Otra vez los rumores de numerosas designaciones irregulares ganaron los pasillos del Concejo Deliberante local, tal como ocurre toda vez que está próximo el cambio de autoridades en ese cuerpo colegiado municipal. Se habla de numerosos asesores políticos y personal adscripto de concejales próximos a vencer sus mandatos que han sido pasados a planta permanente, engrosando la planilla de empleados de esa casa; aunque además habría algunos nombres nuevos y no sólo la “mejora” de los hasta ahora contratados.Estos nombramientos se habrían hecho en el último tiempo, buscando esquivar la cláusula legal que le permite a la futura conducción del Deliberativo reconsiderarlas y dejarlas sin efecto. Aunque, de todas maneras, quede abierta la posibilidad del recurso judicial ante cualquier decisión que pretenda volver atrás en ellas, generando una carga especial las próximas gestiones en el Deliberativo.Fuerte impacto presupuestarioSi bien de ocurrir esto significaría una hipoteca potencial para futuras administraciones, antes el próximo presidente deberá lidiar con el impacto presupuestario que significarán estas nuevas incorporaciones, cuyo número real se desconoce. En este Departamento del gobierno municipal éstas adquieren un significado particular ya que buena parte de su cálculo de gastos es para pago de personal y no cuenta con recursos propios que debe recibirlos del otro poder, el administrador.Hace varios días circuló en los pasillos de la vieja casona de Bolívar y Rivadavia la versión de que semanas antes el área de Recursos Humanos debió redoblar su trabajo para completar en un día la documentación de un centenar de legajos de personal que iba a ser “beneficiado” con esos pases a la plantilla comunal.Sin embargo, el proceder no es extraño y ha sucedido casi sistemáticamente toda vez que hubo recambios en el colegiado municipal. Cada concejal que abandonaba su banca trataba de darle alguna seguridad a quienes durante su mandato trabajaron junto a él como adscriptos, gozando de un contrato temporario por esa tarea. Y, por supuesto, ese “beneficio” era mayor cuando se trataba de ediles del oficialismo de turno y máxime aún de quien desempeñase ocasionalmente la conducción.Crecimiento exponencial en 32 años de democraciaEsas “herencias” –donde se cuentan también con algunos exconcejales- han ido incrementando exponencialmente el personal en el Concejo local. En 1984, a poco del retorno al actual período democrático, los empleados eran sólo 45 para los nueve ediles de entonces, según confesó hace un tiempo el entonces presidente Osvaldo Navarro.En 27 años, ese plantel se incrementó casi nueve veces y pasó a 390 a fines de 2010, según precisó en esa ocasión la titular saliente Felisa Gottschalk. Al año siguiente, con la justificación de la futura elaboración del Digesto Jurídico Municipal, una ordenanza autorizó ampliar esa plantilla en 150 agentes más, pero el crecimiento no quedó allí, ya que el 13 de noviembre de 2014 la presidenta de ese momento y actual, Magdalena Solari, precisó que eran 694 los empleados durante el debate del otorgamiento de un bono extra a todo el personal municipal.Ya este año, el 26 de febrero, PRIMERA EDICIÓN reflejó una versión confiable que estimaba que en enero se habría designado un centenar de nuevos empleados, aunque el número podría ser mayor y nunca fue precisado. Según se dijo, “se trataría de familiares, asesores y protegidos de algunos dirigentes políticos del oficialismo, así como de otras agrupaciones políticas representadas en él”. Información que nunca fue desmentida por las autoridades, y funcionarios y ediles consultados sobre ella evitaron todo comentario. Aunque no faltó quien admitiera la versión en forma indirecta o esbozara sonrisa y se encogiera de hombros ante la insistencia por conocer la verdad.Largos juicios laboralesLa carga presupuestaria de estas designaciones siempre de por sí es elevada y recae sobre la espalda de los contribuyentes, quienes son en definitiva los que aportan los recursos con que se gestionará el gobierno comunal. Pero a veces la pretensión de corregir ese manejo irregular trajo otras consecuencias, cuyo costo también fue a salir del bolsillo de quienes pagan sus tasas y contribuciones.El caso conocido más reciente debió afrontar la actual conducción del cuerpo y fue consecuencia de hechos de hace nueve años. Fue cuando en 2006, el entonces nuevo presidente del Concejo, Jorge Gómez, decidió dar marcha atrás en las designaciones que había hecho semanas antes de partir su antecesor Octavio Loyola y las anuló.Un grupo de 27 de esos empleados recurrieron a la Justicia laboral para defender un derecho que entendían adquirido y se les quitaba con esas derogaciones. Ésta les dio la razón en todas las instancias, ordenando su reincorporación, el pago de los salarios caídos y la indemnización en el caso de quienes no deseaban volver. Luego del largo proceso judicial, fue a Magdalena Solari la que le tocó afrontar en 2014 y éste año esa decisión que fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia, buscando la mejor forma para amortiguar el impacto de ese costo en la labor deliberativa. Pero uno de esos empleados, Mima Serqueira, se opuso e instaló una carpa en la calle Bolívar, reclamando el pago de sus derechos y ser reincorporada en la categoría con que se otorgó en 2005. Estuvo frene al Concejo varios meses, con alguna interrupción de días, hasta que después de varias idas y venidas logró, hace unos meses, suscribir un acuerdo para que se le pague su indemnización este año y no fuese dejada para 2016 como era la voluntad de la titular del cuerpo.
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