Los reclamos de la oposición fueron un primer llamado de atención, que se convirtió en un requisito insalvable cuando al pedido se sumaron la UCR y la Coalición Cívica (con Mario Negri y Elisa Carrió a la cabeza), socios políticos y aliados de Cambiemos: el Gobierno nacional finalmente atendió los reclamos y excluirá a los funcionarios del blanqueo de capitales.El martes por la noche el Gobierno hizo saber de manera informal que no podrán acogerse a la amnistía fiscal ni los funcionarios actuales ni los que formaron parte del gabinete durante el último gobierno de Cristina Kirchner.Fuentes del oficialismo hicieron una aclaración importante que seguramente volverá a generar reclamos al menos del ala más dura de la oposición: en principio, los contratistas del Estado sí podrán entrar en el blanqueo de capitales; por supuesto, siempre que no estén involucrados -como Lázaro Báez- en causas con proceso firme. De todos modos aún falta conocer la letra chica, que podrá leerse tras la redacción final del proyecto.Para acceder al "sinceramiento" fiscal habrá tres opciones: pagar un impuesto especial, suscribir bonos por el monto declarado y hacer inversiones de largo plazo en la Argentina; por ejemplo, para financiar obras de infraestructura, para vivienda, créditos hipotecarios o pymes.La tasa a pagar dependerá del monto declarado. Si son menos de $305.000, no paga nada. Entre $305.000 y $800.000, pagará un impuesto del 5 por ciento. Por encima de $800.000, abonará el 10 por ciento. Para los que ingresen al programa después del 1 de enero de 2017, la alícuota se elevará al 15 por ciento.Todo lo recaudado en impuestos a los fondos declarados será destinado a la Anses, es decir, a los fondos del sistema previsional argentino; a los jubilados.El programa exime a los que ingresen fondos de las responsabilidades tributarias, pero no exonera la responsabilidad sobre el origen de los fondos, ni tampoco sobre "posibles investigaciones penales sobre actividades ilícitas".Fuente: Medios Digitales
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