La investigación recién comienza, pero los sabuesos tendrían prácticamente probado que los manejos en el área Adicionales, de la Unidad Regional VIII, eran cuanto menos irregulares. La situación quedó al descubierto el pasado miércoles 25, tras el fallecimiento de un sargento primero que se desempeñaba en ese departamento.Fuentes ligadas a la pesquisa indicaron que la maniobra habría comenzado en 2011. En realidad, más que de una maniobra, los detectives comienzan a hablar de modus operandi; en referencia a un sistema que se habría sostenido en el tiempo.Ahora, la gran incógnita pasa por determinar cuántos intervinieron directa o indirectamente en la acción; por acción u omisión; por conocimiento o ignorancia.Puertas adentro de la institución policial en San Vicente; ahora muchos aseguran que sabían lo que sucedía en el departamento de Adicionales. Pero la realidad indica que las irregularidades no saltaron a la luz por acción de los mismos uniformados; sino porque los propietarios de uno de los comercios más importantes de San Vicente, al que la Policía prestaba servicio de guardia y vigilancia, se percataron de que les cobraban de más.Si bien no radicaron la correspondiente denuncia; habrían pedido la devolución del dinero en una suma estimada en 335 mil pesos.Esta situación habría llegado a conocimiento de la mismísima cúpula de la UR VIII, que en lugar de iniciar un sumario administrativo habría pedido al involucrado que devolviera la plata.Allí es donde -creen los investigadores- se produjo el quiebre institucional y existiría una responsabilidad funcional de las máximas autoridades de la Unidad sanvicentina. Al parecer, el policía implicado recaudó el dinero y lo devolvió; pero no habría soportado el peso de la culpa.El juez de Instrucción de Oberá, Horacio Heriberto Alarcón, ni bien tomó conocimiento del suicidio del policía, y ante la sospecha de que éste tendría relación con manejos pocos claros del área Adicionales, solicitó la intervención de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic);?conjuntamente con una comitiva de la Dirección Homicidios.Un sector de la Policía sanvicentina manifestó su malestar con la situación y, de acuerdo con información a la que accedió este Diario, habría aportado datos para probar que en la operación hay muchos involucrados.El escándalo de los Adicionales circula ahora por dos carriles:?el sumario administrativo, a cargo de la Dirección Asuntos Internos de la Policía de Misiones, y el judicial, que se tramita en el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente.El caso cayó de la peor manera en aquellos que asoman como potenciales involucrados; porque tenían chances concretas de ascender y ahora pasaron a un segundo plano. El mismísimo subjefe de Policía, comisario Favio Sosa, aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias. Teléfono celularMalestar. Así puede catalogarse al sentimiento que alberga a un grupo de camaradas cercano al suboficial fallecido el 25 de noviembre.En contacto con PRIMERA EDICIÓN se mostró convencido de que aquel no era el único que sabía lo que sucedía en el departamento de Adicionales.Centraron sus sospechas en lo que calificaron como "misteriosa" desaparición del teléfono celular de la víctima.Fuentes consultadas por este Diario indicaron que el aparato habría sido encontrado el martes, aunque no fue posible la confirmación oficial de esta información. No obstante, resulta al menos llamativo que haya estado extraviado durante casi una semana.De todas maneras, es un tanto apresurado para hablar de ocultamiento de pruebas. Amén de esta circunstancia, la revisión del teléfono podría aportar datos importantes.Las dificultades para la pericia contableFuentes de la investigación consideraron que es realmente difícil que la pericia contable, ordenada por la Jefatura de Policía, puede detectar algún faltante porque el dinero -supuestamente desviado- fue devuelto.Se habla de una suma cercana a los 335 mil pesos que habría sido devuelta a los propietarios de una importante firma comercial de San Vicente. No obstante, en el camino quedaron huellas y rastros que podrían confirmar la existencia de irregularidades que no debieron haber ocurrido.Y en este punto sí caben sanciones administrativas y hasta penales, de comprobarse que ocurrieron. Al parecer, los pesquisas contarían ya con pruebas que avalarían aquella devolución de dinero, dejando en evidencia que el desvío sí se produjo.Fuentes de la Jefatura de Policía indicaron a este Diario que, “en San Vicente, cuanto menos se incurrió en la negligencia de la falta de contralor. Si en la facturación se pasaba una cifra superior a los servicios que, en verdad, se prestaban; entonces no hay dudas de que hubo negligencia e impericia de parte de las autoridades de esa Unidad”.Los allegados del suboficial fallecido prefieren, por el contrario, hablar de complicidad y no de negligencia o impericia.No obstante, habrá que esperar los resultados de las pericias que llevan adelante los hombres de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic) y de la Dirección Homicidios.La investigación, administrativa y judicial, se inició en rigor el mismo día en que se produjo la muerte del uniformado.El mismísimo subjefe, comisario general Roberto Favio Sosa, informó del desplazamiento de la cúpula de la UR VIII y la apertura de un sumario para deslindar las responsabilidades que pudieren afectar al personal.
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