Infame

Quienes apenas éramos unos niños durante la década del 80, crecimos viendo y escuchando cosas acerca de la deuda externa, siempre representadas a través de caricaturas de monstruos chupasangres vestidos de traje, galera y bastón. Años después entendimos que no eran en vano esas asociaciones. El Fondo Monetario Internacional  y un nefasto ministro de economía, eran la cara de la crisis económica con la que después debió lidiar el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989). En las primeras horas de este jueves último, el Senado de la Nación aprobó el pago a los fondos buitre o holdouts, por casi 12 mil millones de dólares. En las negociaciones previas, los representantes de esos fondos especulativos exigieron que sea efectivizado antes del 14 de abril. De lo contrario, todo lo conversado volvía al inicio y por ende, el monto a pagar será aún mayor. Se cree que esta acción irá a cerrar el capítulo de la descontrolada y no controlada deuda externa que creció exponencialmente desde 1976, y que terminó cayendo en un agujero el 23 de diciembre del 2001, cuando en el Congreso el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá decretó la “suspensión” del pago de la deuda externa argentina.Al respecto, durante el debate que comenzó este miércoles último en la Cámara Alta, la senadora por San Luis, Liliana Negre de Alonso, salió en defensa de su coterráneo, quien además se encontraba sentado a su lado. Dijo que quería romper con el mito que se construyó durante 14 años, acerca de que fue “el Adolfo” el que hizo entrar a la Argentina en el default más grande de la historia mundial. “No dijo que declaraba el default, dijo que iba a declarar la suspensión de pagos para que lo estudie el Congreso”, y citó textualmente sus palabras en aquella tarde: “Esto no significa el repudio de la deuda externa”. Según la senadora, la decisión del entonces presidente se contextualizó en el fallo de la “Causa Olmos sobre la deuda externa”, donde el juez Jorge Ballesteros dictó que 477 acreencias eran ilegales y no estaban fundamentadas, por lo cual Rodríguez Saá había pedido que se revise esos datos antes de reiniciar el pago a los acreedores externos. La investigación y la denuncia realizadas en la década del ‘80 por Alejandro Olmos, periodista tucumano, fue clave en la decisión de suspender el pago, aquel 23 de diciembre. Olmos fue quien denunció a Alfredo Martínez de Hoz, por haber llevado a la Argentina a multiplicar por nueve la deuda externa entre 1976 y 1982. Ese ministro de Economía asumió el 2 de abril, en la semana siguiente al golpe de Estado encabezado por Videla, Massera y Agosti. En su primer discurso como funcionario dijo: “Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas…”.El país ya sufría una crisis económica y el plan del flamante ministro fue mudar el modelo de sistema productivo por el financiero. Se cambiaron leyes para permitir el arribo de capitales que permitieron nutrir de fondos las reservas del Banco Central, y a la vez permitió la apertura de bancos y financieras en un marco de tazas a los depósitos del orden del 35%. Se dio inicio a la “bicicleta financiera”. Era más rentable colocar depósitos a plazo fijo que invertir en producción. Fondos extranjeros arribaron de a millones a la Argentina atraídos por la alta tasa de interés. Entraba dinero a los bancos y luego salía hacia el exterior con los dividendos que le otorgaban las exuberantes tasas. Hubo empresas y banqueros locales que se endeudaron en el exterior y trajeron esos capitales para colocarlos en los bancos. La ganancia que otorgaba el nuevo sistema argentino les permitía pagar el préstamo que sacaron afuera y además quedarse con la renta del 35%  sin mover un solo músculo. El plan de Martínez de Hoz fracasó, la economía quedó en peor estado, con empresas nacionales cerradas por la invasión de productos extranjeros de mejor calidad y a menor precio. Las deudas externas de las empresa locales fueron estatizadas y los préstamos que dio el FMI durante esos años no fueron al desarrollo, se perdieron en la nebulosa de la noche más oscura que comenzó aquel marzo del ‘76. En siete años la deuda externa pasó de casi U$S7.000 millones a 45 mil millones de dólares. Con Raúl Alfonsín Argentina recuperó la democracia, pero la crisis económica continuó con sobresaltos. En 1988 el país entró en moratoria para el pago de la deuda externa y finalmente la hiperinflación y la crisis social hicieron estallar al gobierno radical. Argentina pasaba a deber 65 mil millones de dólares. Con Carlos Menen la situación de la deuda no hizo otra cosa más que empeorar. Con la implementación del Plan de Convertibilidad el peso recuperó la estabilidad tan ansiada por el asalariado, pero por detrás, las acreencias externas aumentaban. Argentina era el mejor alumno del FMI. Las recomendaciones del organismo fueron seguidas a rajatabla por la administración del primer peronista neoliberal de la historia. El riojano más famoso dejó el poder con el país debiendo más de 