BUENOS AIRES (NA-DyN). La senadora Gabriela Michetti y los diputados Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Pablo Tonelli presentaron una demanda contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la “clara discrecionalidad” en la designación de fiscales federales.Los legisladores nacionales del PRO presentaron una “acción declarativa de inconstitucionalidad por falta de ley de implementación y problemas de clara discrecionalidad contra la Procuración General de la Nación, por la designación de los fiscales subrogantes nombrados por Alejandra Gils Carbó”.El expediente, indicaron, fue ingresado al juzgado de feria a cargo del juez Enrique Lavié Pico, y por sorteo recayó en el juzgado Nº 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, quien entenderá en la causa una vez finalizada la feria judicial de enero.“Pedimos que se declare la invalidez jurídica o inconstitucionalidad de las resoluciones de la Procuración, que hubiera procedido a la designación de personal destinado a cubrir los cargos creados en los términos de la ley 27.063”, dijeron los legisladores y solicitaron “que se haga cesar dicha actuación, porque la medida viola el principio de división de poderes, potestades y competencias constitucionales conferidas a los legisladores y al Congreso de la Nación”.En ese contexto, Bullrich justificó la suspensión del nombramiento de fiscales mediante una medida precautelar dispuesta por el juez Lavié Pico, tras una demanda presentada por el diputado bonaerense del Frente Renovador, Mauricio D’Alessandro, y al respecto señaló que “la Justicia no se entromete”, como señala el oficialismo.“El Código Procesal Penal (CPP), en su anexo 2, le permitía al Ministerio Público (Gils Carbó) nombrar 1.734 cargos judiciales, que no tenían ley de implementación, no se sabía dónde iban a ir, qué tarea iban a cumplir y qué perfiles había que conseguir porque no se sabía en qué tipo de fiscalía iban a estar. En consecuencia, el único objetivo de ese anexo 2 era hacerse de esos cargos”, dijo Bullrich.“En contra de la autonomía”Por su parte el Gobierno volvió a embestir contra el sector del Poder Judicial que frenó la designación de 16 fiscales subrogantes, al acusarlo de tener “una conducta antidemocrática y anticonstitucional”.Así lo expresó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien defendió los nombramientos y denunció “una clara embestida contra el funcionamiento del Poder Judicial, de la autonomía funcional del ministerio público, que está consagrado en la Constitución Nacional”.“Los cargos están en una ley”La diputada nacional oficialista Graciela Giannettasio defendió la facultad del Congreso Nacional de dictar leyes y consideró que existe una “injerencia” por parte del Poder Judicial por la pre cautelar que suspende los nombramientos de fiscales.“Nosotros no respaldamos la actividad de (la procuradora general Alejandra) Gils Carbó más allá de que compartimos y respetamos sus decisiones. Lo que respaldamos ayer fue la potestad que tiene el Poder Legislativo de dictar leyes”, expresó.“Esos cargos están en una ley de la Nación, lo que hemos defendido es la autoridad y la interpretación de la sanción cuyo procedimiento se llevó a cabo conforme lo establece la Constitución Nacional”. “Es una pieza de mala praxis judicial” El secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, cuestionó la legitimidad de la Asociación de Magistrados para impugnar las designaciones de 16 fiscales subrogantes, por lo que afirmó que la nueva medida precautelar contra los nombramientos es “una pieza de colección de mala praxis judicial”.El funcionario evaluó que el fallo que dictó ayer el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico, en el que ratificó la suspensión en la designación de fiscales a pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, es “una aberración jurídica”.“¿Alguien en su sano juicio me puede explicar por qué la Asociación de Magistrados tiene legitimación para impugnar la implementación de una reforma al código de procedimiento?”A través de su cuenta de Twitter, el funcionario compartió el fallo de Lavié Pico, al que consideró “una nueva pieza de colección de mala praxis judicial”.
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