El debate por la coparticipación se traslada a Misiones

Pareciera haber misioneros de primera clase y misioneros de segunda, según el lugar donde vive cada uno. Y pareciera que si vivimos en un municipio “rico” somos lo que queremos y si vivimos en uno “pobre” seremos lo que podemos.No es lo mismo vivir en Garupá, Candelaria, San Vicente, El Soberbio, San Pedro, Dos de Mayo, Andresito e Irigoyen, que vivir en cualquier otro punto de la provincia. Los vecinos de estos municipios tranquilamente podrían considerarse ciudadanos de segunda y reclamar algún tipo de indemnización por esta categorización discriminatoria que les obliga a tener el Estado misionero con el injusto reparto de coparticipación que realiza.Los mencionados son los municipios que menos dinero reciben de parte del Gobierno provincial, por una ley desactualizada, que data de 1988 y que nunca fue reformada por éste ni por los anteriores gobiernos.Para hablar de números, estos municipios recibieron entre 30 y 60 pesos por habitante, en el reparto de coparticipación que realizó la provincia en octubre de 2015, según datos del Ministerio de Hacienda y consultas realizadas a los encargados de Hacienda de varios municipios. Los más perjudicados reciben un adicional de coparticipación que no alcanza a igualarlos al resto. Es solamente un parche viejo y gastado. Con esos fondos, cada municipio debe prestar servicios de alumbrado, mantenimiento de calles, caminos y avenidas, limpieza y recolección de residuos, desmalezamiento y cuidado de espacios verdes, entre otros.Claro que además deben cobrar impuestos y recaudar por sus medios propios para no depender únicamente del reparto de la coparticipación. Y dependiendo del humor y la relación con el Gobierno provincial, también pueden recibir obras, fondos o herramientas adicionales pero de manera discrecional.Por una clara cuestión presupuestaria, estos municipios “más pobres” o considerados “de segunda” tienen menor cantidad de empleados municipales por cantidad total de habitantes, tienen sueldos más bajos que el resto y probablemente los servicios que presten a su comunidad sean de menor calidad. Esto genera menor circulación de dinero y el efecto de que una comunidad con menos recursos seguramente cumplirá menos con las tasas municipales que una “más rica”.En fin, la injusta distribución de coparticipación genera un círculo vicioso de pobreza del cual es muy difícil de salir, y sólo hace falta revisar los indicadores de pobreza de estos municipios para tener en cuenta que su baja coparticipación está directamente relacionada con la calidad de vida de sus habitantes, el nivel de recaudación de la Municipalidad y la calidad de los servicios que prestan a su comunidad.En ese mismo mes de octubre de 2015, el promedio de los 75 municipios misioneros fue de 114 pesos por habitante, situándose Garupá en el último lugar con sólo 30 pesos por habitante y Fachinal en el primer lugar con mil pesos. Siguiendo a Fachinal, entre los más “acaudalados” aparece Profundidad ($672), Caá Yarí ($649), Colonia Polana ($558) y General Urquiza ($467). En el medio de esos dos extremos, el resto de los 75 municipios.El detalle completo de cuánto recibió cada uno se encuentra en el informe publicado en la edición impresa de este lunes 25 de enero de 2016.Reclamos históricosLos reclamos de los municipios más perjudicados no son nuevos, son históricos. Casualmente son los más extensos en territorio y los que más gastos tienen para recolectar los residuos y mantener los caminos de tierra. En <a href="http://www.primeraedicion.com.ar/nota/209894/seis-comunas-grandes-reclamaran-ajustes-en-la-coparticipacion-munici.html">diciembre pasado PRIMERA EDICIÓN anticipó</a> que las seis comunas “grandes” territorialmente iniciarían reclamos al nuevo Gobierno para que considere un reparto más justo.Se trata de Garupá, Dos de Mayo, San Vicente, El Soberbio, Andresito y San Pedro, los que atraviesan una situación crítica por el escaso aporte provincial comparado con la explosión demográfica que han registrado en los últimos años.Los intendentes de esas localidades vienen conversando hace tiempo para presentar un pedido unificado formal ante la Legislatura de la provincia para que se corrija la actual Ley de Coparticipación Provincial que devino en obsoleta por la explosión demográfica y el bajo índice que reciben en comparación con otros municipios de  menor población.Según averiguó PRIMERA EDICIÓN, Garupá se adelantó y presentó un documento al gobernador Hugo Passalacqua donde el intendente Luis Ripoll expresa que “nos es grato dirigirnos a usted a los efectos de reiterar y ampliar el conocimiento acerca de una situación que data de varias décadas y que con el transcurso del tiempo, multiplica la cantidad de perjuicios, inequidades e injusticias, en especial a los pobladores del Municipio de Garupá”.“El índice de coparticipación (0,010129), mediante el cual se distribuye entre las comunas el monto afectado a las Municipalidades, fue creado por legislación del año 1988 cuando Garupá contaba con menos de 10 mil habitantes, hoy ese índice se mantiene y la población real es de más de 70 mil, destacando que el censo de 2010 arrojó 47.659”, se agrega en el texto.