En su reciente visita a Posadas, el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, contó que el Gobierno de Mauricio Macri analiza dejar sin efecto el acuerdo mediante el cual Vialidad Nacional le transfirió temporariamente la jurisdicción de la Ruta Nacional 105 a la provincia de Misiones. El anuncio, que parece versar sobre una simple cuestión de papeles, en realidad pone en jaque millonarios intereses en la provincia, ya que podría afectar el negocio que beneficia desde hace años al socio del exgobernador Maurice Closs, Carlos Enríquez, a la vez que develaría serias irregularidades en el manejo de los abultados fondos que el gobierno le otorga religiosamente a la firma del empresario que explota el peaje de Fachinal. Enríquez tiene el 70% de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Enríquez-Albano, que se maneja mediante el nombre comercial “Covint” y que está a cargo de la “explotación, conservación y mantenimiento” del Corredor Vial Nº1, el que incluye la referida Ruta Nacional 105 hasta su cruce con la Ruta Nacional 14 en San José; y las Rutas Provinciales 1, 201 y 2. Lo notable es que el hombre que comparte con la familia Closs las millonarias ganancias generadas por la explotación del Parque Nacional Iguazú, también se lleva cientos de millones de pesos de Rentas Generales de la provincia por “compensaciones” que le paga religiosamente, mes a mes, el Gobierno misionero, y que deberá seguir pagando al menos por doce años más, ya que la concesión se estableció por 30 años, algo insólito si se tiene en cuenta que la cesión temporaria de la jurisdicción nacional vence en 2018. El empresario preferido de Closs también se hizo cargo de una de las obras viales más importantes de la historia provincial: la autovía de la ruta nacional 105. La multimillonaria obra quedó en manos de Enríquez-Albano UTE sin licitación previa, sin concurso de precios ni ningún otro mecanismo que le posibilitara al Estado provincial establecer la mejor oferta posible mediante un mecanismo transparente de contratación, según dictan las normas que regulan las inversiones públicas. Para esta obra de 35 kilómetros de doble vía se previó un presupuesto de 380 millones de pesos en 2010. Pero a la fecha apenas se hizo un tramo de unos trece kilómetros. Faltan otros 22 kilómetros de autovía, pero según fuentes del gobierno que manejan datos relativos a la obra, “ya no hay más presupuesto, no hay un peso, se gastaron todo”, por lo que difícilmente se pueda continuar. De hecho, el gobernador Hugo Passalacqua instruyó a sus ministros para gestionar la culminación de la obra dentro del anunciado Plan Belgrano que impulsa el Gobierno nacional. Según el Ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán, la obra se encuentra paralizada “por un conflicto con terrenos aledaños a la autovía”. El funcionario aseguró a PRIMERA EDICIÓN que desde febrero de este año la provincia suspendió los millonarios pagos mensuales previstos para la obra en un sistema de fideicomiso que le asegura a la UTE el cobro en tiempo y forma, un trato privilegiado que le envidian otros constructores que contrataron con el gobierno de la provincia, pero que no corrieron con la misma “suerte”. Pese a la insistencia de este Diario, el Gobierno misionero no detalló cuánto se gastó efectivamente en la autovía no terminada. Es que los datos los maneja Vialidad Provincial y según dicen, los tienen bajo “siete llaves”. La duda es más que sustancial: ¿se gastaron los 120 millones previstos para la primera etapa o se gastaron los 400 millones previstos para la obra completa, pese a que avanzó apenas en un 30%? Por ahora es un misterio que el Gobierno no está dispuesto a develar. Trato preferencialDesde un principio la UTE Enríquez-Albano (Covint) tuvo muchísima suerte en sus negocios con el Estado misionero. De hecho, tiene a su cargo la concesión de una ruta nacional gracias a que la provincia logró la cesión temporaria de la jurisdicción, con lo que pudo otorgarle la explotación del peaje en forma exclusiva. Si la ruta 105 hubiese quedado bajo la jurisdicción de Vialidad Nacional, el concesionario hubiera tenido que competir con todos los demás empresarios del rubro en el país. De hecho es lo que le pasó en 2003, cuando ofertó pero no calificó para la licitación de corredores nacionales y quedó afuera. Pero con el Gobierno de Misiones siempre le fue mejor. Desde el inicio de la “relación comercial”, Enríquez recibió compensaciones económicas millonarias para el mantenimiento del equilibrio financiero de la concesión. En palabras sencillas, desde el inicio de la explotación el concesionario del peaje dice que pierde plata, que pese a los miles y miles de vehículos que transitan diariamente por una de las vías más importantes de ingreso y egreso de la Provincia que nos conecta con el corredor vial que termina en el centro del país, no gana lo suficiente para mantener la ruta en condiciones. Los aportes a modo de compensación desde el Estado para los concesionarios de peajes no son raros en el país. Todos ellos reciben subsidios. Lo llamativo en el caso de Covint es que el exgobernador Maurice Closs fue sumamente generoso al considerar las necesidades y reclamos de la empresa, ya que desde enero de 2009 le autorizó un 33,64% de aumento del subsidio mensual, más un incremento automático y transitorio del 20% de la cuota de la subvención que comenzó a regir cada vez que el índice de precios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) superó ese porcentaje