POSADAS. Ramón tiene los bracitos tan flacos que las esposas le quedan grandes y tranquilamente podría escaparse por entre los barrotes de la celda. Ramón puede ser cualquiera de los 52 chicos que hoy están privados de su libertad en la Unidad Penal Correccional y de Menores conocida como UP4, en Villa Lanús. El promedio de chicos alojados en esta cárcel era de cuarenta internos, pero en los últimos meses el número aumentó considerablemente. Por ahora es una de las pocas respuestas estatales a un problema que también aumentó y que no tiene ni el aboraje, ni las herramientas, ni el compromiso adecuados: el 80 por ciento de los chicos menores que delinquen son adictos a las drogas, y la edad de la comisión de delitos graves en estado de intoxicación bajó notablemente a los once, doce, trece, catorce o quince años, es decir que son inimputables, pero cuando la mano del Estado llega a sus vidas no es para ayudarlos a ellos o a sus familias, no es para cuidarlos a ellos y a sus potenciales víctimas, sino para meterlos presos. En Misiones todavía carecemos de centros de tratamiento de las adicciones que sean efectivos, accesibles para las familias de clase media o baja y que cuenten con la inversión necesaria y el plantel profesional suficientemente formado en este tipo de respuestas. Una deuda pendiente que le está saliendo cada vez más cara a la sociedad y que tiene su razón de ser: el aumento notable de la circulación libre de drogas en todos los estratos sociales y en todos los rincones de las ciudades, tanto en los lugares céntricos como en los barrios más humildes; y la impotencia de miles de familias que no saben qué hacer cuando uno de sus chicos cae en la adicción, a quién pedirle ayuda, qué puertas golpear, y que en muchos casos termina desentendiéndose de sus propios hijos y pidiéndole al Estado que los encierre. En el correccional de Miguel Lanús el 70% de los chicos presos tiene graves problemas de adicción, y hasta los hay con serios síndromes de abstinencia que intentan dañarse a sí mismos. En esta unidad se alojan los mayores de 16 que cometieron delitos no excarcelables: desde robos calificados (con armas) hasta lesiones graves y asesinatos. También hay un aumento de chicos procesados y derivados por la Justicia Federal: son las víctimas del narcotráfico, usados como mulas para el transporte o la distribución de drogas. Del total de internos, ocho están hoy entre rejas por la comisión de delitos federales, un número nunca antes alcanzado. En las estadísticas hay una que no falla: el cien por ciento es pobre. Notoriamente, muchos de ellos ni siquiera recuerdan lo que hicieron, porque al momento del hecho estaban “dados vuelta” con cócteles de pastillas, que son el detonante principal del descontrol y el desastre que les cambia la vida para siempre. Salvo algunos casos muy excepcionales, todos ruegan y desean seriamente otra oportunidad, pero el paso por el encierro no es, precisamente, el tratamiento que debieran haber tenido para su enfermedad, muy a pesar de los enormes esfuerzos que realizan los responsables y el personal del Servicio Penitenciario Provincial por contenerlos y darles un trato humano y hasta afectivo, porque no pueden dejar de ver a sus propios hijos en cada par de ojos tras las rejas. Es que muchos de los chicos que egresan no pueden contar con el apoyo familiar, porque la disgregación previa incluso pudo haber sido el detonante. Vuelven al barrio, donde la droga nuevamente está a disposición, y donde el hecho de haber pasado por el encierro los vuelve “más capos y más duros” en la escala de valores de la delincuencia. La deuda pendiente, esa frase hecha que al final no dice nada, es reconocida por todos los que tienen algo que decir en relación a este drama. PRIMERA EDICIÓN habló sobre lo que pasa, porqué pasa y cómo deberíamos actuar con algunos de los protagonistas: el juez correccional y de Menores César Raúl Jimenez; el director general del Servicio Penitenciario Provincial Miguel Maidana y la ex directora del Penal Correccional de Miguel Lanús, Nilda Correa; con Daniel Vega, padre de Lucas y gestor del centro de rehabilitación para menores judicializados que funciona en Posadas, y con el Secretario de Justicia de Misiones, Julio Lenzken. “Ferreterías y farmacias, las proveedoras de los chicos adictos”“El 80% de los chicos que cometen ilícitos penales en la primera circunscripción judicial (Posadas, Leandro N. Alem y Apóstoles) son consumidores de sustancias tóxicas, mayormente pastillas, y en el peor de los casos inhalan poxirrán”. El dato estadístico dado por el Juez Correccional y de Menores César Raúl Jimenez es el que debe enmarcar toda la charla sobre los menores que delinquen en Misiones, porque no es un dato más, sino una causa, en muchos casos. Por eso, apenas arrancó hizo notar que mientras tenemos un aumento en la cantidad y el nivel de violencia en los delitos cometidos por “casi niños”, también hay fallas importantes en el contralor de ferreterías y farmacias que proveen a los chicos de las dos drogas mayormente usadas. “Por ley provincial está prohibida la venta del poxirrán a menores en las ferreterías; cómo llega el menor al poxirrán es el primer gran interrogante. Las pastillas