Esa maldita costumbre

Pocos pueden dudar que Lula de Silva sea el brasileño más importante de los últimos 50 años. Un cuadro político que desde la lucha obrera y sin demasiadas herramientas intelectuales más que su convicción por la defensa de los trabajadores, llegó a la presidencia del país luego de tres intentos. El establishment de Brasil temió por su arribo al poder. Los grandes empresarios creyeron que venía para acortar el margen de sus ganancias para repartírselas a los pobres. Una especie de Robin Hood salido de la dura realidad histórica de las clases bajas de Latinoamérica. Pero sin embargo nada de eso pasó. Al contrario, Brasil se convirtió en la décima potencia mundial, el empresariado vivió una época de bonanza como nunca se había vivido en el país y lo más importante, Lula ayudó a más de 40 millones de brasileños a salir de la pobreza. Vaya tarea que llevó adelante ese garoto que se recibió de presidente sin haber avanzado más allá de las aulas donde los niños apenas llegan a entender cómo funciona el mundo. Se convirtió en uno de los pilares de la reconstrucción económica del Sur, luego de aquellos nefastos años del neoliberalismo de los 90. Fue elogiado por mandatarios de todo el mundo. Barack Obama dijo que en la última década, el progreso alcanzado por el pueblo brasileño inspiró al mundo, y mostró como un niño pobre de Pernambuco podía ir de operario de una fábrica al puesto más alto del país. “Brasil dejó de recibir ayuda para combatir la pobreza, para comenzar a colaborar para erradicarla donde fuera que esta estuviera. Durante mucho tiempo Brasil fue una nación con mucho potencial, pero paralizada por la política. Siempre se hablaba de ella como el país del futuro. Finalmente ese futuro llegó y es hora de agarrarlo”, elogiaba así el mandatario estadounidense a Lula, Dilma y Brasil en 2012, cuando visitó Río de Janeiro. Dilma Rousseff fue la heredera del proyecto del Partido de los Trabajadores. Lula le pasó la banda presidencial en 2011 y desde los primeros meses de su gobierno se encargó de diferenciarse de otros mandatarios latinoamericanos. Confirmó que durante su gobierno no iba existir ningún tipo de protección a aquellos funcionarios que fueran sospechados de haberse envuelto en casos de corrupción. El compromiso asumido y la presión social hicieron que le pidiera la renuncia a siete de sus ministros, quienes comenzaron a ser acusados de haber sido partícipes de la operación “mensalao”. La investigación judicial reveló que con fondos de la petrolera estatal Petrobras se habían pagado mensualidades a diputados y senadores para que apoyaran o hicieran lobby para que se aprobaran los proyectos del Gobierno en el parlamento. En enero de 2015, el Ministerio Público de Brasil calculó que entre 2004 y 2012, Petrobras desvió fondos por valor de 2.000 millones de dólares. La Justicia brasileña siguió avanzando y decenas de exfuncionarios, directivos de Petrobras y empresas ligadas a la obra pública brasileña como el gigante Odebrecht, comenzaron a negociar con los fiscales la reducción de la pena amparándose en la Ley del Arrepentido. En estas últimas semanas, el juez especializado en crímenes financieros del Estado de Curitiba, Oscar Moro, puso contra las cuerdas a Lula Da Silva y Dilma Rousseff. La pesquisa sobre la operación “Lava Jato” derivó hace pocos días en el allanamiento del domicilio del expresidente. El juez lo llevó compulsivamente a prestar declaración sospechado de lavado de dinero y ocultamiento de patrimonio. Sucedió que un “arrepentido” contó que el empresario recibió un departamento triplex en San Pablo. Supuestamente fue un soborno de una de las empresas implicadas en el caso, para asegurarse el ingreso al sistema de contrataciones de la obra pública en Brasil. La publicación de las fotos de Lula en un condominio aún sin muebles, junto al empresario que habría “dado el vuelto”, hizo estallar a los opositores y a los que están preocupados por la crisis económica del país. Millones salieron a las calles de más de 400 ciudades a protestar por la corrupción, pidiendo la renuncia de Dilma y la cárcel para Lula. En medio de la convulsión política que vive el país, la presidenta enfrenta además el avance del juicio político en su contra, por haber “tocado” los datos fiscales del ejercicio 2014, y obligar a tres bancos estatales a aportar fondos para los planes sociales con su propio dinero, sin que el Gobierno central les hubiera girado esos fondos previamente. Según la ley brasileña, ese tipo de movimientos financieros en el que los bancos financian al Estado, debían haber sido aprobados previamente por el Congreso. Delcidio Amaral, el jefe de la bancada oficialista en el senado, fue detenido en noviembre pasado, acusado de haber intentado sobornar a otros funcionarios a cambio de “silencio” respecto al caso Petrobras. Según la revista “Istoé”, Amaral dijo a la Justicia que Lula y Dilma sabían de la corrupción de Petrobras y de alguna manera la avalaron como forma de financiamiento al proyecto del Partido y de funcionarios del Gobierno. La teoría del complotEl oficialismo acusa a los medios de comunicación, a la oposición y a la Justicia de un gran movimiento que tiene como objetivo menoscabar la imagen del PT, e impedir que Lula vuelva a ser candidato a presidente, para que la derecha brasileña vuelva a ocupar el poder político luego de haberlo perdido en 2003.  