“Es indudable que se está provocando un daño histórico a esta localidad”, enfatiza el intendente Ripoll.Por último detalla que “para octubre de 2015, Garupá recibió 1.425.342,50 pesos, en concepto total de coparticipación equivalente a 30,48 pesos por habitante, cuando la media para toda la provincia es de 113,47 pesos por habitante”.Por su parte, Waldomiro Dos Santos, de San Vicente, declaró a PRIMERA EDICIÓN que “es difícil que con lo que se recauda alcance para el pago de sueldos y aguinaldos. Es tiempo de que hagamos planteos serios sobre la coparticipación municipal. Somos el cuarto municipio en cantidad de habitantes en la provincia y hay comunas que están en el número 30 y reciben la misma coparticipación que nosotros”.Reconociendo esta problemática, a principios de 2015 el exgobernador Maurice Closs incrementó la coparticipación de ocho municipios mediante el Decreto Nº 1.534, aumentando sus ingresos mensuales en concepto de “actualizaciones de adicionales de coparticipación provincial”, un ítem que pretende ser una compensación por los bajos índices que reciben pero es sólo un parche.Quienes recibieron reconocimientos fueron Candelaria, Comandante Andresito, Dos de Mayo, El Alcázar, El Soberbio, Garupá, San Ignacio y San Pedro. El aporte extra fue arbitrario y quedó a merced del exprimer mandatario, hecho que a criterio de los jefes comunales, no debiera repetirse, porque podría convertir a los intendentes  en eternos dependientes del Poder Ejecutivo.La nacional sí, la provincial noLa provincia de Misiones se manifestó a favor de modificar la ley de coparticipación federal, medida que impulsaría el gobierno de Mauricio Macri si cumple la promesa del ministro de Interior, Rogelio Frigerio.El ministro nacional Frigerio dijo el miércoles pasado que es necesario
“convocar a todas las provincias para dialogar y debatir sobre cuál es la mejor forma de tener un país más federal”, y adelantó que el objetivo es “sentarnos en una mesa y discutir con las provincias, como socios que somos, cómo es la manera más justa de repartir la torta de recursos”.El vicegobernador Oscar Herrera Ahuad manifestó <a href="http://www.primeraedicion.com.ar/nota/212153/reforma-misiones-no-resignara-su-soberania.html">en una reciente entrevista con PRIMERA EDICIÓN</a> que “Misiones es la provincia más interesada en discutir un nuevo régimen de coparticipación” y recordó que “en dos momentos de la historia Misiones cedió puntos de coparticipación, por lo tanto existe un antecedente de que cedimos recursos”.Sin embargo, en doce años de gobierno del Frente Renovador nunca hubo apertura hacia los pedidos de la oposición y de los intendentes para mejorar el reparto provincial de recursos. Por lo tanto, se interpreta que los recursos federales sí corresponde barajar y dar de nuevo, pero los provinciales no.Solución: elevar el piso de 12%Para la mayoría de los municipios consultados por este Diario, la solución pasaría por elevar el índice de la masa coparticipable de la provincia para no poner a los municipios unos contra otros en la puja por ver quién pierde un punto y quién lo gana.Actualmente, la provincia reparte solamente el 12% de todo lo que recibe, quedándose con el 88%. Los 75 municipios son rehenes del Gobierno provincial y deben peregrinar por los despachos públicos para conseguir mejoras para sus comunidades. Los gobernadores, generalmente, benefician con obras discrecionales a sus pueblos de origen o donde tienen negocios. Lo hizo Closs con Aristóbulo y Puerto Iguazú y lo podría hacer Passalacqua en Oberá.“Planteamos elevar al 15% la masa que se coparticipa a los municipios con el objetivo de garantizarles mayores recursos económicos para hacer frente a las necesidades en nuestros pueblos y ciudades”, señaló el diputado provincial Gustavo González, autor de una de las tantas iniciativas legislativas que tomaron estado parlamentario este año, pero que no tuvo tratamiento. A lo largo de los años hubo otros proyectos con la misma temática: En toda la década del 90 el tema no fue considerado en la agenda legislativa de los diferentes bloques. Recién con la crisis del año 2001 comienzan a presentarse algunos proyectos como el de José Dieminger (año 2002) que plantea un régimen totalmente nuevo, elevando del 12% al 16% el reparto a los municipios y además integra como coparticipables a todos los recursos provinciales y otros de jurisdicción nacional.En 2004 el exdiputado Luis Giuliani presenta un régimen similar al anterior que tampoco fue considerado. En febrero del año 2007 el diputado provincial Ricardo Biazzi, también justicialista, plantea introducir como una enmienda el esquema de coparticipación en la Constitución de la provincia, elevando el porcentaje de distribución primaria del 12% al 20% de todos los recursos provinciales y nacionales que reciba la provincia, por etapas, en tres años.Ese mismo año el bloque del PJ presenta un proyecto similar, por inquietud de numerosos intendentes, buscando modificar la distribución primaria del 12% al 16% y una distribución secundaria de emergencia para algunos municipios. En definitiva, fueron numerosos los proyectos en varios momentos de la historia que se impulsaron en la legislatura pero no encontraron eco entre quienes tuvieron la mayoría y manejaron el Ejecutivo. ¿La razón? podría ser que el Gobierno provincial, sea el color que fuera, no está dispuesto a relegar recursos y poder a los intendentes para evitar una mayor autonomía política y financiera de los municipios.Casi siempre los proyectos fueron de referentes de la oposición, que no encontraron consensos necesarios para convencer al oficialismo de avanzar en el mejor reparto. Tampoco se ha visto de quienes deberían ser los principales interesados, los intendentes, plantear la necesidad con la vehemencia y convicción necesaria.Por otra parte, tampoco la sociedad ha tomado la cuestión como propia ni se relaciona la coparticipación con su bienestar o calidad de vida.