POSADAS. Fallos que desconocen legislaciones básicas en materia de derechos humanos, que retrotraen el ejercicio del derecho de las mujeres a comienzos del siglo XIX; resoluciones que ponen aun en mayor situación de vulnerabilidad la vida mujeres pobres, solas y a cargo de sus hijos, son sólo algunas de las preocupaciones de un grupo de organizaciones sociales, gremios y colectivos de género que presentarán esta semana un pedido al Superior Tribunal de Justicia para que observe, recomiende y capacite a operadores del poder judicial a fin de incorporar efectivamente la perspectiva de género en sus intervenciones. La disposición de la jueza Potshcka que ordenó retirar a embarazadas de las protestas sociales fue la gota que colmó el vaso, advirtieron. ¿Protección o discriminación?El 9 de diciembre del 2014, la jueza de familia de Eldorado, Margarita Potscka, dictó una disposición que ordena se retire del corte de ruta de tareferos y docentes de Montecarlo, a embarazadas, niños, niñas y adolescentes. La medida fue a pedido del defensor de menores Carlos Hugo Elena y del ministro de Derechos Humanos Edmundo Soria Vieta. La disposición, que no se efectivizó, ordenaba la intervención de las fuerzas de seguridad, Policía y Gendarmería Nacional para sacar a las embarazadas, niños y adolescentes de la protesta, los que debían ser llevados a la Comisaria de la Mujer, sin especificar cuándo ni cómo serían liberados.Advirtieron que lo que se presentó como una medida de protección de los derechos de las mujeres, específicamente embarazadas, de niños y niñas esconde en realidad la sobrevivencia dentro del Poder Judicial de prácticas altamente discriminatorias que violentan la legislación vigente no sólo en materia de derecho de las mujeres, que el Estado argentino y la provincia de Misiones están obligados a cumplir y hacer cumplir. Además condiciona y atenta contra la libertad de expresión y de peticionar a las autoridades por parte de las mujeres. Anclaje de viejos estereotiposEste miércoles, organizaciones sociales, gremios y colectivos de género realizarán una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia pidiendo “se lleve a cabo capacitaciones y se intervenga efectivamente a través de recomendaciones, sanciones o directivas concretas a los fines de que no se reiteren resoluciones de este tipo dentro de nuestros tribunales y se hagan recomendaciones concretas a los magistrados en caso de observarse decisiones viciadas de estereotipos de género u otro tipo de discriminación. La presentación irá acompañada por miles de firmas que se están recolectando en toda la provincia.Aseveraron que la intervención de la jueza Potschka, del defensor de menores y del propio ministro de Derechos Humanos es una muestra del grosero desconocimiento del derecho y de la presencia de estereotipos de géneros, ya superados por las leyes vigentes, en operadores del Poder Judicial y en el ejecutivo provincial. En el caso de la jueza, se arroga incluso funciones legislativas, puesto que ella misma reconoce y promociona a través de diferentes medios de comunicación que su resolución es futuro, y “a medida de la política de criminalización de pobreza y las protestas sociales”, agregaron los denunciantes.“En el contexto de pobreza extrema en que viven miles de familias, las que se ven obligadas a demandar asistencia al Estado, a través de modalidades diversas de protesta, medidas como ésta, bajo el amparo de una pobre y errónea interpretación de la defensa de los intereses superiores de los niños, que invoca la Juez, colocan a las madres y a padres que insistimos, se ven obligados por las circunstancias a protestar y que lo hacen además como el ejercicio de un derecho constitución fundamental que es el de reclamar derechos, a merced de un poder punitivo que los selecciona para revictimizarlos a través de esta perversa versión de criminalización y judicialización de sus vidas”, destacó la abogada de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Roxana Rivas, del Sindicato de Tareferos e integrante del colectivo de acción contra las violencias en un anticipo a PRIMERA EDICIÓN del texto de la presentación.Una disposición queatrasa más de 100 añosLa integrante del directorio Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Dora Barrientos, accedió al fallo de la jueza misionera. Se mostró sorprendida y preocupada por lo consideró una disposición acientífica y altamente violatoria de los derechos de las mujeres, las que se conquistaron “con las mujeres y sus hijos en las calles”.“Atrasa al 1900 por decir una fecha que está más acá, en tiempos en que los derechos de las mujeres no están suficientemente protegidos. Hacia el 1907 que aparecieron leyes que eran interesantes desde el punto de vista de la percepción de proteger a las mujeres sobre explotadas laboralmente pero que al mismo tiempo tenían, hay que hacer la lectura de época, la marca de deslegitimar el trabajo femenino doméstico. Esto es parte de un imaginario patriarcal muy intenso, una necesidad de proteger a las mujeres –que protestan, que se manifiestan, de trabajan- vaya a saber de qué, en orden a lo que se pensaba, que éramos disminuidas mentales, que éramos más débiles, esas son impresiones acientíficas del siglo pasado”.La investigadora del Conicet agregó que con este tipo de fallos “lo que se quiere reponer es una imagen estereotipada de las mujeres débiles y en riesgo y una especie de desocupación de lo público en orden a mantener las jerarquías de género tal como el patriarcado quiere ellos tomando las riendas decisivas y ellas guardando la lumbre del hogar, ojala la jueza explique bien lo que quise decir”. Y exhortó a la jueza Potschka a que se actualice en materia de derechos humanos y particularmente las que promueven y protegen los derechos de las mujeres.Barrientos no se quedó en la crítica a este fallo y opinó sobre la urgencia de una acción colectiva. “Es un fallo, en el fondo y en la superficie, transgresor de la propia ley, la asociación de juezas de la Argentina deberían comunicarse, hacer una acción colectiva rápida para que se modifique esta avería impensada, poco creíble. Hay que originar una buena práctica pedagógica para que estos jueces y juezas en realidad sepan más, sepan más historia, sepan más de lo que ha pasado con las relaciones de género a lo largo del tiempo, sepan más de los derechos actuales”.
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