POSADAS. El conflicto que comenzó el sábado pasado en horas de la tarde finalmente tuvo una solución ayer. El juez de Instrucción 3, Fernando Verón, informó que las familias que se encontraban en Itaembé Miní estaban dentro de un predio privado, lo que determinó su desalojo. Entonces, las casi 200 familias que se encontraban en el lugar, abandonaron la zona de manera pacífica.Resulta que en horas de la mañana, un grupo de representantes de los vecinos más Hugo Salvador, su abogado defensor, mantuvieron una reunión con el juez Verón, quien le mostró la documentación que tenía en su poder, en la cual quedaba claro que la propiedad donde se encontraban ubicados era privada. “En la reunión, el juez nos mostró que el propietario del lugar tenía boleto de compraventa, escritura, inscripción dominial. Por lo tanto, de manera inmediata nos comprometimos ante el juez a desalojar el lugar, como lo hicieron los vecinos de manera pacífica y sin ningún tipo de problema. De entrada les dije a mis clientes que si nosotros veíamos que estaba acreditado por parte del denunciante el dominio de la propiedad, inmediatamente había que retirarse del predio porque yo no iba a defender una causa donde las personas se quieran quedar con cosas que no les corresponden”, aseguró Salvador en diálogo con PRIMERA EDICIÓN. Así fue como las familias que vivían en los barrios Prosol 1, Gauchito Gil, Evita, Belén, Oleros Unidos y San Isidro, asentamientos que carecen de servicios básicos, comenzaron con el proceso de desarmado de viviendas, carpas, traslado de colchones y materiales que habían traído hasta el lugar, todo bajo la atenta mirada del personal policial apostado en la zona. “Llegamos a un acuerdo entonces, así que pacíficamente como entramos, nos vamos. No vamos a esperar una resolución ni nada”, relató Raúl Martínez, vocero de los vecinos que ingresaron a los loteos, quien recalcó que “las personas que entraron acá lo hicieron voluntariamente, nadie los llamó, no hubo un puntero político, fue un correr de voz, la gente empezó a venir y se alojó en el lugar y armó su lugarcito. Hablamos de familias que necesitan un lugar donde vivir, la gente pedía el terreno porque en su mayoría vive con sus padres, abuelos, en casas hacinadas. Por eso vino, pero si se le demostraba que (el predio) era privado, levantaban sus cosas y se iban. Y así lo hicieron”. No existe delitoEl propietario del lugar, una vez enterado de los hechos que ocurrían en su terreno, realizó una denuncia por usurpación de una propiedad privada. De igual manera, el abogado Hugo Salvador aclaró que “lo que sucedió aquí no constituye delito, porque para que exista un dolo cualquiera se tiene que conocer que dicha circunstancia es un delito penado por el Código Penal y tener voluntad para hacerlo de todas maneras. Ellos no tuvieron esta situación como para poder dirigir su conducta, habida cuenta de que desde el principio creyeron que esto era fiscal, por lo tanto actuaron en consecuencia. Entonces, el elemento de voluntad dolosa no existió”.“Además, no sostuvieron la posesión, porque ni bien se enteraron que era una propiedad privada, la abandonaron pacíficamente. No hay delito”, insistió antes de asegurar que “voy a defenderlos y a pedir que la causa sea sobreseída y archivada”.Así como cuenta el letrado es como sucedió, según los mismos vecinos. “Ellos estaban convencidos de que se trataba de una tierra fiscal, porque tenían un plano catastral donde este sitio figura como baldío. Claro que el catastro está atrasado, no está informatizado, y las personas se basaron en eso y creyeron que era un fisco. Entonces pensaron en ingresar, y de ahí en más tramitar la usucapión y posterior posesión veinteañal”, indicó Salvador.Vivir en condiciones lamentablesGisel y Caterín son hermanas que habitan una casa en el barrio Hidrelco, cerca del lugar de la intrusión. No viven solas: están acompañadas de otras catorce personas, entre hermanos, padres, cuñados y sobrinos. Es más, una de sus hermanas, madre de un niño, está embarazada de nuevo y el lugar en el que viven resulta cada vez más escaso. “Cuando nos enteramos de que el lugar era una tierra fiscal decidimos venir porque no tenemos dónde vivir. Estamos en una casa donde ni siquiera hay habitaciones”, relató Gisel a este diario. El de ellas es apenas uno entre los más de cien casos que provocaron la usurpación de tierras con la intención de encontrar un lugar más amplio donde armar una vivienda digna. Idéntico caso es el de Isaías, que tiene tres hijos y vive en una casa precaria, “a la que vamos a volver ahora, porque no tenemos otro lugar adonde ir”, le dijo a este diario. A su vez relató que no puede anotarse en ningún plan de vivienda social porque carece de los documentos necesarios para hacerlo. Este hecho es el resultado de una deficiente política habitacional que excede los límites de Misiones y se transforma en un problema nacional. Estas familias reclaman que ya no tienen más lugar donde ubicarse en los asentamientos en los que viven y que necesitan un terreno propio. “Lamentablemente, hay muchas familias con chicos, es realmente una tristeza social, pero eso está relacionado con el drama habitacional que hay en toda la provincia y en el país. Hablamos de familias que viven en condiciones de hacinamiento y otras que ni siquiera eso, porque muchas de ellas no tienen ni dónde vivir, ahora mismo se van con su colchón a instalarse en veredas porque no tienen dónde dormir. Es un grave problema habitacional, porque, por mucho que se diga, todos sabemos que aquello que la Constitución Nacional declara acerca de que todo ciudadano argentino tiene derecho a una vivienda digna, en la Argentina no se cumple. Lamentablemente es así”, finalizó Salvador.
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