En el ámbito del Congreso nacional se gestaron en las últimas semanas al menos tres proyectos que buscan declarar la emergencia ocupacional; uno de los cuales ya tiene dictamen de comisión y establece, además de la emergencia, el pago de una doble indemnización en casos de despidos compulsivos. El común denominador es la preocupación por los despidos de los últimos meses, tanto como por la pérdida de empleo a causa de fenómenos como la inflación que frena las posibilidades de reactivación de la economía, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas, las principales dadoras de empleo en el país. A este panorama crítico debe agregarse, pero como un dato positivo, el anuncio del envío al Congreso de un proyecto de ley del Primer Empleo, que estimularía a las empresas a tomar personal con exenciones impositivas por un período de tres años, y que contempla una aplicación especial en las provincias del NEA y NOA.La subvención del ingreso de jóvenes a la vida laboral es una herramienta que se aplica en varios países y apunta a despejar tensiones en el mercado laboral a la hora de responder a los relevos generacionales; con lo cual cumple una función invalorable; sin embargo este instrumento será válido siempre y cuando se recueste en un marco de estabilidad y crecimiento de la economía y generación de empleo genuino. Resulta llamativo, por tanto, que en este contexto el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, relativice las dificultades en el mercado laboral, admitiendo apenas “ciertos niveles de tensión en los sectores de la construcción y las manufacturas”, y afirme que el Gobierno nacional ve “un crecimiento del empleo en el sector del comercio y los servicios”. Sin soporte estadístico o documental alguno, los dichos del ministro recaen en un vicio conocido de la política argentina, la politización de datos de base de la realidad económica -como el nivel de empleo, fundamento a su vez del mantenimiento de la paz social- que exigen un tratamiento riguroso y objetivo.
Discussion about this post