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Deuda, un capítulo más abierto que nunca

17 octubre, 2015

El desendeudamiento es uno de los pilares principales del relato kirchnerista y, al igual que todos los demás, no resiste una confrontación con la realidad.No tuvieron que pasar veinticuatro horas de la cuadragésimo segunda cadena nacional para que las palabras de la presidenta Cristina Fernández quedaran desautorizadas por su propio ministro de Economía, Axel Kicillof. “Hoy la Argentina ha cerrado el último capítulo del endeudamiento”, exclamó el lunes 5 de octubre. El martes 6, el “nene” -tal como lo presentó la Presidenta por cadena nacional- anunciaba la colocación de 669 millones de dólares en un nuevo bono, como inicio de un nuevo endeudamiento que se tradujo en tres bonos en una semana.Pero la proximidad entre el discurso presidencial y la colocación de deuda no es una simple coincidencia. La lectura del Boletín Oficial puede ser un fastidio, pero es una tarea necesaria para comprobar que este Gobierno no ha dejado de emitir deuda con los instrumentos más variados, al grado de vaciar las arcas de varios organismos del Estado.Un punto de inicio recomendable en este periplo podría ser octubre de 2008, cuando la euforia generalizada por la reestatización del sistema previsional no dejó ver a muchos el propósito oculto de la medida: disponer de una sustanciosa caja de recursos para financiar un déficit que, a la luz del impresionante crecimiento de los años posteriores, hoy sería una meta más que deseable.Desde entonces, la suscripción de letras del Tesoro por parte de la Anses, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y hasta el Pami se prolongó hasta el presente. Hubo que esperar tan sólo 55 días desde el anuncio del fin de las AFJP para que se tomaran los primeros recursos, 1.600 millones de pesos, del reestatizado sistema previsional. Pero la ciudadanía tardó cuatro meses en saberlo: la resolución conjunta que formalizó ese endeudamiento se publicó en el Boletín Oficial el 15 de abril del año siguiente. El tiempo parece ser tan relativo como la publicidad de los actos de gobierno.La síntesis de la deuda tomada del sistema previsional muestra compromisos acumulados por 4.736.974.313 dólares y 54.006.120.000 pesos, sin actualizar. En el caso del Pami, entre 2009 y 2010 se suscribieron letras por 9.490 millones de pesos.  Como muchos otros organismos, fue dejado de utilizar, tal vez por haberse quedado sin recursos para seguir financiando el creciente déficit del Estado. En ese sentido, el listado de los entes que, como señala la formalidad de las resoluciones, suscribieron “voluntariamente” letras del Tesoro, muestra la inagotable creatividad de los funcionarios para financiar el déficit que ellos mismos generan.Así, el Instituto Nacional de Reaseguros (Inder) no tuvo problemas en suscribir por lo menos cinco letras, a pesar de que se encuentra en liquidación hace veintitrés años. Cammesa, que en la última década requirió que el Estado le otorgase subsidios por más de 260 mil millones de pesos, aportó generosamente 2.085 millones de dólares en quince letras entre 2011 y 2014. Tampoco se entiende por qué el Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares debe ser asistido periódicamente con ampliaciones presupuestarias: suscribió seis letras por 950 millones de pesos. ¿Les falta plata o les sobra?Por no hablar de la cantidad de fondos fiduciarios cuya finalidad, en definitiva, parece haberse limitado a colaborar en la emisión de deuda. Y dentro de ellos, el Fondo Fiduciario de Reconstrucción de Empresas no tiene punto de comparación con los otros: veintisiete letras por un total de 7.200 millones de pesos y 347,1 millones de dólares.En el final de su gestión, el Gobierno tuvo un 2015 particular, en el que abandonó su costumbre de endeudarse con diferentes organismos del Estado y limitarse exclusivamente a quitarle recursos al sistema previsional. Allí se encuentra la razón por la que en este año se volcó a la colocación de bonos a tasas que más que duplican a las de cualquier país vecino: los organismos se quedaron sin fondos. Y el Ministerio de Economía se quedó sin letras. Pero la suma de curiosidades no es nada si se toma conciencia de la cabal dimensión del endeudamiento acumulado en los últimos siete años. Letras, bonos, pagarés son los instrumentos elegidos para financiar a un Gobierno que se retira con un déficit que se estima equivalente a siete puntos del PBI. Y una emisión de deuda que -sólo considerando los últimos siete años de la docena kirchnerista- supera los 125 mil millones de dólares.El cálculo es complicado, debido a que los 358.652,4 millones de pesos se distribuyen entre más de un centenar de letras entre 2008 y 2015, con diferentes paridades cambiarias en cada caso. A ellas deben sumarse los 78.095,4 millones emitidos en dólares, entre los que las palmas se las lleva sin dudas el Banco Central, con letras por 57.398 millones. La suma no incluye el stock de Lebacs, que incrementaría los compromisos en más de 300 mil millones de pesos.Al momento de cerrar este incompleto balance del endeudamiento sin fin no se cuenta con el resultado de las nuevas colocaciones de bonos ni, por supuesto, las que se realizarán en las próximas semanas. Es que, a pesar de los discursos, el capítulo de la deuda está más abierto que nunca.

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Hace siete años entrena musculación, se capacitó como instructor y hoy tiene su propio gimnasio en Posadas, donde busca acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. “La obesidad es una enfermedad silenciosa, no una cuestión estética”, advirtió. ⚠️🏃‍♂️Tras bajar casi 100 kilos y someterse a una cirugía de manga gástrica, Morel mantiene controlada la hipertensión con alimentación y actividad física. Su mensaje es claro: “Esto no es un deporte, es un estilo de vida”.
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Silvia Zdanovicz fundó junto a su familia, Güira Oga “Mates Artesanales y Casa de Pájaros”, un emprendimiento basado en el reciclaje, lo artesanal y la representación del paisaje misionero con la hoja de la yerba mate como sello distintivo. La idea nació de una búsqueda interior, atravesada por una dolorosa enfermedad y hoy se consolida en los circuitos turísticos y ferias provinciales.
En 2025 aumentaron las atenciones a pacientes con obra social tras perder coberturas, caída de convenios o costos elevados. El nosocomio posadeño concentra casos complejos regionales, sostiene nacimientos y suma presión por cierres de terapias en clínicas.
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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