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Por el aumento de los subsidios, piden freno a la suba del boleto

30 abril, 2016

Usuarios del transporte urbano de pasajeros de Posadas, Garupá y Candelaria coincidieron en reclamar que se congele el precio actual del boleto en estas ciudades y que se suspenda el segundo tramo del aumento previsto para julio, ya que las empresas se verán beneficiadas con el incremento de los subsidios nacionales en un 37%, según anunció hace tres días el titular de la cartera de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Mientras que el anuncio de más millones para engrosar las financias empresariales sorprendió a la gente que usa los colectivos, las firmas, rápidas de reflejos, ya adelantaron que el aumento “no es suficiente” para las eternas pérdidas que dicen padecer. “Necesitamos más incremento de tarifas o más subsidios”, habían advertido en febrero, aún pese a que ya cobraban el boleto más caro desde principios del año. “La tarifa sigue siendo insuficiente para afrontar salarios y costos del combustible. Este incremento en los subsidios significa apenas un reconocimiento” dijeron hace dos días y en tono de advertencia desde Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta), la entidad que nuclea a las firmas del Sistema Integrado de Transportes Metropolitano, que componen el “Grupo Z”.Las empresas, según este comunicado, estarían preparando el terreno para exigir un nuevo incremento del pasaje en el segundo semestre del 2016, por encima del ya acordado. Pero resulta que la afirmación no es del todo cierta, puesto que de los datos oficiales surge que efectivamente han tenido incrementos constantes y superiores a los índices de inflación, tanto en el costo de los boletos como en los subsidios que reciben desde la Nación. Las cifras del privilegio El "pulpo" misionero será beneficiado con el anuncio nacional pese a los notables incumplimientos de los compromisos asumidos tras la última suba del boleto. El último incremento impactó fuertemente en los bolsillos y tendrá una segunda arremetida en el mes de julio, cuando se complete el aumento de dos tramos: el primero de 16,07 por ciento vigente desde enero, y el segundo del 11,53 desde mediados de año. La suba totalizará así un 27,60 %  y fue acordada bastante antes de que se conocieran los porcentajes de ajuste salarial tras las primeras paritarias. De hecho, la administración pública misionera tuvo una recomposición del 25%, también en dos tramos. Yendo a las cifras, las empresas del área metropolitana recibieron 220.913.432,74 de pesos en subsidios nacionales en el año 2015. El monto es 45 millones de pesos superior a los 175.039.692,66 millones que llegaron por el mismo concepto en 2014. El total de 220 millones también es alevosamente superior a los 91 millones que se les dio desde la Nación en 2012. Según estos datos oficiales, en los últimos cuatro años estas empresas recibieron un incremento del 55% en los subsidios nacionales, a los que se sumará el 37% anunciado por el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, un 92% de aumentos de los aportes “de todos los argentinos” para solventar los costos básicos que tienen las prestatarias. Y peor: aplicando el 37% de incremento que anunció el gobierno  nacional para estas firmas, las cuatro que prestan servicios en  Posadas, Garupá y Candelaria recibirán 80 millones más en lo que va de 2016. Sólo para algunas Esta catarata de millones de pesos que pese al cambio de signo político, envió y enviará a Misiones el gobierno nacional, sin embargo no beneficia en forma pareja a todas las empresas prestadoras. Las del interior siguen “cayéndose a pedazos” por falta de apoyo mientras las firmas Casimiro Zbikoski, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario, que concentran el 90% del servicio de las localidades de Posadas, Garupá y Candelaria, acaparan proporcionalmente la mayor parte de los subsidios. Estas tres firmas recibieron 184 millones de pesos en 2015, tanto en dinero en efectivo como por descuento en la compra de gasoil. El resto de las prestadoras de toda la provincia, (48 empresas en similar número de localidades, mas la firma Bencivenga, que también trabaja en Posadas pero con una porción minoritaria del mercado) se tuvieron que