SAN VICENTE. El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de esta ciudad conformaría hoy la Comisión Investigadora para evaluar al juez de Faltas de esta localidad, Norberto Esteban Gómez Da Silva, por presuntas irregularidades en sus funciones. En los últimos días, el presidente del cuerpo deliberativo, Omar Arndt, aclaró que no hay ninguna persecución ni pase de facturas con el funcionario judicial municipal y que solamente “tengo la obligación de actuar como corresponde cuando veo una irregularidad”. “Desde marzo estamos trabajando y evaluando la actuación del juez de Faltas. La acusación de Da Silva es un manotazo de ahogado”, dijo el presidente del Concejo y autor del proyecto del pedido de juicio político, ante los dichos del magistrado.Si bien la comisión de Peticiones, Poderes y Legislación del Concejo Deliberante tiene quince días para emitir el dictamen sobre el pedido de juicio político al juez de Faltas de San Vicente, trascendió en el ámbito deliberativo que el dictamen podría entrar hoy y de manera inmediata se conformaría la Comisión Investigadora para analizar a fondo la conducta de Gómez Da Silva. Pasos legalesSi hay conformidad entre los ediles que conforman esa comisión, el cuerpo deberá pasar a un cuarto intermedio y emitir un dictamen con los nombres de los integrantes que serán quienes investigarán al juez. Y tras esto, los concejales tienen que aprobarlos en la sesión.Esta sería la primera vez que se inicia un proceso de investigación a un funcionario municipal de San Vicente desde que entró en vigencia la Carta Orgánica Municipal, el 1 de enero del año pasado. Precisamente se le acusa al juez de Faltas de haber trasgredido por lo menos tres incisos de la Constitución municipal: los artículos 193 e incisos B del artículo 195 y A del artículo 254. A Gómez Da Silva se le acusa de incumplimiento de los deberes de su función pública como juez municipal de Faltas y los deberes de funcionario público (en el artículo 254 inciso A, 193 y 195 inciso B de la Carta Orgánica Municipal), al haber constatado que el juez de Faltas ha tenido habilitado un comercio en el Parque Industrial sanvicentino desde antes de su designación hasta el 17 de febrero de este año. Y, además, por ser deudor del Municipio desde que asumió como autoridad.El presidente del Concejo Deliberante indicó a PRIMERA EDICIÓN que “es una obligación mía y de los demás ediles, y espero que me acompañen, de velar por el Municipio. El juez de Faltas demostró que desconoce las normas vigentes y principalmente la Carta Orgánica Municipal. Es incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Él es el que tiene que juzgar a la población y está cometiendo esas irregularidades”. “Desde marzo venimos investigando, pidiendo informes al ejecutivo y evaluando este situación para hacer las cosas bien”, aseguró. Además, se desligó de las acusaciones que hizo Gómez Da Silva por los medios radiales locales: “La acusación de Da Silva es un manotazo de ahogado. Él puede decir lo que quiera, pero lo va a tener que probar. Pero lo que no va a poder probar es su correcto desempeño en sus funciones. Están claritas las graves transgresiones que cometió”, aseguró Arndt. El artículo 193 de la COM dice que los jueces de Faltas “no pueden participar en organizaciones ni actividades políticas; ni ejercer su profesión, comercio o desempeñar empleo, pero asumió como juez y siguió con su industria maderera. Él mismo lo demuestra con una nota que envía al Concejo pidiendo la baja y el pago de la deuda atrasada. Esa es otra falta grave: un funcionario municipal no puede deber al Municipio, está en la Carta Orgánica”, detalló Arndt.Y aumentó la acusación a Da Silva explicando que “en el inciso B del artículo 195 de la Carta Orgánica sobre “desconocimiento inexcusable del derecho”: “El juez demostró que desconoce lo que dice la Carta Orgánica o lo quebrantó a propósito”, aseguró el concejal. El presidente del HCD indicó respecto al inciso A de artículo 254 (“Mal desempeño o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”) que “esas acusaciones están probadas y tenemos los informes que pedimos al Ejecutivo y también sus declaraciones”.“No tengo presión política de la renovación ni del Ejecutivo municipal, a favor ni en contra del pedido que hice. Lo hago porque es mi obligación como concejal o si no, yo estaría incurriendo en esas irregularidades. Si los políticos queremos ser confiables y creíbles, debemos cumplir con nuestras obligaciones”, concluyó Arndt.
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