La aprobación de un dictamen de comisión para la sanción de una ley anti despidos, que establecería una emergencia ocupacional por seis meses, prohibiendo los despidos en el sector público y el privado y, en caso de efectuarse, establece la doble indemnización como alternativa para el trabajador cesanteado, se impone como un tema central en el debate legislativo a nivel nacional.El anticipo de parte del Gobierno nacional de un posible veto presidencial a la iniciativa que apoya una mayoría opositora, en caso de aprobarse, ubica, sin embargo, al incipiente debate en un marco duro de posturas excluyentes y medidas drásticas, tesitura que no aportan al tratamiento ponderado que merece la propuesta.Es que en medio del juego de posiciones de la política, si bien se aborda un problema acuciante del cual surge una genuina preocupación por proteger el nivel de empleo; se apela a una solución de emergencia que no contempla las consecuencias en el contexto económico en que se inscribe. En este sentido, merece ser tomada en cuenta la postura expuesta por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came); que se manifestó preocupada porque ya hay 120 mil despidos, pero advirtió que las pyme no podrán afrontar una doble indemnización. Aunque reconoció la necesidad de “buscar alternativas para detener ese flagelo en el sector público y privado y que afecta a los trabajadores y a miles de familias argentinas”, la entidad instó a “dimensionar que en el sector privado, y especialmente en las pequeñas y medianas empresas, esa situación ocurre por la caída en los niveles de producción provocada por la retracción en la demanda de consumo, por la casi nula demanda de inversión, por las aceleración de la inflación, y por las altísimas tasas de interés ”. “En esas condiciones -remarcó la entidad – la doble indemnización crearía niveles de conflictividad alarmantes, especialmente para las pyme más pequeñas, que llevarían al cierre definitivo de muchas de ellas”.
Discussion about this post