conformar con 339 millones de pesos. En porcentajes, las tres primeras se llevaron el 40% de los recursos de la Nación, mientras que las 48 restantes se han tenido que repartir el 60% restante, marcando la clara concentración del mercado y el favoritismo que existe en Misiones hacia el cuestionado grupo empresarial. Que congelen el aumento Ante la certeza de que las empresas de colectivo del grupo Z seguirán siendo las más beneficiadas de la provincia con los subsidios nacionales, usuarios consultados reclamaron que la provincia y las municipalidades suspendan la aplicación del segundo tramo del aumento otorgado en diciembre pasado, y ya no consideren otorgarles nuevos incrementos durante este año. Ernesto Romero, referente comunitario de Itaembé Miní, dijo que “si se mantiene la misma política de subsidios desde la Nación, no cambió nada y menos para los usuarios” ya que “se les da millones de pesos a las empresas sin exigirles contraprestación, es decir, sin exigir que mejoren el servicio”. Lamentó que “no haya cambiado nada” en relación a los privilegios de las empresas del grupo Z, ya que “ponen más plata pero en lugar de tener mejor servicio, tenemos empresas cada vez más ricas con usuarios cada vez más pobres”. El vecino dijo que mientras los privilegios continúan, se acentúa la falta de control: “Carecemos de representación política con los concejales del área metropolitana. No nos defienden, no se plantan”, espetó, y recordó que en las audiencias públicas, “estos mismos concejales nos mandan al frente a los usuarios para que reclamemos, pero ellos ni siquiera aparecen para escuchar, es una falacia”. Gustavo Leiva, referente de una de las agrupaciones de usuarios del transporte urbano de Posadas,  coincidió en el planteo: “Si hay subsidios del Estado, la metodología de otorgamiento no es la correcta porque el servicio no mejora. Se llevan lo de la venta de los boletos y los aportes millonarios, pero en calidad del servicio todo sigue igual o peor”. Recordó que Posadas tiene uno de los boletos más caros del país, pese a lo cual hay “paradas fantasmas, colectivos sin aire acondicionado con temperaturas de 40 grados, barrios que siguen sin servicio o con frecuencias acotadas, y ni hablar de la segunda estación de transferencia que no se habilita por lo que miles de usuarios siguen pagando doble para ir a trabajar”. “No se justifica ningún aumento, y menos cuando les aumentan los subsidios”, disparó. El “rojo” de los usuariosSólo para la enumeración simplificada de lo que padecen diariamente los usuarios, vale recordar que el grupo empresarial no avanzó en la solución que permita habilitar la estación de transferencia de la avenida Quaranta, tras la construcción de la fachada sobre un caño maestro de agua potable que impide su utilización; tampoco avanz&o
acute; en la implementación de un sistema mixto de boleto electrónico que permita compatibilizar la tarjeta otorgada por el Sube Misionero (la firma creada por el mismo grupo Z) con la tarjeta Sube nacional. Pese a que se anunció esta posibilidad para el mes de enero de 2016, todavía los usuarios del área metropolitana no pueden acceder a los beneficios que contempla el sistema nacional para los sectores más golpeados de la economía (descuentos a beneficiarios de la AUH, por ejemplo). Tampoco se cumplieron los prometidos avances a partir de la inauguración de un centro de control y monitoreo en Posadas, que funciona a medias y que la mayor parte de las veces se encuentra cerrado. En este marco, la “aplicación” para celulares que supuestamente iba a servir para que el usuario conozca los horarios de llegada y salida de los colectivos, los carteles con tecnología digital en las paradas con datos sobre el tiempo de espera y el control satelital de las unidades y frecuencias, parecen anuncios de ciencia ficción.  Mucho más lejos está la posibilidad de avanzar en la construcción de la tercera estación de transferencia en la zona del acceso Oeste y Ruta 12, por lo que miles de vecinos de los barrios Itaembé Guazú, Aeroclub, Nemesio Parma y Cruz del sur seguirán pagando doble y por mucho tiempo, para trasladarse a otro punto de la ciudad que no sea el centro.

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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