acumulado. Lluvia de plataAsí, en 2009 Closs le subió el subsidio a Covint que pasó a cobrar 2.749.078,00 por mes. Es decir que durante ese año la provincia le pagó un total de 32.988.936 pesos. En septiembre de 2012, ese monto de subvención mensual subió a 3.298.893 pesos. En enero del año siguiente se fue a 3.958.672 pesos y en agosto del mismo año hubo otro incremento del subsidio, que le permitió a Covint cobrar 4.750.406 pesos por mes para equilibrar sus finanzas. Es decir que en los últimos meses de 2012 y los ocho meses siguientes de 2013, Carlos Enríquez recibió un total de 50.671.000 pesos de subsidios para seguir explotando el peaje y realizar el mantenimiento de las rutas. En septiembre de 2013 el Gobierno de Closs aceptó “renegociar” el contrato de concesión y estableció un nuevo cronograma de pagos mensuales cuyos montos se desconocen, pero que se estiman bastante más altos que los anteriores y que rige hasta la fecha. El monto se desconoce porque justamente no integra el texto de la Resolución Nº 644 del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos publicada en el Boletín Oficial el 14 de mayo de 2015, la que convenientemente sólo hace referencias a una “planilla de pagos” anexa que no se hizo pública. Si los montos son similares a lo que cobró Enríquez-Albano en 2013, en los
últimos cuatro años se alzó con más de doscientos millones de pesos en subvención estatal que cobró religiosamente, porque la plata para este fin se detrae directamente de la recaudación de la Dirección General de Rentas y conforma un fideicomiso que se administra a través del Banco Macro. El privilegio de pertenecerMientras que la gran mayoría de proveedores del Estado misionero, en especial los que ejecutan obras públicas, deben tener “espaldas” para aguantar los períodos de vacas flacas sin que les paguen un sólo certificado de obra por falta de fondos, hay un selecto grupo de empresarios -entre los que se encuentra Carlos Enríquez- que no tiene porqué atravesar esos avatares de la economía y la política. En su caso, el pago de las compensaciones mensuales que la provincia le otorga para “mantener el equilibrio económico financiero de la concesión” se le garantizó desde un principio mediante la constitución de un fideicomiso, una figura también conocida como “fondo fiduciario”. Este tipo de fondos se integra con dinero que se detrae de manera automática de Rentas Generales (de la recaudación por el pago de impuestos que realizamos todos los misioneros) y se deposita en el banco que opera como agente financiero de la provincia. También automáticamente, ese fondo le asegura el pago mensual al “beneficiario” según lo establece un contrato previamente elaborado. Como los últimos gobernadores misioneros tuvieron y tienen “superpoderes” que les posibilitan un manejo casi discrecional del dinero público, estos fideicomisos se constituyeron en Misiones por Decreto y no por Ley. Desde la oposición en la legislatura, desde hace años advierten que el gobierno de Misiones utiliza ese instrumento “solamente para garantizar a determinados contratistas y concesionarios la cobranza en tiempo por la realización de obras o prestación de servicios, en forma diferencial y privilegiada con respecto a otros proveedores a quienes les asiste el mismo derecho, burlando el principio de unidad de caja”. u0009También para la obraEnríquez-Albano UTE no sólo tiene asegurado el cobro mensual de la subvención millonaria que aportamos todos los misioneros con nuestros impuestos. Por el mismo mecanismo de fondo fiduciario, el Gobierno de Closs también le aseguró a su socio en Cataratas, el cobro de la obra vial más grande de la historia misionera que quedó en sus manos sin licitación previa: la construcción de la autovía en los 33,5 kilómetros que van desde el acceso al barrio Santa Helena -en Garupá- hasta el cruce de la Ruta Nacional 14. Por el Decreto 830 firmado por el exgobernador Closs el 26 de junio de 2012, se autorizó la concesión directa de la obra valuada entonces en casi 400 millones de pesos y como si fuera parte de la concesión misma, es decir, como si se la incluyera entre las obligaciones del concesionario. Sólo que el dinero para la obra no lo iba a poner la firma privada sino el propio Estado. ¿Cómo? Nuevamente mediante un contrato de fideicomiso que se constituyó el 21 de mayo de 2012 del mismo modo que el anterior, y que le aseguró a Enríquez-Albano el pago de 60 cuotas mensuales de 6.342.333 pesos cada treinta días. ¿Fin de fiesta?El Gobierno nacional tiene serias intenciones de barajar y dar de nuevo en el negocio de las concesiones de peajes en todos los corredores viales del país, incluido el corredor de la Ruta Nacional 14. En este marco, la idea que tienen es que Vialidad Nacional recupere la jurisdicción cedida a Misiones sobre la Ruta Nacional 105 para integrar este tramo importante a un mismo corredor con un único sistema de concesión y peajes, todo en el marco de un megaplan de inversiones que incluye autovías nuevas en todo el país. Por el momento, según adelantó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, las concesiones nacionales que vencían fueron prorrogadas por un año más, pero todas serán revisadas en 2017. Cabe preguntarse qué pasará con la concesión provincial de la UTE Enríquez-Albano sobre la ruta 105 si ésta vuelve a la jurisdicción nacional. Fuentes cercanas al Gobierno fueron tajantes: “Si te alquilo una casa por un año, no la podés subalquilar por diez”.
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