Con respaldo del arco opositor, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para regular el derecho de acceso a la información pública en Argentina, que junto con Bolivia, Venezuela y Cuba, integra la nómina de países que carecen de una ley al respecto en la región.La votación fue casi unánime, con 229 votos a favor, cuatro en contra –del Frente de Izquierda- y una sola abstención, de Julio Solanas (FpV). La iniciativa pasó al Senado para su sanción definitiva, aunque comenzará a regir recién pasado un año de su publicación en el Boletín Oficial.Si bien la oposición acompañó el proyecto en general, objetó las excepciones planteadas para la entrega de información, mientras las organizaciones de la sociedad civil, que participaron del debate en comisión, habían cuestionado la falta de “autonomía” de la autoridad de aplicación de la ley, que dependerá del Poder Ejecutivo.El proyecto establece en principio que “toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado”.La ley incluye a los tres poderes del Estado; esto quiere decir que están obligados a suministrar la información requerida la administración pública nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, y las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria.También son sujetos obligados los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios, empresas, partidos políticos, sindicatos, universidades y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre otros.Toda solicitud de información debería ser satisfecha en un plazo no mayor a 15 días hábiles, prorrogables por otros 15 en caso de “mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada”.El proyecto plantea una serie de excepciones para la entrega de información, como cuando se trata de “información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior” o “información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”.Otras excepciones tienen que ver con “secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos”, “información en poder de la Unidad de Información Financiera (UIF)”, aquella que “pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona” o la que estuviera “protegida por el secreto profesional”.La iniciativa crea una agencia de Acceso a la Información Pública, como ente autárquico, que funcionará con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, y cuyo director será elegido por el Poder Ejecutivo en un procedimiento “público, abierto y transparente que garantice la idoneidad del candidato”.Carrió contra LorenzettiLa diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-Cambiemos) volvió a embestir contra el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. "¿Cómo es posible que no podamos acceder a la declaración jurada del presidente de la Corte, Lorenzetti, y de los jueces de los demás tribunales?", lanzó Carrió y pidió modificaciones al texto de la norma para que esté incluido el Poder Judicial en el alcance de la iniciativa.La diputada, que recibió el apoyo del resto de la cámara, explicó que su pedido pasa por cerrar la posibilidad de que en el futuro el máximo tribunal redacte una acordada que lo exima de cumplir con esas obligaciones. Carrió acusó además a la Corte Suprema haberse "arrogado funciones legislativas en los últimos años", con la firma de esas acordadas.En este marco, reclamó que "sea causal de juicio político cualquier decisión judicial que vaya en contra de la presente ley", lo que recibió el respaldo del resto de los diputados.Además, en otro orden, Carrió acusó a Lorenzetti de "manejar" el comité de inversiones del Consejo de la Magistratura y de no haber aceptado nunca responder a sus pedidos de informes sobre el manejo de esos fondos.Fuente: Télam
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