POSADAS. César Carballo está agotado. Desde las 19 hasta las 7, recorrió las calles de la ciudad al mando de su taxi. Tiene 58 años y trabaja por las noches “para paliar la situación que me toca vivir”.Se desempeñó como docente de primaria en escuelas de Buenos Aires durante treinta años, hasta que cumplió los 54. Para él, lejos está la posibilidad de descansar. “A mí me mintieron…me hicieron creer que por mis aportes iba a poder pasar una vejez tranquila. Sentado y ocupándome de mis cosas. Hoy no me alcanza mi jubilación y no es fácil. Doy gracias a Dios que tengo salud y puedo seguir trabajando”.El hombre, de hablar pausado, contó que de lunes a viernes trabaja “doce o más horas. ¿Le parece? Y a esta edad”, planteó con inquietud. La realidad de César es la misma que la de miles de jubilados misioneros que salen todos los días a trabajar. De acuerdo a datos aportados por el Instituto de Previsión Social, en la provincia son 16.842 jubilados y se desprende que en Posadas se registran 8.971 de ellos. Y gran parte de ese porcentaje continúa trabajando. Pero no lo hace en las mejores condiciones. Además de tener que readaptarse a un mercado laboral donde existe una gran barrera por la edad, los jubilados se enfrentan con otros desafíos.“El jubilado, empleado público, retirado de las fuerzas, está sujeto a un banco, a las financieras, porque no les alcanza el sueldo y piden préstamos y se endeudan. Se ven en la obligación de salir a trabajar. Y son contratados en agencias de taxis que prefieren tener a un jubilado o retirado por los cuidados que tienen. Igual las entidades provinciales, que incluyen a los retirados haciendo guardias, con cierta remuneración que les ayuda a paliar la situación. Pero hay jubilados que están enfermos, con edad avanzada y tienen que tener medicamentos y no les alcanza”, precisó Roberto Escalante, suboficial retirado y vocero de los retirados de la Policía.Para Juan, quien prefirió no dar su apellido, “es muy difícil reinsertarse por nuestra edad, pero la mayoría ingresa al mercado informal”, explicó. A los sesenta años, y con cuarenta de aportes, hoy realiza trabajos de seguridad en el Ministerio del Agro. “Son trabajos con contratados en negro como serenos, un trabajo muy riesgoso por la inseguridad que tenemos hoy en día. Por mi parte, hace seis meses que no nos están pagando y termino gastando mi jubilación para seguir trabajando, otra no me queda. Entonces, la realidad que nos toca vivir, al menos la mía, es que terminamos realizando actividades de baja calificación, pero que resultan de alto riesgo”, apuntó.En el taxi, explicó Carballo “uno está expuesto a los riegos. Fui víctima de un asalto hace poco y me la tengo que bancar. No es fácil”. Pero “yo quiero un futuro para mis hijas, que son universitarias, y no puedo quedarme de brazos cruzados”.Impacto económicoRoberto Escalante explicó que la persona que llega a cierta edad y debe jubilarse transita la situación de una manera “traumática”, sobre todo por el impacto económico que se produce en su vida. “Nosotros estamos en la carpa porque a los policías retirados cuyos sueldos no fueron actualizados no nos alcanza. Cuando nos retiramos de la fuerza, tras cumplir los 26 años y un mes, terminamos endeudados. Y eso hace que el policía vuelva a trabajar, como sereno o taxista, y lo hace doce por 24 horas de nuevo”.Jubilación mínimaDesde marzo, el ingreso mínimo de los haberes de todos los jubilados y pensionados que dependen de la Anses es de 3.821,73. El aumento alcanzó a 6.092.384 jubilados y pensionados y a 1.543.781 titulares de pensiones no contributivas y excombatientes de Malvinas. En total, según informó la Anses, son 7.636.165 personas. Pero hay que tener en cuenta el monto de la canasta básica familiar y, si bien no existen datos oficiales, los números son alarmantes si se comparan los ingresos de la población con la canasta más amplia que elaboró la Dirección de Estadísticas porteña, que toma en cuenta no sólo las necesidades básicas sino que considera “los bienes y servicios que satisfacen en una medida aceptable las necesidades de los hogares”, incluyendo -entre otros rubros- los gastos en alimentos, mantenimiento del hogar, aseo, educación, salud, esparcimiento y transporte público. El valor de esa canasta para una familia tipo osciló a fines de 2014 entre los 8.803 y los 12.005 pesos mensuales. “A mí me alcanzaría si me pagaran lo que corresponde, pero me pagan por debajo y tengo los mismos gastos de siempre, todo ha subido pero no mi sueldo. La canasta básica familiar está por las nubes”, detalló Rosa, jubilada de 63 años con 37 de aportes en la Municipalidad. “Desde los 17 años soy modista, hoy continúo haciendo ropas, pero la vista y la columna cada vez están peor”. ¿Cuáles son los derechos de los jubilados?El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza la seguridad social que, según expresa, tendrá carácter de integral e irrenunciable, con jubilaciones y pensiones móviles.Al describir el mencionado artículo el carácter de integral, hace referencia a las diez garantías expresadas en los Derechos de la ancianidad a saber: Derecho a la asistencia, a la vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física y moral, al esparcimiento, al trabajo, a la tranquilidad y al respeto.También expresa que estos derechos son irrenunciables, porque hacen a la dignidad de la persona humana, agregando posteriormente jubilaciones y pensiones móviles, hecho que no se cumple actualmente, ni siquiera con la sanción de la ley de Movilidad jubilatoria 26.417.Lo que se pretende proteger con la garantía constitucional, es la dignidad de los ancianos, amparando con la movilidad la proporcionalidad que debe mantenerse en el tiempo entre el haber jubilatorio con el salario del trabajador activo para no ver postergado ni excluido de estas garantías constitucionales. Los legisladores deberán en primer lugar entender, si se pretende garantizar los derechos de los jubilados, que el haber jubilatorio es supletorio del salario del trabajador y por lo tanto hace a la propiedad privada del individuo protegida constitucionalmente por el artículo 17 de la Carta Magna.El artículo 75 inciso 22 establece que “los tratados y concordatos tienen jerarquías superiores a las leyes”.El inciso 23 del mismo artículo, obliga a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades, de trato, del pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constituci
ón y por los Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.Los derechos protegidos en los tratados internacionales, sólo enuncian mínimos derechos; ello significa que en cada país pueden ser susceptibles de mayores niveles de protección, por lo tanto: el ordenamiento legal supone mandatos de optimización, de mayor protección y de ninguna manera puede admitirse que sean de menoscabo a los derechos ya adquiridos.Los tratados internacionales suscriptos por Argentina, protegen a trabajadores cesantes y jubilados, reconociéndoles prioritariamente el derecho a gozar de una calidad de vida en su etapa de ancianidad.Para finalizar me dirijo a la opinión pública, teniendo presente éste marco legal garantista de los Derechos reconocidos a las personas ancianas y jubiladas, por la CN y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, y por el otro lado la triste realidad de millones de jubilados argentinos que perciben como jubilación mínima: la irrisoria suma de 3.821,73 pesos (unos 416 dólares), mientras que el salario mínimo vital asciende a $6.060 (660 dólares). Con esto; ¿podemos hablar de jubilaciones y pensiones móviles? Cabe preguntarnos, la ínfima suma de 3.821,73 ¿alcanzará al jubilado para cubrir sus necesidades mínimas? El presente interrogante debe sensibilizar a nuestros legisladores, a los fines de dictar leyes de movilidad jubilatoria que garanticen con parámetros reales la tan ansiada jubilaciones y pensiones móviles garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina.Lucas Sebastián Ortega ABOGADO
Discussion about this post