Estas iniciativas, presentadas en un escenario económico de inflación, despidos y paritarias en desarrollo, pertenecen a dos bloques que suman en total poco más de 100 de los 257 diputados.El proyecto presentado por el massista Facundo Moyano declara "la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días", durante los cuales "el Estado nacional tiene la obligación de garantizar la estabilidad del trabajo para sus habitantes, desactivando todo acto propio o de terceros que importe su privación de forma injusta".La iniciativa del Frente para la Victoria, en cambio, declara "la emergencia en materia laboral por el término de un año" y prohíbe "a partir del 1 de enero de 2016 los despidos o cesantías sin justa causa dispuestas por los empleadores, sean estos de carácter público como privado, en todo el territorio de la República Argentina".Al proyecto de Facundo Moyano, referente del sindicato de trabajadores de peajes e hijo del líder de la CGT, el camionero Hugo Moyano, lo firman diputados de UNA y de otras bancadas, como el propio presidente de la bancada kirchnerista, Héctor Recalde, el canillita Omar Plaini (del monobloque Cultura, Educación y Trabajo), la socialista Alicia Ciciliani y el trotskista Néstor Pitrola.La iniciativa de Moyano prohibe por seis meses "los actos administrativos que tengan por objeto la desvinculación de empleados públicos" y "los despidos sin justa causa dispuestos por los empleadores en el ámbito privado"."En caso de producirse desvinculaciones en contravención a lo aquí dispuesto, los trabajadores perjudicados podrán optar por considerarse despedidos. En este caso, los empleadores deberán abonarles el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a lo previsto en la legislación laboral que le fuere de aplicación", dice el texto.El proyecto de la bancada que conduce Recalde, en tanto, señala que "en los casos de vencimiento del plazo de los contratos, estos serán renovados automáticamente hasta la fecha de caducidad de la emergencia laboral", es decir hasta el 31 de diciembre próximo. Y al igual que la iniciativa de Moyano, establece que "en caso de producirse despidos o cesantías en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de las indemnizaciones".El proyecto, firmado por los diputados Recalde, Abel Furlán, Jorge Barreto, Silvia Frana, Juan Pedrini, Lucila de Ponti y Adrián Grana, se fundamenta en la necesidad de proteger el trabajo, con motivo de "la escalada de despidos y cesantías sobreviniente a la asunción del gobierno por parte de la alianza Cambiemos".En tanto, el proyecto presentado por Moyano advierte sobre "la creciente ola de despidos en el sector público, textil, gastronómico y de la construcción", por lo que "es necesario dictar una norma general de fuerte contenido protectorio para los trabajadores cuya fuente de trabajo se encuentre en peligro"."No es justo que frente a decisiones macroeconómicas que se encuentran por fuera del alcance de los trabajadores y sus organizaciones se opte por perjudicar a la parte más débil", señala la iniciativa del diputado de UNA.Fuente: Noticias Argentinas
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