Se trata de un órgano legislativo, uno de los dos poderes del estado municipal, que desde hace largo tiempo parece haber sido tomado como un botín político para muchos de quienes, como representantes del pueblo, se suceden en él cada dos años.Esta vez ese incremento de empleados fue muy superior a lo habitual, marcando una tendencia que se viene dando en el último lustro. Al principio justificada por la creación de un nuevo departamento encargado de la permanente actualización del Digesto Jurídico Municipal (creado en 2013), pero luego sin razón aparente alguna. Salvo, si es válido, el pago de favores políticos o a amigos y familiares. Lo que parece haber sido el móvil que llevó a esta absurda e incalificable realidad que deberán pagar quienes el 10 de diciembre venidero se hagan cargo de la administración municipal, en el Ejecutivo y en el Deliberativo.Es lamentable este tipo de comportamiento -que alcanza a casi la totalidad los bloques partidarios integrantes del cuerpo- que mal interpreta el verdadero propósito de la función pública, y la gestión es tomada como un coto privado destinado a favorecer diversos intereses, particulares o personales, como también a través de ello, afrontar el pago de favores brindándolos a allegados, amigos y familiares.La mayoría de los ediles se inscribe en este comportamiento aberrante. De allí el silencio que suele ganar a todos, ya que son muy pocos los que se prestan a hablar de esta crónica problemática. Olvidan que la gestión, desde la responsabilidad que les quepa, debe ser siempre transparente y honesta, teniendo como norte el servicio de todos, respondiendo a las inquietudes y necesidad populares. Idea ésta que debe ser esencia de toda democracia que se precie, reafirmándola y reafianzándola como el sistema de gobierno más justo y preferible para toda organización del estado. De otra manera se la niega y se desvirtúa la función pública.
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