consumidas por estos chicos se venden en las farmacias, otro elemento externo a considerar desde el Estado porqué los farmacéuticos les venden a pesar de que saben cuál será su uso. Esto muestra que seguimos teniendo fallas importantes como organismos de contralor. Lamentablemente es así”. Otro dato importante “es que el niño que arranca con el consumo no es un consumidor social, termina consumiendo siempre. Cuando comenzó ya se involucró en una situación de adicción importante, y el tratamiento que tenemos que darle es el de un niño enfermo”. Para el magistrado, estas dos realidades (el contexto que facilita, y la adicción como enfermedad de base) exige que quienes lidian día tras días con chicos que se animan a asaltar a mano armada o a apuñalar a alguien en estado de intoxicación entiendan que “nos planteemos hasta dónde es bueno seguir considerando la voluntariedad de los tratamientos”. Esto, porque el tratamiento de las adicciones requiere la aceptación voluntaria del enfermo para someterse, “pero al chico enfermo lo tenemos con una voluntad viciada, entonces tenemos que buscar la manera seria y cierta de exigir ese tratamiento”. Chicos empobrecidosCuando la sociedad se impacta por un hecho grave protagonizado por un niño o adolescente que delinque, la reacción inmediata es exigir el encierro. Pero quienes han visto pasar a miles de chicos por esta situación saben que no es la
mejor alternativa. “Tendríamos que buscar la forma de acompañar previamente a la familia, que seguramente está fragmentada, empobrecida, con conflictos económicos y de otro tipo. Es un trabajo que queremos abordar en un tiempo perentorio, pero que podríamos tenerlo en marcha en cuatro o cinco meses. Esto es importante porque estadísticamente mermó la cantidad de chicos sujetos a proceso desde los 16 en adelante, pero aumentó la cantidad de chicos menores de 16 que cometen ilícitos graves. Antes se animaban a robar con armas los chicos de 16 o de 17, y hoy se anima un chico de 14. Todo esto nos muestra un escenario preocupante en el que la Ley penal no entra, ni creemos que sea la salida”. “Hay padres que no quieren sacarlos más”No es fácil, nada fácil ser responsables del sistema que alberga a todos nuestros “fracasos” como sociedad, y a la vez contiene nuestras esperanzas: el Correccional y de Menores de Miguel Lanús, en Posadas, puede resumir estos dos extremos que nutren la hipocresía con la que rodeamos al problema de la delincuencia juvenil, y suele estar en la mira cuando pasan hechos aberrantes como el que terminó con la vida de Gerardo Ayala (30) atacado a puntazos en el barrio Los Lapachitos, al sur de Posadas, por una banda compuesta casi en exclusiva por menores, dos de los cuales ( de 14 y 16 años) habían abandonado el correccional apenas unos días antes por un robo a mano armada anterior. El director general del Servicio Penitenciario Provincial Miguel Maidana y todo el personal a cargo de la Unidad Penal IV deben hacerse cargo de chicos con estas características violentas, con poco sentido del valor de la vida, de la suya propia y la de los demás. En el correccional hay 52 alojados en este momento y el 70% de ellos tiene problemas con el abuso de sustancias, y de hecho, han tenido que enfrentarse a chicos que por el sindrome de abstinencia quisieron colgarse o quemarse vivos. Sin visitas por meses “Nosotros tratamos de que tengan en el personal un apoyo emocional, casi familiar, porque vienen con muchas carencias. Hay familias que se desentienden totalmente de los chicos, no los visitan por meses. Hay otros que te piden que lo dejes encerrado porque no saben más qué hacer y otros que ni siquiera quieren venir a retirarlos. Cuando contamos con el apoyo familiar es muy probable que el chico se tome muy enserio la situación que está viviendo, realmente vemos que quieren salir adelante, pero también vemos muchos que no tienen apoyo porque vienen de familias desmembradas y que al salir vuelven a su contexto donde está la droga bien a mano, y encima en el código de ellos, haber pasado por el encierro los convierte en los más capos del barrio”, contó Maidana. En el tiempo que transcurran en el encierro, los chicos reciben una batería de posibilidades de contención: estudian oficios y trabajan en la panadería, la huerta, todo para el autoconsumo, y luego reciben diplomas sobre la capacitación que obtuvieron. También hay gabinetes sicológicos y escuela carcelaria, pero todas estas alternativas pueden determinar un cambio positivo en los chicos siempre que tengan también ese acompañamiento afectivo. “Nos alegramos tanto cuando uno se salva… es nuestra victoria” cuenta Nilda Correa, ex directora de la UP4 y actual subdirectora del Servicio Penitenciario, a quien se le humedecen los ojos cuando habla de los casi niños que a veces llegan por efectos de un acto descontrolado y grave cometido bajo los efectos de la droga. Ambos funcionarios parecen sinceros cuando señalan que les frustra saber que los chicos pueden volver al entorno enfermo, situación que ya les sobrepasa. “A veces no es suficiente. No es suficiente. La familia a veces cree que tenerles alojados acá es una solución y no es cierto. Nosotros vemos mejorías, se van mas pulcros, mas educados, pero también tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad de las familias no se puede reemplazar. No es lo mismo que un interno esté judicializado cuando tiene un problema de adicción que deriva en delito”. “La Policía va a poder combatir la venta de drogas en los barrios”“Todo el mundo sabe quién vende droga en los barrios” es la frase que más se escucha en las ciudades grandes de Misiones, pero a partir de un convenio que firmará en breve el Estado provincial con la Procuraduría General de la Nación, en poco tiempo la Policía provincial podrá actuar en estos reductos de venta minorista de droga que ahora parecen no tener control ni represión, ya que por el momento sólo las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal) tienen jurisdicción para actuar en el combate al narcotráfico.El anuncio lo realizó a PRIMERA EDICIÓN el subsecretario de Seguridad y Justicia de Misiones, Julio Lenzken, entusiasmado con la posibilidad de avanzar en este paso que podría tener resultados positivos, y constituiría una respuesta al fuerte reclamo de la sociedad, harta de esperar el prometido combate contra el avance de las drogas. “Nosotros queremos involucrar a toda la Policía, no en la investigación sobre el narcotráfico propiamente dicho pero sí en la posibilidad de actuación directa ante la “noticia criminis”, que es el conocimiento de un hecho relacionado a la venta de droga”, explicó el funcionario. A partir de que cuenten con esta herramienta “la Policía provincial va a tener que actuar cuando sepa que hay delitos relacionados al narcotráfico en un barrio, y ante esta situación van a tener que notificar al Fiscal federal, hacer el sumario federal y elevarlo”, agregó.Según Lenzken, en estos momentos “estamos en pleno proceso de redacción del convenio. Todo esto implica un trabajo de capacitación muy importante para nuestra Policía, capacitación que va a estar a cargo de los fiscales federales. Este convenio está enmarcado en los acuerdos marcos que se firmaron entre la provincia y la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó”. “Es cierto que todo el mundo sabe dónde se vende, pero sin esa herramienta nuestra Policía no puede actuar, por eso estamos muy expectantes”, señaló el subsecretario de Seguridad. “Combate hipócrita”Para el funcionario, “La droga está en todas las clases sociales y es un problema que nos atraviesa, solo que a veces hay un planteo hipócrita que pretende mostrar que el pobre que es adicto y roba es un delincuente, pero el hijo del doctor que consume y delinque tiene un problema psicológico. Nosotros estamos en contra de esa estigmatización, pero también es cierto que el adolescente pobre tiene menos posibilidades de acceder a un tratamiento y esa es una deuda pendiente”. Señaló que “el consumo de drogas comenzó a crecer desde
hace quince años. Ahora se nota el aumento de la actividad delictiva de los menores, con delitos violentos”, pero esta violencia “siempre tiene un entorno, un contexto”. Recordó que hace un tiempo, en una reunión del foro de seguridad, “una docente nos planteó que un chico tenía una navaja en la mochila y la madre lo justificó diciendo que el chico tenía que defenderse. Eso es brutal”. Hablar de todoLenzken también lamentó que en este complejo panorama, “hay algunos puntos que necesitamos dejar en claro. Lo que pasa con las pastillas y las farmacias, por ejemplo. ¿Cómo llegan las pastillas a los barrios? Yo creo que acá hay mucha más gente que tiene que involucrarse en esta lucha, los colegios profesionales, los médicos que deben emitir las recetas. Esto es muy sensible, todo un tema, pero es necesario que hablemos de todo y que hagamos entre todos un compromiso social”. El centro Lucas, otro aparente fracaso en marchaEl centro integral Lucas Vega, ubicado en el barrio Ñu Porá en el límite con el complejo A3-2 de Posadas, funciona como el único centro receptor de chicos derivados por la justicia penal que son menores de 16 años -y por lo tanto inimputables- y que delinquieron a causa de sus adicciones a las drogas. Según indicó Daniel Vega, el padre de Lucas en cuyo honor se creó el centro, hace casi un año que decidió apartarse de la organización por no estar conforme con la manera de encarar la contención de los chicos, que él pretendía enmarcar en una fuerte tarea espiritual. Vega no quiso dar detalles del porqué de su alejamiento, pero las quejas de los vecinos y los planteos al foro de seguridad del barrio hacen prever los motivos. Según dicen, los chicos albergados tendrían escaso control. Las quejas por los supuestos hechos delictivos que les endilgan hacen difícil la convivencia. El juez correccional y de menores César Jimenez también explicó los actuales problemas del centro: “Al hogar lo vimos como una posibilidad que merecía incorporar mano de obra profesional, equipos interdisciplinarios, tener huertas, polideportivo, pero ésto no se hizo, al final el hogar Lucas nació como una emergencia ante un hecho puntual y después todo lo que debió hacerse quedó en un anhelo. No se abordó el tema en forma integral y determinante en lo presupuestario”. Por ahora este lugar sigue siendo el único al que derivar a los chicos.
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