POSADAS. Por decisión unilateral de la empresa Tipoka, integrante del monopólico “Grupo Z”, los vecinos del enorme complejo habitacional de San Isidro quedan sin colectivos de noche y madrugada en caso de que no haya un policía dentro de las unidades, según informó la firma mediante precarios carteles dentro de los coches de las líneas 12 y 24. La arbitraria decisión, que perjudica a miles de pasajeros de uno de los barrios más alejados de la capital provincial, volvió a exponer la arbitrariedad con la que se manejan las empresas prestatarias del servicio público de colectivos y la pasividad cómplice de la Municipalidad de Posadas y del Gobierno provincial, que ya habían hecho gala de su habilidad para “mirar hacia otro lado” cuando las empresas decidieron una medida similar en Itaembé Miní, el año pasado.“Sepan disculpar las molestias”, reza el cartel de Tipoka que anuncia la “buena nueva” para los vecinos. La “molestia” en algunos casos implicará que los usuarios deberán caminar hasta veinte cuadras desde la intersección de la exruta 213 y la avenida 186, punto en el cual cada colectivo dará por finalizado el recorrido cuando no haya un agente de policía sobre la unidad. Recursos públicos para una empresa privadaSegún la firma, la decisión de cortar el recorrido arbitrariamente obedece a “los hechos de violencia registrados recientemente”, que, de haber existido, implicarían que la firma debería invertir en seguridad privada -como lo hace cualquier empresa no estatal- en lugar de requerir los escasos recursos humanos de la Policía provincial. La usuaria María Villar, una de las muchas indignadas por el permanente destrato, hizo ayer “un llamado a quienes tienen que hacer cumplir con el compromiso de las empresas a favor de los usuarios, quienes pagan sus boletos y son parte de la economía de estos empresarios que no cumplen con sus obligaciones en las horarios que corresponden”. La vecina denunció que las firmas “según el chofer, abandonan a sus pasajeros en distintas paradas del barrio San Isidro. Este cartel -dijo en referencia al “anuncio” dentro de los colectivos- dice más que mis palabras: desde las 19 estamos abandonados por estás empresas”. Se van en “amagues” Ante la denuncia pública realizada por los usuarios afectados por la nueva decisión arbitraria del Grupo Z, esta vez retaceándoles los servicios que obligatoriamente debe brindar a los vecinos del Paraje San Isidro, el concejal Pablo Velázquez (UCR) anticipó que presentará un pedido de informes a la Comuna en la sesión de mañana del Concejo Deliberante. Ya hace un mes anunció la presentación de un pedido similar, aduciendo que los incumplimientos de horarios, frecuencias y recorridos seguían a la orden del día y que las quejas de los usuarios eran tantas, que se hacía necesario unificarlas en una única presentación.Pese a las aparentes intenciones, lo cierto es que el Concejo Deliberante continúa avalando con sus votos y su silencio las arbitrariedades que sufren los posadeños y que tienen el aparente “guiño” de la Municipalidad capitalina. De hecho, ningún concejal participó de las movilizaciones de vecinos en reclamo de mejores servicios, al menos las que se llevaron a cabo en los últimos meses. “Modus operandi” conocidoLos vecinos de Itaembé Miní ya conocen el “modus operandi” de las empresas de colectivos en la zona. Este gran complejo habitacional, de más de 90 mil habitantes, padeció varias veces la arbitrariedad de los prestadores, que terminaban el viaje de las líneas 17, 27, 8 y 13 en la comisaría Novena (tres kilómetros antes de llegar a la cabecera del recorrido) en caso de que no subiera un agente a custodiar las unidades, cosa que pasaba con mucha frecuencia. Lo hicieron a fines de 2013 y nuevamente a fines del año pasado, pese a la bronca generalizada de los usuarios, que en algunos casos tenían que caminar hasta treinta cuadras desde la seccional hasta sus respectivos barrios, siempre de noche o madrugada, expuestos a los peligros de la inseguridad que tanto preocupa a los empresarios, especialmente cuando la recaudación corre “riesgos”. Nada cambió desde entonces en Posadas, ni siquiera con la pomposa habilitación del “centro de monitoreo del Sistema Integrado de Transportes”, que supuestamente le sirve a la Comuna para controlar que se cumplan los horarios, frecuencias y recorridos establecidos oficialmente.
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