LIMA, Perú (AFP-NA). Perú retiró temporalmente a su embajador en Santiago en protesta contra las supuestas acciones de espionaje por parte de Chile, que también mantendrá a su representante diplomático fuera de Lima, mientras prepara una respuesta a las acusaciones sobre presuntos espionajes de militares chilenos.“En tanto no se den las satisfacciones del caso, se procederá al retiro del embajador del Perú en Santiago de Chile”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado la madrugada del sábado. En tanto, el embajador peruano Fernando Rojas Samanez ya había sido llamado en consulta el 20 de febrero. En esta segunda nota de protesta sobre el tema, Perú “reitera su más firme rechazo y profunda preocupación por las acciones de espionaje de Chile en contra de la seguridad nacional, actos que no se condicen con el espíritu de colaboración y buena vecindad que deben guiar las relaciones entre ambos países”.El Gobierno de Lima también insiste en que las acciones de espionaje “se encuentran debidamente acreditadas” y remitió información complementaria a la que brindó en una primera nota diplomática del 20 de febrero.Perú además pide con urgencia “recibir una pronta respuesta que contenga los resultados de la investigación interna que se está llevando a cabo en Chile, así como las seguridades de que no se habrán de repetir actos de espionaje”, señaló Rojas Samanez.En tanto el canciller chileno, Heraldo Muñoz, insistió en que Chile no incurre en esas prácticas, y dijo que, en todo caso, buscan “mantener el buen nivel de relaciones que hemos estado construyendo”.Chile prepara respuesta En una primera nota diplomática enviada al Gobierno de Chile el 20 de febrero pasado, Perú denunció que tres miembros de la Marina de Guerra peruana fueron pagados para espiar en favor de Chile entre 2005 y 2012. Los tres militares están detenidos en Perú.En ese momento, Perú llamó en consulta a su embajador en señal de protesta. Chile hizo lo propio y entregó una nota días después, en donde niega que su gobierno promueva estos actos, pero Perú la consideró insuficiente.Tras la nueva nota peruana, la presidenta chilena Michelle Bachelet dijo que su embajador en Lima, Roberto Ibarra, permanecerá en Santiago para preparar una nueva respuesta a Perú.“El embajador va a permanecer por unos días más, trabajando junto al ministerio de Relaciones Exteriores para contestar esta nueva nota”, dijo Bachelet en rueda de prensa el sábado por la noche, y advirtió que no hará más comentarios sobre el tema.Humala toma las riendasEl último miércoles, el presidente de Perú, Ollanta Humala, tras asegurar que la primera respuesta chilena sobre el tema no era satisfactoria, anunció que Perú reaccionaría de forma enérgica, lo que parece cumplirse ahora con el retiro temporal de su embajador.Paralelamente, la bancada parlamentaria del gobernante Partido Nacionalista pidió revisar los acuerdos comerciales con Chile, mientras que el gremio empresarial peruano pidió dejar el tema en manos de la Cancillería.Para algunos analistas y sectores políticos, la actitud de Humala y de su bancada puso en aprietos al cuerpo diplomático peruano, que probablemente podría haber agotado otras instancias antes de llegar a retirar temporalmente a su embajador.“Normalmente un presidente deja que su cuerpo diplomático resuelva estas cosas. Pero aquí es él quien ha asumido las riendas. Retirar al embajador puede ser una posición desmesurada porque había otros niveles políticos que agotar”, dijo a la AFP el experto en temas internacionales Carlos Novoa, profesor de la Universidad de Lima.No obstante, fuentes diplomáticas explicaron a la AFP que la dura reacción del presidente -un comandante del ejército en retiro- tiene un punto clave: las pruebas evidencian que Chile lo espió durante todas las etapas del diferendo limítrofe marítimo que ambos resolvieron finalmente en 2014 en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.Humala además tiene la prerrogativa constitucional de dirigir la política exterior del país.Medios peruanos han dado a conocer la identidad de un supuesto espía chileno que pagó a los militares peruanos para obtener informaciones sensibles, dato que está en poder del gobierno de Perú y con el que acreditaría que el hecho se produjo, sobre todo en temas de capacidad operativa de la Marina de Guerra.
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