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Gobierno compra cámaras de seguridad a una sola empresa y sin licitación previa

23 octubre, 2015

"Algo no cierra" en las coincidentes contrataciones directas que realizó el Estado provincial con una misma empresa que provee de sistemas de vigilancia 911 y cámaras de seguridad ciudadana a varios municipios por intermedio del Ministerio de Gobierno, y por montos millonarios. Desde 2013 estos millones irían a manos de la firma Zoom Seguridad Electrónica sin que medie una licitación pública que transparente el negocio. Los legisladores Germán Bordón y Daniel González (ambos de la UCR) elevaron un pedido de informes para que el Gobierno explique por qué evita el procedimiento administrativo previsto por la Ley de Contabilidad, para definir el destino de estas importantes inversiones con dinero público, particularmente porque sospechan que existiría un vínculo cercano entre quien aparece como titular de la firma beneficiada y altos funcionarios de la renovación. Hace dos años, cuando González era concejal de Eldorado, había alertado sobre la maniobra que posibilitó esta operación en su localidad. Fue cuando la misma empresa colocó las 25 cámaras de seguridad por un monto superior a los 4,5 millones de pesos.El pedido de acceso a la información pública que tramitó entonces, nunca fue contestado por la cartera que conduce Jorge Franco. En la actualidad se encuentra en pleno proceso la colocación de veinte cámaras de seguridad en Puerto Rico por 3,5 millones de pesos con el mismo procedimiento de hace tres años: los comisarios inician el expediente y recomiendan la contratación, luego el ministro Franco hace el Decreto y autoriza la compra directa."La misma Ley (de Contabilidad) establece que podrá contratarse directamente cuando circunstancias imprevisibles o razones de urgencia debidamente fundadas, no permitan esperar la gestión de una licitación", señalaron los legisladores en el pedido de informes, y sostuvieron que en ninguno de los casos detectados existieron estas "razones de urgencia" ya que los pedidos y trámites locales para poner las cámaras se iniciaron con dos años de anticipación, por lo menos.Sin embargo, en los decretos en los que Franco avaló e impulsó la adjudicación, justificó el proceso sin licitación "en atención al informe y notas periodísticas obrantes" sobre inseguridad. Otro de los puntos que no cierran, según los legisladores, es la comparación de los precios en 2015 en  relación con lo que se pagó hace tres años: "En la contratación directa de un sistema de video de vigilancia similar, para la ciudad de Eldorado, la adquisición de 25 cámaras de seguridad y todo el sistema, se abonaron $ 4.600.000 en diciembre del año 2012, y en esta oportunidad, de concretarse la contratación directa para la ciudad de Puerto Rico, se abonarían $ 3.544.700 por 20 cámaras". "La disparidad de precios, que si bien es cierto ahora es menor que la contratada hace casi 3 años atrás, nos permite dudar acerca de este mecanismo de contratación", señalaron.  En el 2012 la contratación directa se autorizó por el decreto Nº 1910, que se conoció en su texto completo publicado en el Boletín Oficial. En el caso de las contrataciones de 2015, los decretos se publicaron en formato "sintetizado" y por un monto superior a los 18 millones de pesos en total. En cuatro localidadesZoom Seguridad es la empresa beneficiada con las contrataciones directas del ministro Jorge Franco. La dueña es una señora mayor que según la constancia de inscripción en la Afip, inició sus actividades en 2013, en tanto le otorgó poder a su hijo para los negocios con el Estado. Éste, pasó el año pasado tramitando la colocación de las cámaras en Montecarlo, ocasión en la que explicó que "estas cámaras son de sistema inalámbrico, el mismo sistema que está funcionando en Eldorado y en Posadas”. Ahora se le sumaría Puerto Rico. "Corresponde recordar que el contrato de compra fue celebrado entre el Ministro de Gobierno y la empresa Zoom Seguridad Electrónica", cuyos titulares tendrían "una muy buena relación con el Ejecutivo  Municipal" dijo en 2013 el actual diputado González. Para los dos casos conocidos de colocación de cámaras en Eldorado y Puerto Rico, las contrataciones se decidieron previa compulsa de precios con empresas que ofrecieron presupuestos más elevados, mientras que Zoom Seguridad Electrónica resultó "la oferta más conveniente". Los legisladores anticiparon que profundizarán la investigación para determinar si estas supuestas compulsas son reales. Lo claro hasta el momento es que al no existir licitación, se le impide a las firmas reconocidas del rubro ofertar en igualdad de condiciones y con transparencia, con beneficios concretos para la comunidad. 

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Hace siete años entrena musculación, se capacitó como instructor y hoy tiene su propio gimnasio en Posadas, donde busca acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “La obesidad es una enfermedad silenciosa, no una cuestión estética”, advirtió. ⚠️🏃‍♂️Tras bajar casi 100 kilos y someterse a una cirugía de manga gástrica, Morel mantiene controlada la hipertensión con alimentación y actividad física. Su mensaje es claro: “Esto no es un deporte, es un estilo de vida”.
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
En 2025 aumentaron las atenciones a pacientes con obra social tras perder coberturas, caída de convenios o costos elevados. El nosocomio posadeño concentra casos complejos regionales, sostiene nacimientos y suma presión por cierres de terapias en clínicas.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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