Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Provea denunciaron este lunes casos de detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos y al menos veinte ejecuciones extrajudiciales en el marco de redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela.En un informe conjunto, HRW y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmaron que los abusos se cometieron durante la Operación Liberación del Pueblo (OLP), implementada en 2015 y por la que se ha desplegado un gran número de policías y militares en zonas consideradas “violentas”.“En múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos -incluyendo asesinatos ilegales- nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección”, aseguró el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un comunicado.HRW y Provea presentaron este lunes las conclusiones de su informe en una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.Las dos organizaciones analizaron testimonios de “decenas de residentes de Caracas y de cinco estados (Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia) que afirmaron haber sido víctimas de abusos durante redadas de la OLP o haber presenciado abusos sufridos por otras personas”, sostiene el comunicado sobre el informe.El pasado febrero, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que 245 personas habían muerto en el marco de ejecución de la OLP en 2015, y “decenas más han sido asesinadas” desde que empezó este año, según HRW. Aunque el Gobierno venezolano ha atribuido esas muertes a “enfrentamientos” con delincuentes armados, las dos organizaciones identificaron “veinte casos en los cuales familiares de víctimas o testigos indicaron que no se había producido ningún enfrentamiento”.Entre ellos hay “varios casos en los cuales las víctimas fueron vistas con vida por última vez mientras estaban bajo custodia policial”, de acuerdo con el informe.“La enorme disparidad en la cantidad de víctimas fatales resta credibilidad a la afirmación del Gobierno de que las muertes se produjeron en situaciones en que delincuentes enfrentaron de manera violenta a la Policía”, aseguraron las organizaciones.Además, denunciaron que las fuerzas de seguridad “detuvieron temporalmente a más de 14 mil personas” entre julio y enero y “menos de 100 fueron finalmente acusadas” de algún delito, y deportaron a “cientos de colombianos” que “habían pedido asilo o eran personas a quienes Venezuela había reconocido la condición de refugiados”.Fuente: agencia Télam
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