Alrededor de la cuarta parte del presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante local para este año, está comprometida en el pago de adicionales sólo al personal adscripto entre 2015 y 2016 a otras reparticiones provinciales y cuya quita decidió ese cuerpo en marzo pasado. De un cálculo de gastos de 105 millones de pesos, unos 24 millones deberían destinarse al pago de esos “extras” –y sin contar sueldos- de los 210 empleados que, dependiendo del Deliberativo, trabajan fuera de él.A esa cifra deben agregarse otro 1.680.000 pesos mensuales en concepto de salario que cobra ese personal, pero que no están alcanzados por la ordenanza de este año que restituyó la previsión original del Estatuto del Agente Municipal (XV 11, antes 1.059, sancionada en 2003). Esa reforma, deroga la ordenanza XV 22 que establece cambios en la redacción del artículo 76 de la primera, donde además de reglar ese régimen no tan excepcional, dispone que “el agente adscripto mantendrá los adicionales y beneficios adquiridos, exceptuando aquellos que se originen en el cumplimiento de funciones jerárquicas”.Un problema mucho mayorEsos “extras” significan hasta el 60% de los haberes percibidos por algunos de estos empleados “prestados” que reciben muchas veces pagos que duplican al de los propios concejales. Un buen número de ellos supera con holgura los 20 mil pesos mensuales y alcanzan 27 mil o 28 mil en varios casos.La situación ya creó malestar entre el personal estable del Concejo y se manifestó en las dos últimas sesiones: en una pidiendo el pago de ese emolumento descontado; y la otra, repudiando expresiones de algunos de esos reclamantes.El problema sería mucho mayor porque el total que se paga mensualmente en estos emolumentos es superior: sumaría 5 millones de pesos –de acuerdo a fuentes del área de Recursos Humanos- ya que, según la propia estimación del presidente Alejandro Velázquez, alrededor del 60% de quienes reciben sueldos del Concejo prestan tareas en otras reparticiones.Esa dadivosidad convertida en un enorme “barril sin fondo” para un presupuesto, representaría el 50% del cálculo de gastos sobre-ejecutados en 2015 y desfinanciaría al Concejo en los próximos meses, demandando una ampliación de dinero, gestión que exigirá una larga negociación con el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).Reclamo ante la Justicia laboralLa quita de los adicionales, sancionada por unanimidad este año –incluso con el voto de quienes en 2015 aprobaron la reforma del Estatuto-, generó el reclamo ante la Justicia laboral de una veintena de empleados que plantearon un recurso cautelar al ver afectados sus ingresos, lo que generó una orden de “no innovar” de la jueza laboral 3, Elisa Élida Álvarez de Correa. En ella, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, la magistrada ordenó la restitución de esos emolumentos suspendidos, fijó una multa por el incumplimiento de la disposición judicial y estableció un plazo de cinco días hábiles para que el Concejo haga su descargo.Según explicó el presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Velázquez, ese fallo laboral fue ingresado a la Mesa de Entradas del Deliberativo con posterioridad al envío a Tesorería Municipal de la orden de pago para los salarios de abril -el Ejecutivo debe prever los fondos y depositarlos para la cancelación de haberes-, con la quita prevista en la última de las ordenanzas sancionadas. Y anticipó además que, en tanto retendrá los emolumentos anulados, apelará la decisión judicial, ya que existiría contraposición entre esa resolución de la jueza Correa y otra previa, también del fuero laboral, que desechaba la cautelar planteada por los trabajadores.El titular del colegiado municipal señaló también que entiende que el régimen de adicionales constituye una retribución a tareas especiales, capacitación o manejo de fondos –y así está establecido- y no puede ser asumido como una mejora salarial. Cuando esa responsabilidad temporaria finaliza, también caduca el adicional; y en el caso de las adscripciones, si hay una actividad específica diferente, debería ser la repartición que recibe al trabajador la que la bonifique. Ejemplificó que en el Concejo hay ocho empleados adscriptos desde otras reparticiones, la mayoría de los cuales cumplen la función de taquígrafos por lo que el cuerpo les abona el adicional correspondiente y no lo hace la Legislatura provincial –de donde provienen- que sí paga sus sueldos. Desde hace poco más de dos años y tras la pérdida (por jubilación y fallecimiento) de los taquígrafos propios, ante la falta de personal experto en esa tarea, se decidió convenir con la Cámara de Representantes el auxilio de ese personal para esa labor durante las sesiones, en el recinto.Régimen de adscripcionesEl Estatuto del Agente Municipal establece ese régimen de adscripciones que puede concederse