POSADAS. Docentes jubilados denunciaron ante la Fiscalía Penal a la Tesorería General de la Provincia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Ya en junio pasado, los docentes jubilados de Marea Blanca hicieron público a través de PRIMERA EDICIÓN, que Tesorería General de la Provincia se quedaba todos los meses con el 36% de los fondos públicos que, por ley, le corresponde al Instituto de Previsión Social (IPS).Con datos suministrados por la propia Tesorería, los jubilados docentes presentaron como prueba ante la Justicia, que no llega al IPS la friolera de 1.070.728.043 pesos mensuales y advirtieron además la necesidad de auditar el destino y uso de estos fondos.Por una cuestión de economía procesal, los denunciantes son sólo cuatro: Damián Cura, Carlos Almeida, Alberto Holz y Faustino Fleitas, elegidos en una asamblea como “representantes” de centenares de docentes jubilados de la provincia que cada jueves marchan en Oberá, Eldorado, Leandro N. Alem y Posadas. La Ley que no se cumpleLos denunciantes advirtieron el incumplimiento de los artículos 16 y 19 de la Ley XIX-2 (antes Ley 568) que establecen la obligación de realizar -mensualmente- el depósito de los aportes previsionales de los empleados de la administración pública provincial y las contribuciones de los aportes que se deben realizar la patronal en la cuenta del IPS habilitada para ese efecto. Además, obliga a los tesoreros o personas que cumplan la función de depósito de estos fondos, a enviar al IPS las boletas de estos depósitos dentro de los 15 días de la liquidación de los sueldos. Pero, según denunciaron ante la Fiscalía Penal, “estos depósitos no son realizados en su integridad, sino en forma parcial. (…) Este mandato legal no es cumplido y ello se desprende del mismo informe expedido por la Tesorería General de la Provincia, que abarca el periodo abril de 2014 a marzo de 2015”. Según reveló este informe, Tesorería General debió depositar mes a mes un devengado total de 2.978.099.990,40 pesos y depositó mucho menos: 1.907.371.947,40, es decir el 64% de ese valor devengado.“La ley ordena el depósito dentro de los 15 días de abonados los salarios (no admite la noma depósitos parciales), ley que no es cumplida, lo que prima facie coloca a los responsables de realizar el o los depósitos en la situación de no cumplir con la ley, conducta tipificada en el artículo 248 del Código Penal, donde se expresa que será reprimido… el funcionario público… que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. Y eventualmente, ante la figura penal de malversación de caudales públicos”, plantearon los denunciantes. Según advierten los jubilados, “la Tesorería General de la Provincia ha expedido certificación en la cual obra el flujo de depósitos parciales y, por ende contrarios a la ley, en concepto de aportes previsionales correspondientes a abril 2014 a marzo de 2015 y de donde surge de manera manifiesta que este organismo no cumple con lo que disponen las normas jurídicas señaladas”. ¿Dónde fueron esos fondos? Según indicaron en su denuncia a la Justicia, si en el período abril 2014 a marzo 2015 “faltaron depositar 1.70.728.053 pesos al IPS. Si hiciéramos una proyección por 9 años hacia atrás tomando este valor como constante a los fines de ejemplo, se obtendría una cima astronómica no ingresada al IPS: 9.637.182.387 pesos. ¿Dónde ha ido a parar tal suma?Las diferencias entre lo devengado y lo depositado importa sumas millonarias que han sido apropiadas por el Estado derivando estos fondos que tienen un destino o afectación específica a otras finalidades que no nos encontramos en condiciones de establecer, pero es evidente que existe un desvío de fondos, una prima facie malversación de fondos públicos en los términos del artículo 260 del Código Penal”. Por ello, advirtieron que corresponde a “la Justicia -en tanto esta actué independientemente a la influencia del poder gubernamental- establecer dónde ha sido derivada la suma de 1.070.728.043 pesos por el período informado por la Tesorería y al responsable de la malversación; como también establecer las sumas no depositadas de años anteriores a la del período referido anteriormente”. Afectados directos Los jubilados piden a la Justicia que se investiguen los depósitos desde Tesorería al IPS en el período comprendido de 2000 a la fecha. Vale recordar que parte de este período incluyó (de 1990 a 2013) la emergencia previsional que impuso topes de haberes. Además, vale recordar que a partir de 1997 los trabajadores activos sumaron otro 5% de aporte previsional. Siempre con el mismo argumento de “déficit previsional”, los aumentos salariales conseguidos a partir de 2004 por los docentes activos no fueron abonados en forma automática (principio de movilidad) a los pasivos, razón por la que el IPS acumuló una deuda millonaria con los jubilados (a razón de 37 haberes por cada uno), deuda de la que el gobierno nunca se hizo cargo.Expectativas En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Cura, Almeida, Holz y Fleitas expresaron sus expectativas respecto a la denuncia ante la Justicia. “Creemos que pueden pasar una de tres alternativas: que la Fiscalía investigue los hechos dada la gravedad de lo denunciado, que desestime la denuncia o que aplique el artículo sesto (de basura)”, ironizaron. No obstante, advirtieron que ellos cumplieron con su responsabilidad como ciudadanos al denunciar lo que consideran es un delito, “porque el que sabe de un delito y no lo denuncia es cómplice”. Admitieron además que son parte interesada en forma indirecta “porque el dinero que el Estado no deposita al IPS no es nuestro sino de los distintos regímenes del Instituto, pero nosotros (por los jubilados) somos uno de los sectores afectados por esta situación”. Los jubilados docentes estiman que desde hace muchos años que Tesorería General de la Provincia no deposita todos los aportes de los trabajadores (los descontados a éstos de sus haberes) y los de la patronal a la cuenta del IPS. No obstante, señalaron que recién en 2012, bajo del amparo de la Ley IV -58 de Acceso a la Información Pública, lograron demostrar que “los gastos previsionales eran muy inferiores a los devengados de aportes y contribuciones del mismo orden. “Había un 40% superavitario no aplicado a la atención de las prestaciones previsionales del IPSM”, destacaron. Recordaron que ante este sorpresivo pano
rama superavitario, Marea Blanca logró ser oída por la Cámara de Diputados. Los argumentos irrebatibles conllevaron la caída de la emergencia previsional. En 2014, otra vez Ley IV -58 mediante, se confirmó que continuaba presente este superávit no aplicado a la atención de reclamos justos de uniformados y docentes jubilados en reclamo de movilidades pasivas.
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