BUENOS AIRES (NA). La Cámara Federal porteña confirmó la falta de mérito para dos imputados por el supuesto caso de espionaje de Gendarmería conocido como “Proyecto X” y ordenó al juez federal Sebastián Casanello que profundice la investigación.Fuentes judiciales confirmaron que la Cámara Federal ratificó la falta de mérito de Elizabeth Mariana Calisaya y Raúl Ernesto Scheurman, dos oficiales de Gendarmería que habían sido acusados de infiltrarse en marchas de delegados de la empresa Kraft y realizar tareas de inteligencia sobre los manifestantes. La Sala I del Tribunal a su vez instó al juez Casanello a que realice un peritaje del contenido de los servidores de “Proyecto X” y las computadoras secuestradas en Campo de Mayo durante un allanamiento.Ese procedimiento había sido realizado por el juez Norberto Oyarbide, quien subrogó ese juzgado, y supervisó el operativo en Campo de Mayo tras trasladarse a bordo de un helicóptero desde los tribunales a la repartición militar.“La información que fue develada a través de esas diligencias probatorias no se encuentra debidamente sistematizada, lo que impide su correcto análisis”, explicaron los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero.“Teniendo en cuenta la particular relevancia que reviste para esta encuesta conocer el carácter de la información que la Gendarmería Nacional almacenaba en sus computadoras, luce conveniente que el juez de la anterior instancia -quien tiene a su cargo la pesquisa- analice detalladamente el contenido de los discos compactos”, consideraron en la resolución.En ese sentido, los camaristas criticaron “la modalidad de acuerdo a la cual fue realizada dicha diligencia, es decir, por parte de preventores vistiendo ropa de civil e infiltrándose entre los manifestantes”.“Tales prácticas no se condicen con los principios básicos de un estado de derecho social y democrático como el nuestro, respetuoso de los derechos humanos de sus ciudadanos”, agregaron.La denuncia por espionaje que involucra a Gendarmería Nacional fue hecha por varias organizaciones sindicales, y de lucha por los derechos humanos, así como por agrupaciones de izquierda, que acusaron que esa información obtenida de forma ilegal por la fuerza de seguridad luego era utilizada en su contra en múltiples procesos penales.
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