La promocionada auditoría en la empresa Electricidad de Misiones SA no arranca con el pie derecho: según las cláusulas del convenio firmado entre el gobierno provincial y el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas (CPCE), el primer mandatario Hugo Passalacqua se reservó la potestad de “no contratar a ninguno” de los contadores propuestos por la entidad, a la vez que esta última dejó en claro que “no asume ninguna responsabilidad por la selección de los auditores” que en definitiva disponga el Ejecutivo para la tarea en la distribuidora de energía. De los detalles del convenio surge entonces que será el gobernador y no el CPCE quien elija al grupo de “expertos” para llevar a cabo el “análisis integral el estado económico, financiero, de calidad de servicio e inversiones de la prestataria del servicio eléctrico en la provincia”, hecho que le resta independencia a la supuesta revisión a fondo. Es que al final de cuentas quedará bajo el arbitrio del Poder Ejecutivo la selección de los profesionales, y no de una entidad independiente como se publicitó.La cláusula quinta del convenio estipula que “la propuesta (del CPCE) consistirá en la presentación de una terna de equipos de trabajo, dentro de los quince días hábiles de la firma del presente, pudiendo la provincia no contratar a ninguna de ellas”. La cláusula sexta, en tanto, aclara que el Consejo “no asume ninguna responsabilidad por la selección de los auditores, la elección que realice la provincia, ni por el desempeño de los que resulten contratados”.Un control ¿a fondo?En plena efervescencia popular por el impacto del “tarifazo” en las boletas de luz que llegaron a los usuarios a principios de marzo, el gobernador hizo pública la decisión de auditar los números de la deficitaria empresa provincial, tal como lo reclamaban varios sectores políticos y sociales. Paralelamente anunció que sería el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas la entidad “encargada de seleccionar a los profesionales que estarán a cargo de la misma”, según la nota enviada el pasado 17 de marzo al presidente de Emsa, Sergio “Pity” Ferreyra, que el propio Gobierno difundió. El anuncio buscó generar algo de alivio entre los miles de usuarios que en las plazas misioneras decían sentirse “estafados” por la prestataria, una vez que comenzaron a conocerse los detalles de su millonario déficit, del monto que demandan sus “gastos administrativos” y los también millonarios aportes que recibe mensualmente de Rentas Generales aún pese a cobrar una de las tarifas más altas del país en comparación con otros distritos. Previendo alguna “trampa” en la auditoría, los usuarios autoconvocados insistieron en que se permita la presencia de “auditores ciudadanos” que transparenten el proceso. Todavía el Gobierno no acusó recibo de la solicitud.
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