Los Secretarios de Gobierno, Hacienda, Acción Social y Medio Ambiente, y de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Eldorado fueron citados por el Concejo Deliberante para dar explicaciones sobre la falta de controles en el Programa Viviendas Progresivas, que dejó inconclusas las casas de una veintena de beneficiarios que exigen soluciones. Jorge Eduardo López, Fabián González, Ricardo Arzamendia y Guillermo González, deberán presentarse ante el cuerpo deliberativo el martes 21 de junio a las 9. El concejal Héctor Falsone explicó a PRIMERA EDICIÓN que después de escuchar a los vecinos damnificados, que son 17 de un primer listado y otros más que no estaban dentro del convenio, “citamos a los funcionarios para que expliquen respecto a la falta de controles”. En la sesión del jueves, los ediles también determinaron que Wilfrido Landaida, representante local de este programa del Iprodha, sea citado para el miércoles 22 a las 9.30. El edil confió que los perjudicados presentaron algunos documentos buscando la resolución inmediata del problema aunque la gran mayoría no tiene un escrito que los respalde. El denominador común es que ninguno tiene la casa terminada. “Ellos pensaban que eran problemas aislados pero cuando se juntaron vieron que era una cuestión colectiva”, acotó. Manifestó que la característica del plan es que debería ser sin la intervención de una empresa intermediaria sino que la Municipalidad de Eldorado debía poner la mano de obra o la formación para la auto construcción porque son casas pequeñas, de entre 40 y 60 metros cuadrados, que abarcan una cocina comedor, baño y habitaciones. “No sabemos porqué la comuna llamó a licitación pública que ganó la empresa constructora Leo, de la que no conocemos antecedentes y que tiene domicilio en la localidad de Puerto Esperanza”. Para Falsone, el convenio es bien claro en ese sentido, por eso debería haber sido barato. “Debía construirse en su totalidad y, a partir de ese momento, recién los vecinos empezarían a pagar. En el 2006 cuando se lanzó el programa, se hablaba de 50 o 60 pesos mensuales. Las obras que se hicieron son de muy mala calidad, están rajadas, con encadenados precarios y cielorrasos que se caen, a muchos le pedían dinero para la base de las casas diciéndole que no estaba incluida dentro del plan. Ante cualquier problema que había en el camino a la gente se le pedía plata. El negocio terminó y está todo parado, sin saber qué es lo que pasa”, señaló.Comentó que, de acuerdo a lo narrado por los vecinos, “se les pedía entre cinco y 20 mil pesos para obras extras, diciendo que se iba a hacer una ampliación o porque había sectores que no estaban incluidos en el plan. La cuestión es que muchos terminaron pagando este dinero, las casas no se concluyeron, por el contrario, están paradas. La gente se quiere retirar del programa aduciendo que la construcción es muy mala y que encima tienen que pagar por ella. Entendemos que el Iprodha pagó 1.200.000 pesos en materiales y 600 mil pesos para la mano de obra, y hay un ingeniero contratado por la municipalidad que certificaba las obras. El convenio dice que el Iprodha también tiene facultades para revisar las edificaciones”. Historias comunes “No se podía entrar a habitar porque se estaba cayendo el cielorraso, las paredes, el revoque”, fueron las frases más escuchadas el martes en la convocatoria a los damnificados por el programa de Viviendas Progresivas realizada en el recinto del Concejo Deliberante. Todos apuntaron a Landaida, como responsable de las presuntas irregularidades en la implementación del plan. Adriana Ubeda, señaló a Norte Misionero que se inscribió en 2010 y que en 2013 “conseguí que se me construya la casa. Debían entregarme la casa el 6 de enero de 2015. Ahí figuraba que era de 3 dormitorios, baño y cocina, nada más. Lamentablemente no me entregaron. Está hasta el techo, sin terminar y parte del revoque que es una construcción rústica”. Así se fueron sucediendo los relatos y todos coincidieron en que “Landaida tiene que pagar por lo que hizo con la ilusión de estas personas”.
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