Todo indica que la denuncia penal que fue radicada hace dos semanas contra el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Thomas, y el exministro del Superior Tribunal de Justicia Sergio César Santiago, deberá dirimirse en alguno de los tribunales federales de Comodoro Py, en Capital Federal, los mismos que ahora investigan la ruta del dinero K, el posible lavado de activos y los más resonantes casos de corrupción. Es que el martes trascendió que el Fiscal Penal en turno no sólo inició la instrucción formal del expediente, sino que además solicitó la inhibición por razones de competencia, ya que el contrato que habría originado el delito denunciado (presunta malversación de fondos públicos) se firmó en Capital Federal. Ahora será la jueza María Verónica Skanata la que apruebe la mudanza del expediente a Buenos Aires o decida quedarse con la investigación, aunque en los fueros federales locales se descarta el traslado. La denuncia penal contra los polémicos personajes misioneros fue tramitada por el diputado provincial Gustavo González (UCR), quien entendió que ambos exfuncionarios podrían haber incurrido en varios delitos contra la administración pública al concretar un contrato de prestación de servicios entre la EBY y Santiago, al mismo tiempo que este último ejercía el alto cargo de Ministro del Superior Tribunal de Justicia. González sostiene que es inverosímil que Santiago haya cobrado 45 mil pesos mensuales durante los últimos cuatro años para realizar tareas de “docencia e investigación” en una dependencia que nada tiene que ver con las universidades o centros de enseñanza habilitados. De allí que la denuncia penal radicada sugiera que hubo al menos malversación, aunque una vez que avancen las investigaciones “podrían surgir otros delitos, ya que solicitamos una abundante producción de pruebas que esperemos que el fiscal considere pertinentes”, señaló el legislador. González no fue notificado pero estimó que si se confirma el traslado, ello no representará un impedimento para la investigación. “Si en la denuncia interviene un juzgado federal de Buenos Aires, allá iremos a insistir con la necesidad de que esta gente rinda cuentas. Y vamos a acompañar y a ayudar en la producción de pruebas y todos los demás aportes que podamos acercarle a la Justicia para que delimite las responsabilidades en el caso”, aseguró al ser consultado por PRIMERA EDICIÓN. Un dato revelador y entusiasta ronda la tramitación del expediente “caliente” que podría llegar a los fueros porteños en los próximos días: el fiscal que intervino en un principio y que receptó la denuncia, también habría sugerido la producción de más pruebas que serían de gran importancia para la causa, por ejemplo, el listado de casos en los que intervino Santiago como ministro mientras fue también empleado de la EBY.Todavía falta para conocer los primeros resultados “pero la rueda ya está girando y confiamos en el impulso de la Justicia Federal para investigar delitos de corrupción” se confió González. Un escándalo “doloso”En febrero PRIMERA EDICIÓN dio cuenta sobre la escandalosa relación laboral del entonces ministro del STJ y la EBY, relación que sólo se manejaba como una fuerte versión. Fue la propia entidad, ahora conducida por Humberto Schiavoni, la que confirmó la existencia de un contrato laboral entre Thomas y Santiago firmado en 2011 y renovado año a año hasta mediados de 2015, en simultáneo al ejercicio de la más alta magistratura provincial por parte de este último, y el un claro caso de incompatibilidad. Por el escándalo, Santiago presentó su dimisión el 29 de febrero.
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