Una frase atribuida a un alto dirigente opositor corrió por todo Brasil luego del arresto del exmandatario. “Lula preso se convierte en héroe, Lula muerto se convierte en mito, Lula libre se convierte en presidente”. En ese sentido, cuando se ven las imágenes de millones pidiendo la renuncia de Dilma,  los partidarios del PT ponen el foco en los medios, acusándolos de alentar un “Golpe blando” contra la mandataria y un tiro por elevación contra Lula para sacarlos intespestivamente del poder. Toman como ejemplo lo ocurrido en Paraguay, donde el Parlamento destituyó en 2012 al presidente Lugo, acusándolo de mal desempeño. Parecidos y diferentesTodo este panorama en Brasil nos toca bien de cerca, porque el anterior gobierno argentino también fue eje de denuncias de corrupción, con varios funcionarios enfrentando procesos  por enriquecimiento ilícito, incompatibilidades con la función pública y lavado de dinero. La exfamilia presidencial también está con causas abiertas en la Justicia. Principalmente por el caso Hotesur y los millones de pesos que Aerolíneas Argentinas y “el amigo” Lázaro Báez y su empresa Austral Construcciones le pagaban al hotel Alto Calafate, propiedad de los Kirchner, por habitaciones que nunca se usaban en, como dicen los entendidos, una “maniobra clásica” de lavado de dinero.La percepción popularSi buscamos frases
populares respecto a la política las primeras que se recuerdan como ejemplo son: “Todos los políticos son ladrones”; “entró en política, se salvó” (económicamente); “querés hacer plata sin laburar, metete en la política”. Lamentablemente los malos ejemplos hicieron que este tipo de apreciaciones respecto a funcionarios y militantes queden grabadas a fuego en la conciencia colectiva. Constantemente quienes se desempeñan en esos ámbitos deben salir a reivindicar el rol de la política como transformadora positiva de la realidad social. Aunque a veces, no de forma general, las primeras transformaciones ocurren en los patrimonios de quienes detentan esas reivindicaciones. Dicen que la corrupción es inherente al capitalismo. “Todo hombre tiene su precio”. “Nunca se va dejar de robar”. “El poder corrompe”, o “el poder revela lo que la persona siempre fue”. Para el simple trabajador cuesta entender la codicia sin límites de quienes se mancharon las manos. Pareciera que cada vez quieren más y entran en un frenesí irrefrenable de corrupción que en Argentina, muy de vez en cuando es castigado por la Justicia. También duele entender que detrás de discursos grandilocuentes, los que se manchan disfrazan sus acciones con frases como “nos debemos al pueblo”, “trabajamos por la gente”. Hemos escuchado infinidad de veces que detrás de la obra de algún hospital, una ruta o una escuela (que cambió positivamente la realidad de la población sin dudas), hubo sobreprecios en los costos y “retornos” tan evidentes que basta entender que si los funcionarios antes vivían en una simple casa, y en poco tiempo pasaron a habitar mansiones que nunca podrán justificar ni siquiera con los altos sueldos que reciben por su función pública, como mínimo, habilitan la sospecha de haberlo hecho con fondos ilícitos. Hace pocos días una periodista militante en la TV porteña justificó la corrupción del kirchnerismo porque “millones de jubilados, niños y trabajadores” fueron incluidos dentro del sistema económico y salieron así de la pobreza. Ese parece ser el precio a pagar. “Roban pero hacen”. ¿Dejémoslos entonces?La corrupción se naturalizó en nuestro país y en la región porque en mínimas ocasiones la Justicia actuó para castigar a los “nuevos millonarios” con fondos del Estado. Cuántas veces hemos oído sobre librar batallas culturales para contar la verdadera historia de Latinoamérica, despojándola del velo que llevó a los pueblos a sobrevivir bajo el yugo de la “dominación imperialista”. Pero siempre se olvidaron del combate cultural que debían librar contra la naturalización y la justificación del robo porque  “dieron cosas que los demás gobiernos siempre les negaron al pueblo”. Estamos lejos de ser un país escandinavo, donde si alguien se atreve a no pagar impuestos los amigos le niegan el saludo. O donde si un funcionario compra cosas en un almacén con fondos públicos para uso particular, es obligado a renunciar y a enfrentar a la Justicia. Cada vez más ciudadanos exigen transparencia y honestidad. Cada vez menos el votante responsable le deja pasar al funcionario que “meta la mano en la lata”, porque entiende que ese dinero malversado salió del bolsillo de todos y debió haber ido a dar soluciones a la gente y no a elevar el nivel de vida del gobernante. Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Néstor y Cristina Kirchner, Lula Da Silva y Dilma Rousseff fueron los que pusieron el foco de sus políticas en reivindicar a las clases más bajas y promover el ascenso social. Algunos de estos nombres parece que nunca entendieron que si sucumbían a la tentación de la riqueza fácil, ponían en riesgo su proyecto político y hasta su propia libertad. Hoy le toca a Brasil ver como sus antes respetados reconstructores sufren el descarnio de millones de ciudadanos por acusaciones que la Justicia deberá probar. Pero lo cierto es que tamañas acusaciones ya dejaron 46 condenados en el caso Petrobras, entre ellos Marcelo Odebrecht, el presidente de la mayor empresa del país, un exjefe de gabinete y varios funcionarios. Si nunca cometieron o avalaron delitos y todo se trata de una campaña de desprestigio provocada por el resurgir de la derecha política en la región, Lula y Dilma simplemente deberían soportar el terremoto político y esperar.Más allá de estos días difíciles, si todo es falso deberían estar tranquilos con sus conciencias. Porque “quien no teme a las verdades, nada debe temer a las mentiras”. Colaboración: Lic. Hernán Centurión