El reclamo de los usuarios de la empresa Electricidad de Misiones SA (Emsa), que estalló con la llegada de la última factura eléctrica, sigue en aumento ante la indolencia de las autoridades provinciales, que si bien ofrecieron la posibilidad de que la abultada boleta del mes de febrero sea pagada en cuotas; insisten en no reconocer el abuso cometido por la empresa.La fuerte protesta, que suma voluntades en Posadas y ya se traslada a otros centros urbanos del interior provincial, refleja el cansancio de años de los usuarios, tanto residenciales como de la industria y el comercio; con el alto costo de la tarifa eléctrica, pero además con la falta de transparencia y austeridad en el manejo de un servicio público esencial.No hay que olvidar, sin embargo, que más allá del descontento histórico, la mecha que encendió la llama no fue otra que la actitud desaprensiva y oportunista de la empresa, al hacer extensivo al mes de enero un aumento que debía incorporarse recién en febrero y aplicar esa doble imposición sin consideración alguna para con el castigado usuario misionero.Esta actitud, de la que la principal responsable es la gerencia de Emsa, a cargo de Sergio Ferreyra, es de una gravedad inusitada cuando se habla de un servicio público de primera necesidad y con un fuerte impacto en las economías familiares y en las actividades productivas y económicas; por lo cual resulta inadmisible que habiéndose probado la maniobra que generó el “tarifazo”, el Gobierno provincial continúe minimizando la gravedad del caso. Tal como se está conduciendo el Ejecutivo, defendiendo a ultranza a un funcionario que se ganó el repudio ciudadano por faltar a la ética que exige su función, y que demuestra una total falta de sensibilidad social; el resultado no puede ser otro que una profundización del descontento popular.No hace falta decir que este escenario exige un enérgico cambio de actitud de las autoridades; que ponga al Estado misionero del lado del ciudadano y no de la ineficiencia y los abusos de poder.
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