a pedido del responsable de la repartición o quien reclama a ese personal, con fecha determinada o indefinidamente. En el caso del Concejo, es el presidente quien las autoriza o las suspende y fue el propio Velázquez quien permitió las concedidas este año y mantuvo las existentes previamente, algunas con varios años de permanencia en la propia casa y en las más variadas reparticiones de los tres poderes provinciales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Aunque en algunos casos ese personal tiene otro destino (servicio doméstico u otras tareas privadas) y muchas veces el ingreso se subdivide entre varias personas.Verdadero botín políticoEn la mayoría de los casos, constituye un “botín político” que oculta el real volumen de las nuevas designaciones y un número indefinido de “ñoquis” (no todos), sin tarea específica. Cada mes el responsable del área a la que fue adscripto el empleado, debe enviar una certificación de servicios a la Dirección de Recursos Humanos del Concejo municipal para que éste disponga el pago de haberes. Aunque hay ocasiones, como ocurrió durante 2015, por ejemplo, en que, sin cumplir con ese requisito e incluso sin legajos personales completos, igualmente se libraron las órdenes de pago.El número de adscriptos por el Deliberativo fuera de su casa es indefinido –arrastra décadas y la documentación no siempre es clara-. Sólo en el último año y medio sumó 210 personas, de las que alrededor del 70% corresponden al Centro del Conocimiento y a una poco conocida organización no gubernamental (ONG), según estimó Velázquez. Ambas instituciones están identificadas con la anterior titular del Deliberativo, Magdalena Solari (es la actual presidenta del primero), quien anticipándose a lo que podría suceder en el futuro habría propuesto la modificación del Estatuto para estabilizar el pago de adicionales. La iniciativa aprobada en abril del año pasado para mantener el pago de los adicionales fuera del Concejo fue de su responsabilidad.Sin lugar físico ni tareas disponible
sVelázquez también precisó que es imposible disponer el regreso de todo ese personal, ya que no existe espacio físico para contenerlos y ni tareas para destinarles, así como la legislación vigente dificulta la posibilidad de cesantearlos. “Aunque no es mi propósito echar a ningún trabajador”, dijo.A este respecto, cabe recordar, por ejemplo, lo ocurrido a principios de 2010, cuando la entonces titular del Concejo, Felisa Gottschalk, decidió cortar todos esos permisos. El Concejo se vio de pronto superpoblado y un número indefinido de empleados que deambulaban por los pasillos, sin funciones ni lugar físico donde ubicarse.En aquella época el personal rondaba los 400 empleados y a diciembre de 2015, tras cuatro años de presidencia de Magui Solari, ya sumaban 1.486 entre personal de planta, contratados y becarios, cifra que con posterioridad se redujo a menos de mil.Hoy el personal de planta alcanza a los 730 agentes y el espacio físico se ha ampliado algo más con los anexos.Alguna vez, quien en los últimos años ocupó más tiempo una banca en el Concejo (tres mandatos, los últimos dos sucesivos) y el primer presidente del cuerpo tras el retorno a la democracia, en 1983, Osvaldo Navarro, recordó que 32 años atrás, en 1984, los ediles eran nueve y los empleados sólo 45, el 3% de los que hubo el año pasado.Escenario: se debe cambiarEl tema de las adscripciones en el Concejo Deliberante de Posadas es de muy larga data, aunque en los últimos años se ha vuelto más inmanejable. Anualmente representa un verdadero agujero negro para el presupuesto deliberativo -cuyos fondos debe proveer el Ejecutivo-, donde el principal destino es el de los compromisos salariales.Desde el retorno a la democracia el crecimiento del personal fue exponencial en lo que, para muchos, es un verdadero botín político del que ciertos concejales continúan dependiendo indefinidamente después de su finalización de mandato. Ya sea de manera directa o a través de algunos de sus asesores heredados por el cuerpo.Esta situación de peligrosidad creciente requiere la búsqueda de una urgente solución y una firme restricción en las nuevas designaciones “de favor” y en la limitación de las ya existes. Sobre todo porque en la mayoría de estos casos el costo indemnizatorio seria insostenible, tal como puede suceder con la supervivencia viable de uno de los dos departamentos del gobierno municipal que, carente de recursos propios, depende financieramente del poder administrador. Y ésta es una excelente ocasión como para producir un cambio en ese comportamiento irresponsable de las sucesivas conducciones del cuerpo, donde, por lógica, hubo alguna excepción. De otra manera, más temprano que tarde, la situación podría volverse incontrolable y no sólo por la “voracidad” de algunos malos políticos.
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