POSADAS Y BUENOS AIRES. Cerca de 300 mil jubilados y pensionados en todo el país todavía cobran entre 600 y 300 pesos, y desde hace siete años reclaman a la Anses que mejore sus situaciones pero no tienen respuestas.Se trata de los jubilados y pensionados que se hallaban afiliados al sistema de capitalización individual y que, al momento de obtener el beneficio optaron por la modalidad de un Renta Vitalicia Previsional.La Ley 26.425 estableció en 2008 que quienes tenían esos ahorros debían optar entre la Anses o una administradora reconvertida. Se dispuso que los aportes a las AFJP fueran considerados como ingresados a reparto, pero eso sólo se tomó en cuenta para los trabajadores activos (para el cálculo futuro de sus haberes) y no para las personas que ya cobraban un ingreso, esos son los 300 mil jubilados y pensionados que todavía perciben montos insignificantes y que no llegan al mínimo para subsistir. Además de la determinación del haber, otro factor de desigualdad afecta a las personas que ya cobraban prestaciones en 2008 y es la movilidad: quienes habían contratado una renta vitalicia previsional en una compañía de seguros tenían la actualización atada a una tasa de rendimientos financieros, que en los últimos años quedó retrasada. Las diferencias son muy significativas: entre 2009 y 2013, la suba acumulada de haberes alcanzó 359%, mientras que por la tasa pasiva, la actualización sería de sólo 58,9% . Lilian López, una de las pensionadas misioneras afectadas, indicó que “desde el 2007 que falleció mi marido vengo reclamando y desde 2008 vengo presentando notas a la Anses que se anule la Ley 24.341 (de renta vitalicia previsional) para que me incluyan en el sistema de reparto de Anses pero no tengo respuesta”.“En 2013 presenté un amparo judicial pero ni así tuve respuesta positiva. Hay un proyecto de ley presentado que pedimos que se trató y hay fallos de la Justicia que nos dan la razón, somos 300 mil personas en todo el país”, agregó López.Mónica Raimondo creó una página en Facebook y se encarga de contactar a los afectados de todo el país para organizar reclamos. La mujer declaró que “este Gobierno traspasó las AFJP a la Anses pero se olvidó de algunas cosas, los que ya estábamos jubilados o pensionados, quedamos rehenes en una aseguradora, y no todos percibían una renta mixta, es decir que la mayoría cobrábamos la renta Pura: una miseria”.La Anses considera que “no somos parte del sistema porque un día optamos por la jubilación privada, y seguimos cobrando la misma miseria, hay quienes no llegan a percibir $500 por mes. No percibimos los dos aumentos anuales como el resto de jubilados y pensionados, cobramos menos de los que perciben planes”, señaló Raimondo.“Necesitamos respuesta urgente, que los gobernantes cumplan con su juramento, que se traten leyes en favor de todas las personas que habitan y trabajan en nuestro país”, finalizó.Antecedente judicial favorableRecientemente, en febrero de 2015, un fallo judicial ordenó a la Anses actualizar la movilidad jubilatoria a las rentas vitalicias, es decir que el organismo debe pagar los ajustes aumentando la parte del ingreso que un jubilado cobra bajo la modalidad de renta vitalicia.Estos pagos se actualizan según un mecanismo que determinó ajustes muy por debajo de la inflación y de las alzas conseguidas por la generalidad de los jubilados.Fueron los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata que entendieron que las rentas vitalicias previsionales gozan de la garantía constitucional que da el artículo 14 bis, en cuanto al carácter móvil de las prestaciones de la seguridad social. No cumplir con eso vulnera el principio de igualdad, según argumentos citados por los camaristas Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Jorge Ferro.La sentencia establece que, por el período que se extiende entre el momento de la jubilación del demandante y fines de 2006, el ingreso se ajuste según el índice de suba de salarios que dispuso utilizar como referencia la Corte Suprema en el caso Badaro. Y ordena también que, a partir de 2009, se calcule el ajuste tomando la fórmula de movilidad de la ley 26.417, aprobada tres años después de que el tribunal supremo les ordenara a los poderes Ejecutivo y Legislativo aprobar un mecanismo periódico y automático para la suba de haberes, ya que estaban muy afectados por la inflación. Cuando se eliminó el sistema de las AFJP, la ley estableció dos cosas diferentes para quienes ya percibían prestaciones. A quienes estaban cobrando su mensualidad directamente del fondo gestionado por la administradora -que luego pasó a la Anses-, se garantizó la movilidad general; pero esa garantía no se les dio a quienes habían contratado una renta en una aseguradora. Para ellos, se continuó con la fórmula de ajustes según la rentabilidad de las inversiones de las aseguradoras.En los últimos años, eso determinó subas inferiores a las del resto de los jubilados y pensionados, quienes obtuvieron aumentos superiores al 350% mientras que las rentas tuvieron un incremento promedio -dependiendo de la compañía- de entre 53 y 65%.
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