Pese a estar obligado por una Ley provincial plenamente vigente, el titular del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc) se negó a contestar un requerimiento de acceso a la información pública tramitado por el diputado Héctor “Cacho”?Bárbaro en noviembre pasado, por el cual exigía que el organismo transparentara la millonaria inversión de fondos públicos en el programa “Música x todos”. El pedido de acceso a la información pública surgió tras conocerse la alevosa cifra que pensaba pagarle el presidente del organismo, Eduardo “Balero” Torres, al cantante Romeo Santos, en una operatoria plagada de irregularidades que terminó en un escándalo. A raíz de una investigación de PRIMERA EDICIÓN se supo que los representantes del bachatero nunca tuvieron a Posadas como una plaza de su gira por Sudamérica, pese a lo cual “Balero” anunció su llegada en plena campaña electoral y le pagó tres millones de pesos a la empresa Fénix Enterteinment para asegurar el supuesto show. Según Nanette Lamboy, jefa de prensa de Romeo Santos, desde el Iplyc o cualquier otro organismo estatal o privado, nadie había tomado contacto con la oficina de los productores para cerrar una fecha en Misiones. Tampoco lo hizo Fénix Enterteinment. Una vez que estalló el escándalo, Torres dijo que la firma intermediaria “devolvió” los tres millones de anticipo, pero jamás mostró documentación fehaciente que lo pruebe. De allí que sea importante la requisitoria de acceso a la información pública sobre lo que “invertía” el funcionario más desgastado de la “era Closs”, ya que se sospecha que en todas las contrataciones hubo manejos poco claros con los millonarios montos discrecionales de que disponía Torres. Sin respuestaEl 5 de noviembre, en el marco de lo que establece la Ley IV Nº 58 y el decreto reglamentario 846, ambos de la provincia de Misiones, ingresó a la Oficina de Acceso a la Información Pública la solicitud del diputado del Partido Agrario y Social por la cual requirió al Iplyc que informara sobre el monto total invertido en las 27 ediciones del programa Música por Todos. Puntualmente, le pidieron que adjuntara copias de los contratos suscriptos con los artistas “y/o productoras de artistas nacionales o extranjeros” que actuaron en dicho programa de recitales, el listado de las “agencias o empresas de espectáculos contratadas para la logística de dichos espectáculos” y el monto total invertido en ellas, además de la remisión de copias de las facturas de pago por la totalidad de los servicios contratados”. En la solicitud tramitada por Bárbaro en su calidad de ciudadano, le recuerda a Torres que el Iplyc es sujeto obligado a brindar información según la normativa provincial, ya que el artículo 1 de la Ley lo ubica entre los organismos y empresas del Estado que deben someterse al escrutinio de la comunidad y entregar los datos requeridos dentro de los diez días hábiles de tramitado el pedido. Vía judicialEl diputado Bárbaro no descartó que, vencidos los plazos que establece la Ley, recurra a la justicia ordinaria para obligar a Torres a entregar la información sobre la millonaria inversión, tal como lo hizo cuando le requirió al gobierno provincial los datos sobre el “fondo de granizo” que vino a Misiones para asistir a productores tabacaleros y nunca llegó a destino por manejos oscuros de las asociaciones tabacaleras APTM y Cámara del Tabaco. En este caso, la justicia falló a favor de Bárbaro, pero el gobierno sigue negándose a entregar la información, en abierta rebeldía judicial.
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