BUENOS AIRES (DyN). La Cámara Federal de Casación Penal definirá el próximo 8 de abril si es inconstitucional el memorándum que Argentina firmó con Irán en enero de 2013, defendido por el Gobierno como una forma de “destrabar” la causa por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia, 18 de julio de 1994).El juez Juan Carlos Gemignani, quien preside en este caso la Sala II del máximo tribunal penal federal, firmó una resolución en donde dispuso llevar adelante una audiencia el próximo 31 de marzo para que las partes presenten informes, y estableció que el 8 de abril habrá una resolución sobre el tema.La Sala I de la Cámara Federal declaró en mayo del año pasado inconstitucional el memorándum y el Gobierno nacional apeló el fallo, por lo que ahora intervendrá Casación.Tras el fallo de Casación las partes podrán llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que tendrá la última decisión respecto de la constitucionalidad o no del acuerdo argentino-iraní.En tanto, la Corte ratificó ayer por unanimidad una indemnización millonaria a favor de la esposa y las hijas de una de las víctimas mortales de la Amia y advirtió que el Estado Nacional incumplió con un compromiso que había asumido en 2005 (ver recuadro).Por otra parte, la Corte instó a la Cámara Federal de Casación Penal y al Tribunal Oral Federal 2 a acelerar el proceso para que comience el juicio contra los acusados del encubrimiento a la investigación del atentado, entre ellos el expresidente Carlos Menem y el exjuez de la causa Juan José Galeano.El acuerdo de entendimiento Argentina-Irán fue firmado el 27 de enero de 2013 en Adis Abeba, capital de Etiopía, por el entonces ministro de Exteriores iraní, Ali Akbar Salehi, y el canciller argentino, Héctor Timerman, en donde ambos países se ponían de acuerdo para crear una “Comisión de la Verdad” para cooperar con la investigación.El acuerdo también establecía que el juez que investiga el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, y el fiscal especial del caso, Alberto Nisman, podrían interrogar en Teherán a los sospechosos iraníes acusados de haber llevado adelante la masacre, algunos de los cuales tienen ordenes de captura internacional de Interpol.El pacto solo entraba en vigencia si era aprobado por los parlamentos de ambos países: en febrero de 2013 la Cámara de Diputados argentina convirtió el memorándum en ley nacional pese a las protestas de la comunidad judía, mientras el entonces jefe de Estado iraní Mahmud Ahmadineyad firmó el documento sin enviarlo al Congreso.Tanto la comunidad judía como el fiscal de la causa Amia presentaron un amparo en los tribunales argentinos en busca de que el pacto se declarara inconstitucional.A fines de diciembre de 2013, Canicoba Corral rechazó por “improcedente” el amparo por entender que no se había demostrado la “inminencia de un daño”.Pero en mayo de 2014 la Sala I de la Cámara Federal declaró inconstitucional el memorándum al considerar que la “Comisión de la Verdad” que se creaba a través de ese instrumento violaba facultades de la Justicia, y le ordenó al juez Canicoba Corral que reiterara la solicitud de extradición de los iraníes sospechosos. Además, requirió a Interpol que reexamine la solicitud de capturas de los sospechosos, como así también que extreme los esfuerzos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las detenciones ya dispuestas en la causa.El Gobierno apeló y la causa llegó a Casación, donde el fiscal Raúl Pleé dictaminó que la inconstitucionalidad debe ser confirmada.Según denunció el fiscal Nisman cuatro días antes de su misteriosa muerte, el memorándum fue una manera de encubrimiento en la causa Amia y acusó de ello a la presidenta Cristina Fernández, a Timerman, al diputado Andrés “Cuervo" Larroque, al dirigente piquetero Luis D’Elía, al lobbista proiraní Jorge “Yussef” Khalil, al exjuez Héctor Yrimia y al supuesto espía Ramón Allan Bogado.Esa denuncia de Nisman -descalificada en todos sus términos por el Gobierno- fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, sin llevar adelante ninguna de las diligencias solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita.Ahora el fiscal de Cámara Germán Moldes debe definir si sostiene la apelación para que también la Sala I revise si corresponde investigar esa acusación. Indemnización a familiaresLa Corte Suprema ratificó ayer una indemnización millonaria a favor de la esposa y las hijas de una de las víctimas mortales de la Amia y advirtió que el Estado Nacional incumplió con un compromiso que había asumido en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).El fallo, firmado por los cuatro jueces de la Corte, reconoce el derecho al resarcimiento por cuatro millones de pesos más intereses a la viuda y los tres hijos de la víctima.Para el tribunal, “el Estado Nacional reconoció ante la CIDH en forma incondicionada y absoluta que su obrar violó los derechos de las víctimas y sus familiares, generando la obligación a indemnizar”, lo que debió ocurrir a partir de una ley que el gobierno se comprometió a sancionar, pero nunca lo hizo.La Corte evaluó que en 2005, ante una denuncia ante el organismo internacional de derechos humanos formulado por la agrupación de víctimas de la Amia Memoria Activa, el Estado argentino suscribió un “acta de entendimiento” en la que reconoció su responsabilidad en relación con el atentado.El argumento de la prescripción había sido planteado por el Estado para evitar el fallo condenatorio a la indemnización a la viuda de la víctima y sus hijos. “Esta Corte tiene dicho que cuando el deudor reconoce la existencia del derecho y de la correlativa obligación de indemnizar, ello implica una clara renuncia a la prescripción ya ganada”, resume el fallo.Los jueces cuestionaron la conducta procesal del Estado y consideraron que su postura “resulta incompatible con el principio cardinal de la buena fe, pues la buena fe impone un deber de coherencia del comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever”.
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