POSADAS. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y el gobernador misionero, Maurice Closs, cortaron las cintas ante las cámaras para anunciar los “beneficios” de la puesta en marcha del Centro de Monitoreo del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (Situm) que, en teoría, iba a permitir el control de recorridos, frecuencias y horarios del servicio de colectivos. Pero, a casi tres semanas de la pomposa inauguración y a pocos días del inicio de clases en Misiones, los concejales posadeños de la oposición tuvieron que pedirle a la Comuna que salga a castigar a las empresas prestatarias porque siguen dejando de a pie a miles de usuarios de distintos barrios capitalinos. En la actualidad serían apenas diez las unidades que cuentan con el anunciado sistema GPS para enviar la información al flamante centro, ubicado en la calle Alvear 217 de Posadas. El resto, unas 200 unidades, siguen recorriendo las calles y avenidas a la vieja usanza, es decir, al arbitrio de los empresarios. También se desconoce el paradero de las primeras diez “paradas inteligentes” que se anunciaron en el acto inaugural y por las cuales los usuarios iban a conocer el tiempo de llegada de cada colectivo. Debían estar ubicadas en el microcentro, pero parecen haberse perdido en el mismo limbo en el que sucumbieron los semáforos de su misma condición, pioneros en esto de prometer adelantos que nunca llegan. Y mientras los funcionarios siguen anunciando mejoras tecnológicas del primer mundo, en los barrios alejados se sigue viviendo en el tercero: los colectivos dejan de entrar cuando llueve, cuando las calles tienen pozos, cuando la “sensación de inseguridad” invade a los empresarios. También cambian los recorridos sin previo aviso, levantan frecuencias, suspenden el servicio nocturno y no ponen refuerzos. Según pudo saber este diario, el monopolio que explota el sistema integrado de transporte metropolitano tendría en su expediente apenas un tímido puñado de actas de infracción por recorridos que se levantaron sin previo aviso y, en su momento, por la superposición de las líneas 6 y 23 sobre la avenida López y Planes, pero nada que pueda quitarle el sueño al poderoso Grupo Z o hacerle temer por la caída de las concesiones, y menos aún, que les hicieran sentir el peso del poder de policía en beneficio de los usuarios. Lo demuestra la cantidad de notas que elevaron al Concejo Deliberante los presidentes de las comisiones vecinales de los barrios El Porvenir, San Isidro, Cocomarola Oeste, Cocomarola Este, A-4 La Nueva Esperanza, Santa Clara, Centro Correntino, Néstor Kirchner, Carlos Pellegrini y Villa Cabello en general. “Caen dos gotas y dejan de entrar al barrio”, contó una usuaria del barrio del Iprodha ubicado frente al Club de Educación, que debe caminar entre ocho y diez cuadras hasta la avenida Quaranta bajo la lluvia cada vez que le suspenden el recorrido. “Queremos que expliquen”El concejal radical Pablo Velázquez aseguró a PRIMERA EDICIÓN que son tantos los reclamos elevados al Concejo “que tuvimos que centrarlos todos en este proyecto de resolución”, en referencia a una iniciativa ingresada ayer por mesa de entradas del cuerpo deliberativo. Además de solicitar a la Comuna que sancione a las empresas por los “reiterados inconvenientes y quejas de los usuarios del transporte urbano de pasajeros”, la resolución busca que “los funcionarios responsables expliquen las razones de los incumplimientos denunciados por vecinos”. “Las denuncias del mal funcionamiento del servicio del transporte urbano evidencian una vez más que se avasallan los derechos del ciudadano. Como representantes de la ciudadanía, es nuestro deber oír los reclamos y trabajar para que se cumplan las condiciones de un buen servicio”, finalizó. Nueva estación en año electoralTerminar una obra antes o después del día de los comicios es trascendente en un año electoral, al menos en la lógica de los que gobiernan “para la foto”. Por ese motivo, la segunda estación de transferencia de colectivos, sobre la avenida Quaranta, “va a estar lista antes de las elecciones”, según confiaron a este diario allegados a la empresa constructora que tiene a cargo la obra. Después de casi cuatro años de espera y retrasos burocráticos, el movimiento comenzó a intensificarse en el predio de la chacra 228. El 13 de mayo de 2011, en la sede central de la Dirección Provincial de Vialidad, se realizó la licitación para la construcción de esta obra. Ese día, el entonces presidente de la DPV, Julio Duarte, anunció que la mejor oferta había estimado la inversión de 6,8 millones pesos y que dos meses después empezarían los trabajos.Desde la Comuna, a principios de este año, el secretario de Gobierno, José Moglia, dijo que los retrasos eran por culpa de las empresas, “que no se ponían de acuerdo”. Mientras, miles de usuarios siguieron y siguen pagando doble para poder viajar. Miles que pagan doble Mientras la aparente especulación electoral pudo más que las quejas de los usuarios y la Segunda estación de transferencia comenzó a tomar forma recién en los últimos días, hay cientos de usuarios que siguen abonando doble pasaje para trasladarse desde los puntos de la ciudad que no están conectados por una misma línea de colectivos o que no pueden realizar el trasbordo por no contar con la infraestructura prometida.Así, los vecinos que deben viajar desde Itaembé Miní a Villa Cabello y viceversa; desde Itaembé Miní a Miguel Lanús o desde San Isidro al barrio Fátima siguen pagando cuatro pasajes por cada ida y vuelta. El mismo padecimiento sortean estoicamente los cientos de obreros que trabajan en el futuro complejo Itaembé Guazú, que optaron por la bicicleta o la moto como medio de transporte por no contar con colectivos que los lleven y traigan desde sus casas al trabajo, todo con el riesgo permanente de circular por la estrecha ruta 12. Son miles de pesos de más que salen de los bolsillos flacos y entran en las arcas del monopolio.
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