120 mil millones de dólares. Fernando de la Rúa asumió en una crisis peor que la recibida por Alfonsín. Prometió continuar con el Plan de Convertibilidad y cuando la situación no daba para más llamó al “padre de la criatura” para que sostuviera al país. Domingo Cavallo negoció el Megacanje y el Blindaje con el Fondo Monetario Internacional. Esas medidas sólo sirvieron para asegurar flujo de capitales para que Argentina pagara la deuda, sumando recursos al Banco Central con la esperanza de que, asegurado el pago de la deuda, los fondos de inversión trajeran dólares con confianza para otros sectores de la economía. El resultado fue el estallido social, y la renuncia de De la Rúa. Argentina debía  ahora U$S 145 mil millones. Durante las presidencias de los Kirchner Argentina llevó adelante la iniciativa de cerrar el capítulo de la deuda externa. Pagaron al contado al FMI, pero con financiamiento generado en el Banco Central y la Anses, que valió muchas críticas de los economistas porque en definitiva si bien no fue con créditos externos, generó impacto en la economía local.También pagaron al Club de París, a una altísima tasa de interés prácticamente sin lograr ninguna quita. Además realizaron los conocidos Canjes de 2005 y 2010. En este caso lo que el Gobierno hizo fue llamar a los acreedores (Bancos y particulares) asegurarles que se les iba pagar al menos algo del valor total que tenían los bonos argentinos. En esos canjes, se otorgaron nuevos bonos, con vencimientos a futuro y con un alto interés a cambio de un quita de hasta el 75% en e
l valor de capital de ese bono.En esos dos llamados al canje, el 93% de los acreedores aceptó la propuesta argentina. El 6% restante no estuvo de acuerdo y el 1% (los fondos buitre) iniciaron el juicio que gracias al juez Griesa, les permitirá cobrar en pocos días 12.000 millones de dólares por bonos que habían comprado a la módica suma de U$S 32 millones. Aunque el juez Thomas Griesa aseguró que no aceptaría más reclamos por la deuda externa argentina, existe el riesgo que de ese 6% que no entró a los canjes ni aceptó ingresar al último acuerdo con los holdouts, en el futuro, con otro magistrado prepare un nuevo juicio contra nuestro país. Como dice la abuela “si Dios nos ayuda” se cerrará el capítulo de la deuda externa “antigua”. Pero no hay que dejar de prestar atención a la nueva deuda generada para pagar a los fondos buitre y los nuevos créditos externos que se van a comenzar a tomar la Nación y las provincias una vez que se pague a los holdouts. Al menos activaron mecanismos para que cada tres meses  el Congreso controle que los préstamos no se usen para gastos corrientes, y haya un seguimiento para evitar que se vuelva a un ciclo de endeudamiento que se salga de control que vuelva a poner a la Argentina en el mismo escenario que en 2001.  Alejandro Olmos fue un periodista que se empezó a interesar por la deuda que estaba contrayendo Argentina, en medio de la crisis económica impulsada por las medidas ejecutadas por el ministro de economía de la dictadura, Alfredo Martínez de Hoz. En 1982, ya con el ministro fuera del gobierno, Olmos lee en una revista de la época palabras de Arturo Frondizi. El expresidente relató que en un encuentro que había tenido con Martínez de Hoz, éste le confirmó que su proyecto económico era el de romper la matriz productiva de la Argentina, para que el país se convirtiera únicamente en productor de materias primas. Esa nota fue utilizada por Olmos como puntapié para la denuncia judicial por el origen de la deuda. Inició tres causas. La denominada Olmos 1: el endeudamiento odioso del proceso militar. Olmos 2: Endeudamiento bajo el proceso democrático. Olmos 3: Megacanje y blindaje. Olmos sostenía que la deuda no tenía justificación administrativa, económica ni financiera.  Afirmaba que los actos de endeudamiento fueron ilícitos y nunca se supo el destino de los fondos. Cuando Alfonsín llegó al poder en 1983, en el Ministerio de Economía no existían registros acerca de cuáles eran las deudas que tenía Argentina en el exterior. Los funcionarios se enteraban a medida que eran comunicados acerca de un próximo vencimiento. Ante este panorama, debieron “salir a preguntar” al mundo a quiénes y cuánto les debíamos. Parece una locura pero eso se supo gracias a la investigación de Olmos. En el año 2000, el juez Jorge Ballesteros cerró la causa inicial debido al vencimiento de los tiempos procesales. Sin embargo, en su fallo concluyó: “La deuda externa ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”. El magistrado giró copias de su fallo a las dos cámaras del Congreso, para que los legisladores pudieran consultarlas. Esa causa, con los datos acerca del origen fraudulento de la deuda, fue la referencia que hizo Rodríguez Saá en diciembre de 2001, cuando anunció la suspensión de los pagos, para que el Congreso la pudiera investigar. Algo que nunca se llevó adelante. Entonces, desde el 2005 y sin chistar, se paga religiosamente. Colaboración: Lic. Hernán Centurión