La decisión de Jujuy de aceptar la propuesta del Gobierno central respecto a la devolución del 15% de los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos que se descontaron a las provincias en favor de la Anses, en el último decenio, llama a la reflexión. La preexistencia de una resolución de la Corte Suprema de Justicia en favor de un grupo de provincias, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis, exigiendo al Gobierno nacional la restitución de los fondos, sentó un precedente que no deja dudas sobre el derecho de los Estados provinciales a una reparación similar.En la práctica, sin embargo, la mecánica de restitución debe tomar en cuenta parámetros vinculados a la financiación del Estado, y por esa razón los fondos se devolverán en base a un esquema extendido en el tiempo. Menos claro resulta, en tanto, que las provincias deban resignar seis puntos a favor del Estado nacional, como establece la propuesta aceptada por Jujuy, a la que siguió Tucumán; provincias que recibirán sólo 9% del 15% estipulado.Si existe un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la última prórroga -inconsulta- de la detracción que se inició por un pacto federal en 1992, la aceptación de que se restituya un monto sensiblemente menor al descontado no parece congruente con el acto de justicia que se promueve.Por su cercanía política, es posible entender que el gobernador de Jujuy haya aceptado de motus propio la limitación a un derecho de su provincia; sin embargo, se justifique o no, el hecho implica supeditar el interés provincial en favor del Gobierno central. Tratándose de un desfasaje originado en la gestión de los impuestos coparticipables, la discusión de una generalización del esquema a todas las provincias; que impulsaría el ministro Frigerio mañana en una reunión con funcionarios provinciales; merece un profundo análisis. La atención a las urgencia antes que a los derechos, y al Estado nacional por encima del país federal, recordemos, nunca ha dado buenos resultados.
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