica en cuestión es extranjera."El decreto 820/16 permite que se vendan 20 millones de hectáreas justo cuando sale la ley de blanqueo. Estoy seguro que parte de esa plata mal habida va a ir a la compra de tierras en la Argentina", sostuvo Peretti, quien remarcó que "el paso que viene es la derogación definitiva de la ley de tierras".El dirigente agrario explicó a AM 740 que de los 230 millones de hectáreas que componen el conjunto de la soberanía territorial argentina, "3 millones están en manos de norteamericanos, 2.600.000 en manos de italianos y 2.100.000 en manos de españoles", y puntualizó que "8 millones de hectáreas se encuentran en manos de extranjeros".El ex director de la Federación Agraria Argentina (FAA) dijo que espera ver al ex presidente de la entidad Eduardo Buzzi, al ex titular de la seccional entrerriana Alfredo De Angelis "y a todos los que criticaron al gobierno anterior, peleando por la soberanía nacional contra los capitales extranjeros"."Debemos volver a reconsiderar nuestras políticas hacia el sector agropecuario, que deben necesariamente incluir a la pequeña y mediana burguesía rural, a fin de volver a ganarla para la causa nacional y popular para que dejen de pensar en extranjero y vuelvan a pensar en celeste y blanco", subrayó Peretti.En la misma línea, el director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), Federico Bernal, sostuvo que "lejos de beneficiar a los pequeños y medianos productores -las tan mentadas economías regionales- el presidente Macri continúa con las dádivas al capital transnacional, ahora en su faceta agraria"."Contrariamente a la zoncera neoliberal del achicamiento estatal, con las administraciones conservadoras el Estado no se achica, no desaparece, sólo se corre de lugar: de los sectores populares a los grupos de poder", afirmó Bernal.Registro de tierras rurales en la era KLa presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que desde la aplicación de la Ley de Extranjerización de Tierras "ninguna de las 23 provincias argentinas excede el límite en materia de tenencia (en manos foráneas), lo que para mí es un orgullo". Lo hizo el 24 de julio de 2013 al presentar los resultados del registro de tierras rurales llevado adelante como lo estableció la ley de Tierras sancionada en 2011.La mandataria lo expresó ese día en cadena nacional desde Casa de Gobierno, al brindar el informe sobre tierras rurales. Según reseñó, "sólo un 5,93 por ciento" del total de tierras rurales está en manos de extranjeros. Cristina agregó que el país cuenta ahora con “información certera y cabal” de dónde “estamos parados en relación a este recurso natural que es la tierra".La Presidenta recordó entonces que cuando se votó la Ley sobre la extranjerización de las tierras hubo 104 legisladores que votaron en contra o estuvieron ausentes, por lo que llamó a los ciudadanos a estar "atentos a lo que dicen pero también a lo que hacen". "Cuando tienen que sentarse en la banca (para votar) por lo que van hablando en todos lados, no están sentados. Es importante saber elegir" sostuvo la jefa de Estado en referencia a los diputados opositores.Previamente había hablado el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez. El funcionario destacó que gracias a la acción de la Presidenta la Ley de extranjerización de las tierras "es plenamente operativa" y permite al Estado "determinar con precisión cuántas tierras rurales existen y cuántas de ellas pueden ser apropiadas por extranjeros".El funcionario sostuvo: "Estamos muy contentos. Nosotros elegimos proteger nuestros recursos naturales y nuestra soberanía popular". En ese orden, Álvarez expresó que "ninguna provincia argentina supera el límite permitido" de tenencia de tierra en manos extranjeras, establecido en un 15 por ciento por ley y que, en lo concreto, apenas alcanza el 5,93%.Hasta 2013, los extranjeros eran dueños del 5,93% de las tierras rurales argentinas: todas las propiedades de personas de otras nacionalidades sumaban un total de 15.881.069 hectáreas, una superficie semejante a la provincia de Salta.El límite de extranjerización de las tierras rurales establecido por la ley 26.737, conocida como la “Ley de Tierras”, era del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial. A nivel nacional, el relevamiento realizado por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) demostró que el escenario hasta 2013 estaba está muy por debajo del límite fijado anteriormente.La mayor cantidad de tierras extranjerizadas estaba en manos de propietarios estadounidenses, que son poseedores del 1,13% de las tierras rurales del país (un total de 3.042.680, 69 hectáreas). Siguen en cantidad de hectáreas los propietarios de nacionalidad italiana, española, suiza y uruguaya.Si se observa provincia por provincia, todas estaban al momento de presentar el informe por debajo del 15%. Misiones, Corrientes, Salta, La Rioja y Catamarca tienen los niveles más altos de extranjerización: se encuentran entre el 10,9 y el 13,9 %. Las provincias de la Patagonia que muchas veces se señalan como muy extranjerizadas tienen distintos porcentajes que van entre el 2 y el 9,6%.La ley de 2011El 22 de diciembre de 2011 el Congreso Nacional aprobó la llamada “Ley de Tierras” que protegía el dominio nacional sobre la propiedad de las tierras rurales y los recursos naturales.La norma establecía un conjunto de límites a la extranjerización de las tierras rurales que conforman el 95,88 % del territorio nacional.El primer límite que establecía la ley 26.737 era que sólo el 15% del territorio nacional puede estar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. Al mismo tiempo, sólo el 15% del territorio de cada provincia podía estar en manos extranjeras y sólo el 15% de cada territorio subprovincial –podía tratarse de departamentos o municipios.El segundo límite que establecía la ley es que de ese 15% (en cada uno de los tres niveles) una misma nacionalidad no podía superar el 30% de la propiedad.El tercer límite consistía en que un mismo propietario extranjero –ya sea una persona física o jurídica- no podía poseer má
s de 1000 hectáreas de la “zona núcleo” o su equivalencia. La zona núcleo es el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Santa Fe y el sureste de Córdoba donde las tierras tienen mayor valor productivo. Las equivalencias con tierras de otras zonas no fueron establecidas por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales y por lo tanto el límite era de 1.000 hectáreas por propietario.El cuarto límite era que los extranjeros no podían adquirir tierras rurales que contengan o limiten con cuerpos de agua permanentes como lagos o lagunas.Como en todos los casos, la ley no atentaba contra los derechos ya adquiridos por los propietarios sino que regía sobre las operaciones que se realizaron desde la sanción de la norma. Pero sí establecía restricciones a las operaciones que quieran hacer los propietarios extranjeros con las tierras ya adquiridas. Por ejemplo, si en un municipio la extranjerización era del más del 15% y un propietario extranjero quiere vender una cantidad determinada de hectáreas sólo podía vendérselas a una persona o empresa argentina para que el porcentaje descienda.Por ejemplo, los empresarios extranjeros Luciano Benetton, Douglas Tompkins o Joe Lewis –con miles de hectáreas principalmente en la zona patagónica- no podían comprar más tierras en la Argentina.Fuente: Agencia de Noticias Télam

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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