María José Ramírez, candidata a jueza de Familia de Puerto Iguazú, propuesta por el exgobernador Maurice Closs sumó otra denuncia que complica más aún su situación y que podría ser determinante en el momento de la audiencia pública y a la hora de que los diputados voten si aceptan o rechazan su pliego. La situación salpica políticamente al exGobernador y a su cuñado, el exintendente Marcelo Sánchez, ya que habrían tenido cercana relación con la abogada cuestionada.En este caso, la presentación fue realizada ante la Dirección de Sumario Administrativo del Superior Tribunal de Justicia por una ciudadana de Puerto Iguazú, identificada como Nidia Ángela Mariela Cáceres, solicitando que se suspenda a Ramírez en su actual cargo de secretaria del Juzgado Civil y Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de la misma ciudad.Cáceres relata en la presentación -realizada a principios de junio- que en noviembre de 2006 inició un juicio de alimentos en favor de su hijo y en septiembre de 2009 contrató a la entonces abogada Ramírez “para que continúe con la representación letrada en dicho expediente”.En mayo de 2010 el padre de su hijo es despedido y dejó de cumplir con la obligación de la cuota alimentaria “por lo cual, al ser interpelado en varias oportunidades, en septiembre del año 2010 entrega la suma de 200 pesos haciéndome firmar un recibo en blanco”, asegura la denunciante.Luego el hombre dejó de aportar dinero y Cáceres lo denuncia y es “en el mencionado expediente donde la doctora Ramírez quien hasta días antes mantenía un trato de profesional a cliente conmigo, se presenta esta vez como defensora de la parte denunciada, queriendo aportar como prueba a favor de su defendido, el recibo que yo había firmado en blanco, ahora adulterado por la suma de 20 mil pesos”.La situación deriva en una denuncia anterior de Cáceres contra Ramírez, en el año 2011, tramitada ante el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Puerto Iguazú y otra ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, ese mismo año.Ahora, en la presentación actual, Cáceres recuerda que: “Independientemente de que ambos expedientes y por distintos motivos, entre ellos la protección corporativa que realizan los funcionarios judiciales de Puerto Iguazú, a favor de la doctora Ramírez, lejos siquiera de apercibirla o llamarle la atención o mucho menos sancionarla por su representación infiel y su falta total de ética en el ejercicio de su profesión, la mencionada profesional fue premiada con el nombramiento a cargo de secretaria en el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar”.Por último la denunciante detalla que: “Es por todo lo mencionado anteriormente, sumado a la denuncia en su contra en causa 140824/2015 ‘Álvarez Pucheta Victoriana S/denuncia supresión y suposición de estado civil C/ Jonathan Calvo…’ (esposo de Ramírez) ante el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Corrientes, ahora pasado por incompetencia al Juzgado de Instrucción de Posadas a cargo del juez César Yaya bajo el número 2827/2015, es que solicito a esta Dirección de Sumarios Administrativos que suspenda en el ejercicio del cargo de secretaria del Juzgado” a la denunciada.La denuncia en CorrientesLa denuncia realizada en Corrientes que pasó al juzgado de Yaya es la que más preocupa a las autoridades judiciales, políticas y al pueblo de Iguazú, que sigue con atención el desenlace de esta historia que puede terminar con el pliego de Ramírez aprobado o rechazado.La abogada y secretaria del juzgado, María José Ramírez recibió dos impugnaciones que se oponen a su nombramiento como jueza. Una del Colegio de Abogados y otra del diputado radical Gustavo González.En los escritos solicitaron que se suspenda el tratamiento del pliego hasta tanto se resuelva, en forma definitiva, la causa penal y “se conozca la responsabilidad de los encartados”, y eventualmente “se determine si la doctora Ramírez tuvo algún tipo de responsabilidad en los hechos”. Su esposo fue denunciado por presunto tráfico de bebés en una causa que se investiga.Ramírez, en caso de ser designada, en el ejercicio de su judicatura deberá resolver en materia de adopción de menores, con lo cual cobra aún más importancia la necesidad de despejar la más mínima de las dudas sobre la idoneidad ética y moral”, refirió el diputado opositor. En la primera impugnación de los abogados Ernesto Báez, Martín Ayala, Andrea Wasilczyc y Juan Manuel Fouce (los tres últimos, miembros de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados) señalan que “se la sospecha de haber sido partícipe y/o encubridora de la presunta comisión del delito de supresión o suposición de estado civil e identidad de un menor”. Ramírez llega a ser candidata porque el exgobernador Maurice Closs la prefirió entre los demás postulantes ternados, y envió su pliego a la Legislatura el 9 de diciembre.Detalles escabrososLas impugnaciones relatan detalles escabrosos del expediente penal “N° 890/15 A. P. V. s/ Denuncia Supresión y Suposición Estado Civil e Identidad” por el caso que tuvo como víctimas a dos menores: la adolescente “Tati” (una humilde jovencita de Paraguay que trabajaba como doméstica en Posadas) y su pequeña hija recién nacida, dada a luz en la Maternidad del Madariaga el 17 de noviembre de 2015. La niña fue anotada como hija biológica de la pareja de Ramírez en el mismo hospital. Según la denuncia, en supuesta connivencia con la “intermediaria”, a cambio de una suma de dinero. Luego la presunta intermediaria le habría dicho a la abuela materna que la criatura falleció al nacer. Según consta en el expediente, la bebé fue llevada a Iguazú por la pareja de Ramírez, luego fue denunciado penalmente en Itá Ibaté (Corrientes), donde viven parientes de la madre biológica. Después de que la familia de “Tati” diera intervención a la Justicia, la abogada y su esposo devolvieron a la criatura, hecho que consta en un acta realizada en un Juzgado de Paz en la misma ciudad correntina. En ese acta, rubricado por el juez Jorge Omar Meza, la pareja dejó constancia de que la menor y madre de la bebita “había decidido entregar al señor Calvo la tenencia y por tal motivo la señora Ramírez, María José había iniciado los trámites en adopción por integración”. Hasta la fecha, la familia de la madre/niña no pudo obtener la corrección de la identidad de la bebé que dicen le corresponde, ya que continúa con el apellido paterno.
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