Las críticas sobre la gestión al frente de la Dirección General de Catastro de Misiones se suceden desde hace tiempo, pero en los últimos días hubo una situación puntual que a decir de los agrimensores, pinta de cuerpo entero la extrema burocracia que rodea a la institución y la gravedad de sus consecuencias. La esposa de un reconocido agrimensor de 86 años, que se encuentra convaleciente tras una compleja cirugía y se traslada en silla de ruedas, denunció un hecho de discriminación e incomprensible destrato por parte de la directora de la dependencia, Nilda Rolón de Regali; y tal fue su indignación que puso al tanto al gobernador Hugo Passalacqua para que tome cartas en el asunto. Margarita Carlotto es esposa de Pablo Moroz, ingeniero civil y agrimensor nacional, uno de los primeros de la profesión en la localidad de San Vicente. Desde hace 57 años ambos sostienen la inmobiliaria Payma, también una de las primeras del rubro en la zona centro. Según la denuncia de la mujer, la directora de la dependencia ignoró dos autorizaciones (una realizada a modo particular y la segunda ante un escribano público) para que un colaborador del profesional realizara gestiones en su nombre ante las oficinas de Posadas, ya que a él mismo le resulta imposible hacerlo por su delicado estado de salud. La directora no sólo rechazó ambas autorizaciones, sino que además exigió al profesional que se presentara en persona. “El agrimensor, de 86 años de edad, en silla de ruedas, tuvo que concurrir en forma personal a catastro estando a 200 km. de distancia; hecho que dio vergüenza faltando a la dignidad y respeto del ser humano, ya que en dicha repartición no poseen rampa para sillas de ruedas, ni ascensor”, puntualizó dolorosamente la esposa de don Pablo en la misiva dirigida al primer mandatario. Reclamos por doquier La esposa del profesional que sufrió el lamentable episodio reclamó al gobernador lo que muchos otros agrimensores señalan como falencias, a saber: “que la Dirección sea ejercida por una persona idónea, agrimensor o ingeniero; que las correcciones de los trabajos de los profesionales de toda la provincia, sean ejecutadas bajo el gobierno de varios profesionales de esta Dirección en simultáneo, para que cada uno se haga cargo de sus correcciones. De esta forma agilizaríamos los trámites en beneficio de los profesionales y de la celeridad en la aprobación de las mensuras que redundarían en un mayor porcentaje de cobro de los impuestos inmobiliarios”. También le solicitó a Passalacqua que la dependencia atienda con prioridad a todos los profesionales independientes “ya que ellos viven de su profesión, sin sueldos y con una magra jubilación”, la mayoría de ellos trasladándose desde localidades del interior de la provincia. Finalmente le solicitó “un nuevo edificio con rampas y ascensores, para que todos los profesionales con alguna incapacidad motriz puedan acceder a todas las oficinas, ya que es una verdadera vergüenza el estado actual del mismo”. Y en una dura crítica a la responsable de la Dirección, señaló: “mi esposo no solo es un trofeo provincial por lo que ha hecho y aun hace, y merece el respeto como todo profesional y ser humano. Se desprecia el profesionalismo. Ojalá hubiera sido agrimensora (la directora) porque llevaría al máximo nivel dicha profesión, pues valiéndose de ella la provincia saca jugosos réditos, ellos son hoy en día la mano de obra más valiosa en la que se apoya el Estado. A través de ellos, con una mensura recaudan fuertes sumas viejas y casi incobrables. Son ellos los que dejan limpias las tareas a los escribanos, abogados, renta y otros”. Importante afectaciónEl pasado 16 de enero, PRIMERA EDICIÓN publicó un <a href="http://www.primeraedicion.com.ar/nota/211295/duras-criticas-por-la-burocracia-de-catastro.html">informe sobre los efectos de la burocracia en Catastro</a> según los testimonios de los agrimensores directamente perjudicados. Según ellos, cada trámite de registro de planos de mensuras, de emisión de certificados catastrales o de constitución o verificación de estados parcelarios dura, en promedio, seis meses. El retraso podría parecer un problema restringido a los interesados si no fuera porque “afecta directamente a todo el mercado inmobiliario de la provincia”, a la vez que perjudica a quienes inician eventuales trámites para la regularización de la tenencia de la tierra, especialmente en zonas rurales en las que es alto el índice de ocupación e intrusión. En el tráfico inmobiliario, la imposibilidad de contar en tiempo y forma los trámites retrasa, y a veces frustra, la venta y posterior escrituración de los inmuebles, según denuncian los operadores. Por este motivo en los últimos tiempos “creció la informalidad en las operaciones”.
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