La decisión de confiar la elección de los técnicos y la modalidad de la revisión de las cuentas de la empresa al Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia; como así también el plazo de 72 horas que dio el mandatario al Directorio, para que informe sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de las instrucciones, sugieren una contundente decisión política.Aunque es prematuro abrir un juicio definitivo, no caben dudas de que dicha decisión política contrasta con un paradigma de años en lo que hace a las opacas, y nunca explicitadas en profundidad, relaciones entre el Ejecutivo y la empresa, y abre inéditas expectativas al ordenar acciones que cabalgan, en general, sobre dos líneas polémicas: saneamiento financiero y transparencia en la gestión. Si bien algunos de los requerimientos del Gobernador, como las instrucciones para que se aplique de inmediato un nuevo y más moderno sistema de toma de estado de los medidores, para asegurar la correcta lectura de los consumos, responde a una reivindicación histórica de los usuarios; nada en el instructivo gubernamental alude a la principal preocupación de éstos; el “tarifazo” ya aplicado y las subas por venir.La reacción del mandatario, sin embargo, tiene una indudable vinculación con las movilizaciones de miles de misioneros en contra del “tarifazo” y, en general, en demanda de una gestión más transparente de la empresa estatal. Aplicar a fondo el sorpresivo plan de saneamiento financiero y administrativo del gobernador, empero, equivale a abrir una verdadera Caja de Pandora con un trasfondo político al que no es ajeno el propio Ejecutivo.
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